viernes, 10 de mayo de 2013

¿Que Estado queremos?

Que fue un error generalizar el régimen de comunidades autónomas durante la transición política a la democracia parece no ofrecer dudas, por más que sea inoportuno decirlo. Tampoco tiene mérito, pues lo que ahora se ve no se vio en su momento. En primer lugar no tiene sentido que existan comunidades autónomas como Murcia, La Rioja o Madrid, por poner solo tres ejemplos. En segundo lugar no había demanda por parte de la ciudadanía salvo en dos casos, las provincias vascas y Cataluña (el estatuto de autonomía de Galicia se aprobó con un 20% de votos afirmativos). Otra cosa es que la entonces Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista (los máximos responsables) quisiesen restar simbolismo a los nacionalismos vasco y catalán, cuando no se trataba de símbolos, sino de realidades que obedecen a un sentimiento generalizado entre la población. Reconocer esto no es dar pábulo al nacionalismo, que considero negativo, sino constatar un hecho que en política no se puede negar. Los únicos nacionalismos que desde una perspectiva de izquierdas tienen sentido son los que persiguen liberar a sus poblaciones de una potencia exterior explotadora, fenómeno que no es el que aquí se trata.

Una vez que España se ha convertido en un Estado federal "sui generis", se puede comprobar que los presupuestos de las comunidades autónomas son los responsables de la deuda de nuestro país en buena medida. Según datos del Ministerio de Hacienda las autonomías destinaron al gasto 174.500 millones de euros en 2012 (un año antes la cifra fue parecida y menor que en 2010, cuando se alcanzó la de 183.700 millones de euros). Estas cantidades, con ser importantes, encuentran su explicación en que muchos de los servicios que antes daba la Administración central ahora los dan las comunidades autónomas, pero lo cierto es que un examen riguroso del destino de estos gastos revela que en muchos casos ha sido antisocial, es decir, no han ido a donde debieran ir, al menos desde una perspectiva progresista. 

Que desapareciesen la mayor parte de las comunidades autónomas es ahora poco menos que impensable, pero lo cierto es que no siempre el gasto es más racional si se descentraliza. Algo tan elemental y que todo el mundo entiende como las economías de escala, ponen de manifiesto que la multiplicación de contrataciones por varias administraciones resultan más onerosas a los ciudadanos que si dichas contrataciones fuesen hechas centralizadamente. Si ello es así -y con esto no pongo sino un ejemplo- o el Estado racionaliza la gestión de los cuantiosos fondos públicos que administra o España no recuperará el crédito que quizá tuvo y que, en buena medida, fue debido a ser considerado país necesitado de ayudas por parte de la U.E. hasta hace unos pocos años. Ahora hay en la U.E. otros países más pobres que España y el nuestro es un país que no recibirá las ayudas a las que estaba acostumbrado. 

Uno de los gastos más absurdos en toda administración es el mantenimiento de la propia Administración, pues esta ha de ser un medio para la felicitad de los ciudadanos, no un fin en sí mismo. No tiene sentido mantener diecisiete parlamentos, diecisiete gobiernos, organismos duplicados y triplicados y no digamos las "embajadas" y excesos que algunas comunidades autónomas se han permitido el lujo de establecer. Las relaciones diplomáticas son competencia del Estado, como lo es la defensa, y no tendría sentido que cada comunidad pretendiese un ejército propio y una estrategia ante el exterior distinta a la del conjunto del Estado. Esto si se quiere tener un Estado; si lo que se quiere es caer en la tentación de deshacerlo entonces todo vale, pero para ello ya el anarquismo más clásico ha dado las lecciones oportunas.

La articulación territorial de España no ha sido cosa fácil: al caos proveniente del antiguo régimen siguio el centralismo heredado de la Francia napoleónica; luego hubo que lidiar con los fueros vascos y tres guerras civiles costaron; cuando Cataluña y Euzkadi ya tenían en funcionamiento regímenes de autonomía vino otra guerra entre españoles y cuarenta años del centralismo más irracional. Se acentuaron las diferencias regionales como se acentuaron las diferencias de renta entre personas. Con el actual régimen a mí me parece que no hemos hecho las cosas lo mejor que se podía, pero sí se puede rectificar sobre todo sobre la base de corregir los graves errores en el gasto (y en los ingresos) que nos afectan. ¿Que es eso de que una comuniad autónoma decida que en su territorio no se pueden practicar abortos legales? ¿y que en otra se financie la sanidad de forma distinta al resto? ¿y que en unas la enseñanza esté considerada de forma distinta a como lo está en otras?

L. de Guereñu Polán.

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