viernes, 10 de mayo de 2013

Lo que no tendremos con la nueva ley

Si uno de los grandes logros de la Ley Orgánica de Educación (actualmente en vigor) que es continuadora de la LOGSE (1) es la atención a la diversidad y la extensión de la enseñanza a todos los niños y adolescentes de España, con el proyecto de ley que será aprobado en breve desaparecen muchos aspectos que están en marcha.

En las escuelas e institutos de enseñanza los profesores saben que han de evaluar a los alumnos no solamente por sus conocimientos científicos y/o literarios, sino por las destrezas que hayan adquirido, por las actitudes desarrolladas y por el trabajo realizado a lo largo de un curso. Aquello y esto son aspectos indisociables hasta ahora. No será así con la nueva ley. Y no lo será porque la nueva ley (ahora aún no lo es) no parte del supuesto de que las relaciones entre alumnos, entre profesores y alumnos, son una actividad entre iguales, es decir, una actividad en la que no se parte de las ventajas sociales o económicas que unos puedan tener sobre otros sino al revés: se parte de las desventajas que unos soportan para incorporarles a la igualdad que se presenta como objetivo. 

Los profesores actuales saben que lo que se aprende en la escuela o en el instituto no ha de quedar como algo aislado de la realidad, del contexto del alumno y del mundo, sino que debe ser concebido como un todo. Por eso cuando algunos alumnos no alcanzan en un primer momento las competencias para integrarse en el grupo con el que van a trabajar, se forman agrupamientos específicos que le ayuden, en el corto plazo, a que aquella dificultad se supere. Esto desaparecerá con la nueva ley. Las propuestas para la "interacción entre iguales" van a desaparecer a no ser que los profesores las mantengan al margen de la ley, pero haciéndose responsables de una decisión que no está amparada por aquella. 

Los contenidos, que están explicitados en cada programación didáctica, van a tener que ser explicados sin perjuicio de las condiciones objetivas que se den en el entorno del alumno y sin tener en cuenta las condiciones subjetivas que se den en cada alumno. Y ello ¿por que? Pues porque al ministerio no le ha interesado este aspecto de la pedagogía y de la didáctica modernas. Implica un gasto en recursos y en personal que el actual ministerio no está dispuesto a asumir. Por eso van a desaparecer los profesores de pedagogía terapéutica de los institutos; y veremos si de las escuelas. 

La labor tutorial, tan imporante en la enseñanza primaria, pero también en los primeros cursos de la enseñanza secundaria, queda relegada a una reliquia. No se dedican en la ley sino unas pocas líneas sin definición ni filosofía alguna: es la negación de la labor tutorial. Por ella, el tutor hace un seguimiento del alumno no solo en su disciplina, sino en contacto con los demás profesores; por la tutoría el profesor está en contacto con el Departamento de Orientación, donde constan datos sobre la situación socioeconómica y familiar, académica, etc. de cada alumno tutorando. Esto desaparece a no ser que cada profesor -en el ejercicio de su voluntad docente- quiera seguir haciéndolo. En la enseñanza pública puede que así sea pero ¿y en la privada que persigue ante todo un beneficio económico? ¿o alguien conoce a un empresario que invierta su capital para no obtener beneficios? En puridad solo hay uno: el Estado.

La enseñanza profesional queda malherida como ya lo estuvo -si no moribunda- durante los largos años del franquismo. Y me he pensado mucho hacer esta comparación, pero llevo leyendo con mucha atención la legislación que reguló los planes de estudio desde 1951 hasta la actualidad para asegurarlo. Es una verdadera lástima que ciclos formativos de gran atractivo y demanda, con una capacidad formanativa inherente por su propia naturaleza, vayan a quedar desatendidos: particularmente el de Conservación del Medio Ambiente, el de Electromecánica, el de Operaciones de Laboratorio, el de Jardinería, el de Acuicultura, el de Postimpresión y Acabados Gráficos... Y ello ¿por que?: porque exigen recursos que habrán de obtenerse de una fiscaliad justa y distinta de la que ahora rige; porque exigen la contratación de profesores para impartirlos, y esos recursos no van a ser destinados a la enseñanza pública, sino a la privada: a los centros concertados y a los religiosos. Es el peaje del ministerio a su maridaje con la Iglesia católica.

Las reválidas en diversos niveles de la enseñanza son una aberración, un freno al progreso de la enseñanza en España, un invento gratuíto, una concesión a las familias influyentes de España, que quieren ver como sus hijos despegan en los estudios con vistas al mercado laboral mientras los hijos de las familias modestas tendrán que lidiar en desventaja. Esto no es todo: no pretendo aquí diseccionar una ley como si de un cuerpo orgánico se tratase. Pretendo sobre todo lanzar un lamento, una queja rotunda, una denuncia sin paliativos ante un ataque frontal, sin miramientos, guiados sus mentores por el solo objetivo de favorecer a los menos aunque sea a costa de perjudicar a los más. Por cierto: no es verdad que en España haya habido contínuos cambios legislativos en materia de enseñanza. Desde el restablecimiento de la democracia solo ha habido dos leyes, una continuadora de la otra. La que venga será el primer gran hachazo contra la igualdad en esta materia.
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(1) Ley Orgánica General del Sistema Educativo.

L. de Guereñu Polán.

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