El objetivo de la democracia es establecer el marco adecuado que permita formular las diversas preferencias, manifestarlas y defenderlas colectivamente, establecer una correcta e higiénica separación de poderes, la igualdad de trato de todos los ciudadanos en la relaciones con las diversas ramas de la administración pública y el estado, y desde luego algo de la que ya habla Jefferson en la Constitución americana de 1787, la “prosecución de la felicidad”.
La democracia no es producto de veleidades adánicas, sino del sacrificio doloroso y esfuerzo de generaciones. Y fue muy penoso conseguir que fructifique en ambientes tan hostiles como el hispano. Por ello es indispensable evitar que la mala práctica de la vida pública la enfangue de corrupción insoportable, o de manifestaciones bochornosas y banales, que la dañen. La democracia y no hace falta ser un mesías para caer en cuenta, como un sistema que se identifica con la persona y que alimenta la plenitud de esta, es imperfecta como el ser humano. Siempre necesita celoso cuidado para pulir sus mecanismos, perfeccionándola día a día. Algo que va de suyo en una labor sensata de gobierno.
Es comúnmente aceptado que la democracia es el menos malo de los regímenes articulados hasta el presente para armonizar la convivencia. Un conjunto de valores que son los pilares de la arquitectura que amalgama una coincidencia ética. Trabajar y perfeccionar esa arquitectura, es tarea de todos. Una tarea que no requiere asalta-cielos, sino gente normal que se remanguen cada día, de palabra y de obra, pegados a la tierra para hacerla más habitable.
Una tarea en la que ciertamente unos pueblos se muestran más diligentes que otros. Es el caso de España. Viniendo de donde venía, se halla entre los pocos estados considerados por las estadísticas internacionales como DEMOCRACIA PLENA, a diferencia de EEUU, considerado como democracia imperfecta o Rusia situada en el puesto 144 en una lista de 165, calificada como un régimen autoritario. (Tabla de Democracy Index 2019). El respeto a los derechos civiles lo encabeza Noruega (la primera de la lista de calidad democrática) alcanzando una puntuación sobre diez de 9,71, España obtiene un 8.82, mientras Rusia cae a un 3.24.
Con estos datos, que con ligeras variantes coinciden con los de otros observatorios sociológicos, decir “que no hay plena normalidad democrática”, o dejar entrever alguna analogía con la Federación Rusa del Sr. Putin, cuál diría Joseph Fouché (el camaleónico ministro galo que sirvió a la Republica, el imperio y la monarquía), “es peor que un crimen, es una estupidez”…Por cierto, supina. Alarmante si se suma a otra que homologa a los exiliados republicanos, que tras sus sufrimientos algunos morirán en Auschwitz o asesinados en las tapias de Montjuic, con un individuo que en un Estado de Derecho, rehuyó afrontar sus actos ante la justicia, prefiriendo el acomodo de un palacete en tierras donde Napoleón I perdió sus águilas y sus abejas.
El sociólogo alemán Max Weber, uno de los redactores y supervisores de la Constitución de la República de Weimar, situaba “tan alejado de la sabiduría política, tanto la demagogia como el profetismo”. Algo con lo que debieran ser muy cautos aquellos que frívolamente y con peligrosa deslealtad en momentos de crisis y angustia propia de lo que se anticipa tránsito entre dos ciclos históricos, contribuyen a sembrar el desconcierto en aras del rédito personal con detrimento del Estado, entendido este como el eje común de ciudadanía.
En momentos de relaciones externas enrarecidas erosionar gratuitamente desde el dislate la posición e imagen colectiva de 47.000.000 millones de compatriotas no parece propio de quien debiera usar la política como herramienta de construcción. Máxime cuando esa herramienta está confiada a su cargo para laborar en beneficio del común.
Las aparentes verdades absolutas, más próximas al panfleto o la soflama pegadiza que a la tierra que pisan los mortales, han sembrado demasiado sufrimiento en los seres humanos, encendiendo conflictos donde naufragan el sentido común y la tolerancia.
*Antonio Campos Romay, ha sido diputado en el Parlamento de Galicia.
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