Una vez que el delito de desacato no existe, cabe
pensar que la sociedad va, cada vez más, a participar en la crítica o
valoración de las sentencias que considere poco razonables, injustas o con
valoraciones inapropiadas.
En otros tiempos la administración de justicia era
ejercida por señores con poder reconocido por los reyes para ello; luego vino
una justicia mediatizada por la influencia de las oligarquías, el oscurantismo
o unos legisladores no dispuestos a cuestionar el orden de los poderosos. Con el
establecimiento de los estados de derecho, con la división de poderes, los
jueces han tenido que medirse más, se han profesionalizado, han surgido normas
deontológicas y una panoplia de cursos para intercambiar estudios y
experiencias.
Pero lo que no ha desaparecido es la covicción, por
parte de muchos jueces, de que cuando dictan sentencia hablan “ex catedra”. No.
Por muy preparados y ajustados a derecho que estén los jueces y magistrados,
sus autos y sentencias, sus condideraciones y sus apreciaciones sobre los
hechos, pueden y deben de ser objeto de crítica y controversia. De lo contrario
sería como considearlos dioses y no lo son.
La independencia del poder judicial no puede
identificarse con la inmunidad. Para casos de indisciplina, negligencia y otros
vicios, en España existe un Consejo General del Poder Judicial. En mi opinión
es un órgano prescindible, pero es la de un simple ciudadano sin mayor mérito.
Para los errores que puedan cometer los jueces en sus sentencias y
consideraciones, existen los recursos a instancias superiores, pero también la
opinión pública, que es muy sensible a ciertos delitos.
Eso de decir que mientras cinco hombres violaban o
agredían sexualmente a una mujer (joven en este caso) había en la escena
jolgorio y regocijo se puede creer respecto de los violadores, pero no de la
agredida, que puede reaccionar de forma heroica, luchadora, o bien resignada,
acobardada por la situación psicológica a que se ve sometida. El juez que ve lo
que otros dos no ven debiera tener, al menos, la prudencia de no emplear
expresiones ofensivas.
Otra cosa es la labor e los legisladores, que nos tienen
acostumbrados a dormir el sueño de los justos mientras el delito campa por sus
respetos. Un código penal no será más justo por endurecer las penas, sino por hacer
cumplir aquellas que se hayan decidido. Un código penal puede compatibilizar la
intención regeneradora del reo, que la Constitución española establece, con la
eliminación o reducción al mínimo de los beneficios penitenciarios que hoy
existen.
Asesinos en serie están en libertad sin haberse
reintegrado saludablemente en la sociedad (ETA y otros casos), depredadores
sexuales están en libertad después de un paseo por la cárcel dispuestos a
volver a delinquir. De esto son culpables los legisladores, de dictar
sentencias a la ligera o irrespetuosamente, los jueces.
Y muy grave es también la salida en tromba,
corporativa, de todas las asociaciones de jueces (no sé si de fiscales) en
defensa de los objeto de crítica –en buena lid- por parte de la sociedad. Hay
jueces que, individualmente, discrepan de las sentencias que dictan sus colegas;
hay psicólogos y otros profesionales que ven muy mal ciertas sentencias; hay
madres y mujeres solteras que se ven indefensas ante la ligereza de algunos
jueces (no de la mayoría).
Váyanse preparando los jueces y fiscales porque, al
igual que en otros países de gran tradición democrática, a partir de ahora se
les verá con lupa en sus funciones y autos. Y ello no es un problema, sino un ejerció
más de los controles a que todo el mundo debe de estar sometido. ¿Quiere ello
decir que jueces y magistrados deben de estar atentos a la posible reacción de
la calle ante sus sentencias? No. Quiere decir que deber ser sensibles respecto
del mundo en que vivimos, de la sociedad despierta que existe y del nivel moral
que nos es exigible a todos, a los jueces y magistrados también.
L. de Guereñu Polán.
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