Produce vergüenza como país ver lo que sucede en las calles al amparo de la hipocresía desvergonzada de unos, la complicidad de otros y la indiferencia de terceros.
De fondo dos circunstancias en sí muy reales, están siendo manipuladas de forma falaz y peligrosa para la estabilidad política. Se contrapone lo que hasta el más lerdo entiende, -que la democracia es un proceso de permanente perfección- con falaces afirmaciones sobre la plenitud democrática española y el Estado de Derecho, conforme a los más rigurosos estándares internacionales.
En segundo lugar la necesidad urgente de regular con sentido común algo tan sensible como el derecho a la libertad de expresión que es uno de los pilares de la democracia. Se confunde tal circunstancia con la sacralización de un sujeto cuya textura moral es perfectamente mensurable en sus mensajes cuajados de odios, incitación a la violencia, misoginia y comportamientos desquiciados ante quienes osan enfrentarse a su mesianismo.
El paso siguiente es considerar con la mayor laxitud, cuando no con bendiciones explicitas, la violencia. Pareciera una sinrazón, salvo que haya razones que la razón no entiende. En el colmo del absurdo se pone a las fuerzas de orden público, – a las que siempre hay que exigir mesura-, en el centro de una diana colocada por un juego político, irresponsable y cortoplacista. Que desempolva la estrategia política del “apreteu” en una esquizofrenia que obnubila la capacidad cognoscitiva del ejercicio de la responsabilidad institucional.
Que alguien pretenda que el vandalismo sea la muestra de una posición ideológica seria dramático si se correspondiese con la realidad. Convertir en émulo de Nelson Mandela a un sujeto que ingresa en la cárcel por una serie de causas pendientes incoadas conforme a la ley y con las cautela garantistas que le son inherentes como acusado, ciertamente parece disparate.
Dislate tan monumental como que si se estima que la ley con la que se juzga su comportamiento es inadecuada, parlamentarios en ejercicio y con responsabilidad de gobierno, usen el twitter y la arenga incendiaria, y no el trámite parlamentario para modificar la situación. Un aforismo popular recuerda, “no cabe estar en misa y repicando”
Es una argucia baladí poner en tela de juicio la normalidad democrática, cuando se forma parte de la misma y se tiene entre manos las herramientas apropiadas para ahormarla adecuadamente. Y estas si son las que realmente dan resultados efectivos. No las “conquistas” de una guerrilla urbana perfectamente orquestada y perfectamente encaminada al fracaso.
Grupos heterogéneos, amalgama de radicales de extrema izquierda, infiltrados de la extrema derecha, delincuentes comunes, jóvenes frustrados y entendiblemente airados por un horizonte sin esperanza, dejan tras de sí lesiones muy graves para los mismos que toman el atajo violento, para los miembros encargados de velar por el orden o para terceros que sufren los desmanes en sus carnes y en sus haciendas. Y aleteando la dramática posibilidad de un muerto fortuito, cuya paternidad todos repudiarán y todos usarán para cargarse de razones.
Recién instaurada la II República, en el mes mayo se produjo una quema de conventos. Aquello enlodó la imagen del régimen nacido de las urnas y el primer experimento democrático del siglo XX español. Más allá del trazo grueso, la explosión popular anticlerical, cabe recordar que la espoleta fue la inauguración del círculo monárquico madrileño presidido por el director del diario ABC, que terminó con un gramófono sonando a todo volumen la Marcha Real, dando mueras a la Republica y proclamas a favor del ex-rey cómodamente instalado en Roma. Codo a codo con los protagonistas de aquellos actos indignos liderados por grupúsculos anarquistas, actuaban infiltrados monárquicos y ultraderechistas. Alentando un fuego manipulado por sus dirigentes entre bambalinas.
Alguien debiera tener muy presente en medio de los desasosiegos que atenazan el país que no es sensato entramparse en lo subsidiario. Procede afrontar lo sustancial donde corresponde, el Congreso de los Diputados y el Gobierno. Este caso, el trámite parlamentario encaminado a adecuar la legislación en orden a la mejor garantía de la libertad de expresión.
Aceptar vandalizar la política, dando por bueno que esta es acabar con el adversario a golpes de piolet en la cabeza, idealizar a asesinos, usar como práctica política el tiro en la nuca, rebajar a la mujer degradándola por su condición y como ser humano, o calificar la democracia actual como un estado de terror y opresión, es simplemente alimentar descerebrados, y municionar a la extrema derecha que de tal despropósito acumula réditos.
Cuando la derecha extrema se debate entre su batacazo electoral, uno más, un liderazgo estéril y errático, los sucesivos reproches legales a sus prácticas corruptas, y una economía ahogada que la lleva a enajenar su patrimonio aunque para ello invoque peregrinos argumentos, le llega como de poción de Fierabrás este esplendido regalo para esconder tras él sus miserias… Una vez más, desde las filas de la izquierda, liderazgos inmaduros acosados por sus propias sombras destruyen con los pies lo que construyen con las manos.
La derecha extrema y la extrema derecha se relamen felices esperando ver pasar el cortejo fúnebre de una opción progresista y solidaria que algunos de sus protagonistas se esfuerzan en enterrar en refriegas estériles y paranoicas abonándoles el camino...
Nada nuevo en la Historia de España…
*Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia.
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