sábado, 17 de noviembre de 2018

Alcoa, Meirama, Puentes, Automoción, Ence,…., suma y sigue, estos lodos vienen de aquellos polvos. (I)



Hace muchos meses e incluso años, he venido sosteniendo en este medio que la falta de política industrial de la Xunta lleva a Galicia a la irrelevancia en ese ámbito.
Ya en 2013 analizábamos lo que iba a suponer la inevitable realidad de la llegada del coche eléctrico. Si tenemos en cuenta que entre el sur de Galicia y el norte de Portugal más de un centenar de multinacionales disponen de instalaciones en producción, además de unos de los centros de I+D+i del sector más importante de Europa (CTAG), parecía lógico que este sector sería una apuesta segura si la masa crítica, de la que ya disponemos, se completaba en aspectos sobre los que la Xunta tiene competencias y un papel relevante: la detección y extracción de materias primas minerales. Tengo constancia de dos hechos relevantes, uno, la investigación minera ha encontrado, en Galicia, esas materias en cantidades explotables y competitivas con las existentes en otras partes del mundo, y dos, el proceso de puesta en explotación se ha estancado por dos factores, entre los cuales la inoperancia burocrática de la administración autonómica es el principal obstáculo a superar, el otro es la contestación social a cualquier iniciativa minera.
Desde 2014, a raíz del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático, en otros medios desde hace décadas, he venido demandando “decisiones urgentes” para adaptar nuestro sistema de producción industrial y de generación de energía a la nueva situación. Pues bien las primera, y una de las más importantes, decisión de la actual Xunta en esta materia fue la suspensión del Concurso Eólico de la anterior, bloqueando la implantación de más de 2.300 Mw (equivalentes a 2,5 grandes centrales nucleares), otra aprobar una propuesta del BNG de prohibir los parques eólicos en la costa gallega. Ambas decisiones sumadas al abandono por el Gobierno del Estado en 2012 de la política de incentivos a las renovables,(el del impuesto al sol)  además de detener “sine die” la transición del modelo energético español y gallego, tuvo la virtud de liquidar la mayor parte de las iniciativas empresariales gallegas, que con tecnología y mercado propios, intentaban consolidarse tanto en el subsector eólico como en solar, y simultáneamente evitar futuros usos de las infrautilizadas instalaciones de Astano y Bazan, para los complejos artefactos como los puestos en marcha para los mercados del Reino Unido en septiembre, o el mercado alemán en octubre del presente año, este pilotado por Iberdrola.
Frente a la propuesta de mantener las tarifas y otras condiciones especiales para mantener las actividades industriales de grandes consumidores eléctricos, se ha sostenido desde estas líneas como medidas alternativas subvencionar, en las instalaciones consideradas estratégicas, soluciones similares a las utilizadas por otras empresas con instalaciones de gran consumo para consolidad su futuro competitivo.  La solución lógica para una industria que declara que el 40% o 50% de sus costes es la energía, es disponer en propiedad, o bajo su control, ese componente. Algunos grandes consumidores europeos, y en otros países desarrollados (p/e USA) han optado por estrategias de ahorro y autogeneración de su propia energía, mediante inversiones en las tecnologías más avanzadas y económicas existentes en su entorno. Solo en una ocasión la Xunta ha adoptado esta posición, al oponerse a la segregación de las centrales hidroeléctricas ligadas a Ferroatlántica y su producción de silicio en Sabón. En lo que considero una de las pocas apuestas acertadas, cara a la consolidación en territorio gallego de actividades con futuro, a pesar de su alto consumo específico de energía. Si se consigue superar el actual conflicto de Alcoa y se gana algo de tiempo, será necesario ligar el futuro de la industria del aluminio a inversiones en la generación de su propia energía. Claro está que antes será necesario que tanto el conjunto de la UE como España consideren que el subsector aluminio es un sector estratégico para su sector secundario.
Noviembre 2018
Isidoro Gracia

Jueces


No conozco ningún método mejor para la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial que el que sean elegidos por el Parlamento, que representa al pueblo español. Si por mí fuese todos serían elegidos por el poder legislativo oídas las asociaciones de jueces y fiscales.

Creo que el poder judicial es independiente en España, o por lo menos tan independiente como en cualquier país democrático, sin perjuicio de que existan sentencias que no nos gusten (porque gustarán a otros).

Se habla estos días de que se ha dado publicidad al nombre del magistrado que ha de ser Presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo sin que todavía lo hayan elegido los vocales de dicho Consejo: es una imprudencia por parte de quien lo haya hecho, máxime si tenemos en cuenta que son esos vocales los que pueden hacer ver que realmente son independientes votando en conciencia y no atendiendo a consignas de ningún tipo. ¿Serán atendidas esas consignas de existir? Entonces la elección del Presidente es cosa de los jueces y magistrados, de nadie más. No es el Parlamento el que incurre en vicio, sino los jueces que se prestan (si así lo hacen) a ser instrumentalizados.

¿Qué pasaría si la mayoría progresista (eso se dice) que compondrá el Consejo del Poder Judicial, votase a un Presidente progresista y no al conservador anunciado. Pues que muchas bocas se tendrían que callar. Muy probablemente tal cosa no ocurrirá, con lo que se dará pábulo a lo de que las consignas si funciona: repito, es cosa de los magistrados que las acatan, de nadie más.

Podría establecerse un método de escalafón (como en los militares) para que los jueces y magistrados pudiesen alcanzar, mediante concurso, las altas instituciones del poder judicial, pero quizá este método plantease otros problemas en los que no entro por no ser ducho en la materia. Que el órgano de poder de los jueces sea elegido por el Parlamento parece lo más democrático y justo.

No es cierto que este sistema haya sido un coto cerrado para los dos partidos hegemónicos en España: siempre –salvo en una ocasión- han participado en los pactos para elegir al Consejo otros partidos como el PNV, CiU, la minoría canaria, Izquierda Unida, ahora Podemos… Lo que quiere decir que la composición del Consejo no suele ser cosa de la voluntad exclusiva del Partido Socialista y del PP, sino de otros minoritarios. Como debe ser.

Pretender que no haya puntos de contacto entre los poderes del Estado es absurdo: en el Reino Unido la Cámara de los Lores actúa como Tribunal Supremo en determinados casos (recuérdese el asunto Pinochet). En Estados Unidos el Presidente nombra a altos cargos judiciales (me parece el peor ejemplo de separación de poderes) y así ha sido siempre hasta que, en las últimas décadas, la independencia judicial está garantizada salvo cuando un juez no quiere ser independiente y se deja arrastrar por esta o aquella influencia. Eso es ya otra cosa.

L. de Guereñu Polán.


lunes, 12 de noviembre de 2018

LOS JUECES NO SON INDEPENDIENTES Y LA JUSTICIA ES EL MENOS DEMÓCRATICO DE LOS PODERES DEL ESTADO.



En plena polémica con algunas decisiones judiciales y con la renovación del Consejo del Poder Judicial, conviene aclarar conceptos y argumentos.

Casi a diario nos llegan noticias de autos judiciales y sentencias contrarias al sentir ciudadano, la penúltima, seguro que en las horas que van desde la redacción del artículo a su lectura surgirán algunas otras “últimas”, la de los impuestos de las hipotecas.
Conocido el acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial, todos los medios de comunicación se han apresurado a bombardear al ciudadano común con críticas feroces, al acuerdo, a los acordantes, a los `posibles nominados, a los quienes los van a votar, al sistema de elección, y a cualquiera que crea que el sistema no es tan malo, ni los jueces y fiscales infalibles y ajenos a sus creencias y entorno social, y no digamos a los que pensamos que los parlamentarios que los van a votar son tan de fiar como los jueces y fiscales (o más como luego veremos).

Dos son los argumentos principales que los críticos utilizan: una imprescindible independencia de los jueces, y la separación de poderes que desde Montesquieu se acepta como seña de identidad democrática.
Empecemos por la condición de independencia de la Justicia. ¿En qué parte de que Ley o filosofía democrática se mantiene la absoluta independencia de cualquier juez? Respuesta: en ninguna de las hoy aplicables a la realidad española. Desde luego en la Constitución Española de 1978 no, lo que dice es: “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”. Así pues la Justicia es absolutamente dependiente de un sujeto llamado Pueblo, que aprueba sus normas de convivencia mediante el Parlamento por mayorías democráticas. Y si la Justicia en general es dependiente del Pueblo, aún es demandable una dependencia mayor a jueces y fiscales cuyo único y muy importante papel es aplicar la letra y el espíritu de las leyes, aún cuando sea práctica relativamente frecuente que algunas de sus interpretaciones entren en contradicción evidente con la literalidad del texto de la ley y del espíritu con que se aprobó.
Continuemos por las exigencias de despolitización. Los que se apoyan en Motesquieu, deberían hacerlo en el conjunto de sus ideas y no solo en una, muy importante pero a la que completan y dan marco otras como las que sigue. Las reflexiones de Motesquieu le hicieron consciente que quien dispone de poder tiende a ampliarlo con inclinación a abusar de él, lo que proponía era que concretamente este poder no fuera ejercido por nadie de forma permanente ya que “así el poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre, no estará sujeto a una clase determinada, ni quedará exclusivamente en manos de una profesión”.
A la vista de autos, no solo de las cercanas en el tiempo muy notorias sentencias y decisiones de estos últimos meses, sino también del goteo en el día a día de sentencias y autos, que al sentido común del ciudadano de a píe le resultan incomprensibles. Sentencias y autos que, colocados a lado de los textos de las leyes que en teoría deben ser su base y referencia obligada, chirrían a pesar del lubricante de términos complejos y oscuros que los intentan argumentar.
¿Qué es más lógico? Confiar en las decisiones de otros seres humanos, con iguales pasiones y condicionantes que todos nosotros, a los cuales los ciudadanos de a píe, si nos ponemos de acuerdo podemos remover y cambiar, o en aquellos que hagamos lo que hagamos van a continuar en su puesto, sin dar cuenta a nadie que no sea de su clase y profesión. Pues bien los jueces y fiscales, que van a formar parte de CPJ, al igual que los parlamentarios, diputados y senadores, que los van a votar, son seres tan humanos como usted o yo. La diferencia fundamental es que a jueces y fiscales los ciudadanos no los elegimos y cambiamos, y a diputados y senadores sí.

¿Qué ocurriría si algunos de los jueces y fiscales tuvieran que pasar por las urnas periódicamente? Quizá, que sin tener el poder de la banca u una gran multinacional, los ciudadanos comunes obtendríamos unas sentencias más acordes a nuestros intereses.

Noviembre 2018
Isidoro Gracia

viernes, 9 de noviembre de 2018

Necesidad de la banca pública en España


¿Puede alguien argumentar a favor de que se privatice el Banco Mare Nostrum, resultado del rescate por parte del Estado de varias Cajas de Ahorro? ¿Puede alguien argumentar a favor de que se privatice Bankia, que ha sido nacionalizada por el Estado? Si estos bancos pasasen de nuevo a manos privadas, España no contaría con banca pública, como sí ocurre en países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia e Italia, por citar solo algunos ejemplos.
¿Qué dicen los partidos políticos españoles sobre la necesidad o no de una banca pública donde, sin perjuicio de ellos, se admitiese capital privado minoritariamente? Porque de existir una banca pública, esta, que debiera tener una función social además de operar en el mercado, no llevaría a cabo prácticas abusivas sobre los clientes, impositores, ahorradores, etc., a no ser que el gobierno de turno se lo permitiese, pero toda banca pública ha de servir para condicionar las políticas mercantiles del resto del sistema financiero, la banca privada.
Incluso el Banco Mundial ha recomendado la existencia de bancos públicos en un informe que lleva por título “Repensando el papel del Estado en las finanzas”. En primer lugar, los bancos públicos son los que han seguido dando créditos en los momentos de crisis, la más reciente entre ellas.
En Suiza existen más de veinte bancos que dependen de cada uno de los cantones, su capital es público aunque también se ha admitido capital privado en minoría. Estos bancos financian proyectos económicos, de creación de empleo, empresariales, dan créditos a autónomos, a emprendedores, y no actúan con la avaricia de la banca privada, que tiene otros objetivos en el plano internacional.
En Alemania también hay bancos públicos que aportan el crédito necesario a las pequeñas empresas, que no podrían soportar las condiciones leoninas de la banca privada, dedicada, como la gran banca de todo el mundo, a operaciones financieras a escala planetaria, a la especulación en bolsa, a vender productos tóxicos y a intentar evadir el control de los organismos reguladores de los estados.
En Francia están la Caisse des Dépôts y la Banque Postale, como también hay un banco postal en Italia, que ha realizado inversiones muy beneficiosas ene l sur de Italia, la zona con más necesidades de ayuda financiera. También existe en Italia la Caja de Depósitos y Préstamos, que ya en su denominación indica que no se dedica a lo que sí las grandes operaciones bancarias privadas, es decir, la banca pública italiana hace lo que hicieron los primeros bancos en su historia: admitir depósitos y conceder créditos.
En Holanda hay un banco público, por lo menos (Banco Nedeerlanse Gemeenten) que cuenta con accionistas privados, personales o corporativos, así como con la mitad del capital propiedad del Estado.
Es muy ilustrativo el papel que cumple en Dakota del Norte el banco público creado por las autoridades, que ha permitido financiera muchos proyectos, colocando a este estado entre los más prósperos de Estados Unidos, con excepción del nordeste y de California.
¿Quienes han de gestionar la banca pública? Competentes expertos que, además, demuestren día a día una honestidad misionera, sujetos a controles rigurosos por el Banco de España y rindiendo cuentas al Parlamento cuando este lo exija, no enchufados porque no se ha encontrado para ellos otra prebenda, no ambiciosos que consideran el dinero destinado al bien público como si fuese propio.
Los que no quieren una banca pública son los banqueros privados, que tampoco desean un regulador como el Banco de España (el cual no ha cumplido su labor casi nunca), que no quieren ni oír hablar de la Comisión para la Competencia, y que incluso han protestado por la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre que establece el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones dentro del Banco de España.
L. de Guereñu Polán.

jueves, 8 de noviembre de 2018

EN REPARACION DE LA VERDAD: Caso Calvo Sotelo



Con motivo del cambio de nombre de un colegio de la Diputación coruñesa en cumplimiento de la Ley de Memoria histórica  (Colegio Calvo Sotelo) ha habido alguna reacción curiosa sobre el personaje que da nombre al colegio, reivindicándole con supuestas razones novedosas que no son sino los argumentos que el franquismo sostenía en su relato y amparaba en su Causa General.  La verdad nunca es univoca ni absoluta, pero siempre es un valor vinculado a los principios éticos. Ocultarla, falsificarla, distorsionarla, o adulterarla  amén de grave daño a la veracidad, muestran lo difícil que es su ejercicio  para algunas personas o colectivos.  
La dramática historia española de los años treinta, el golpe de estado contra la legalidad democrática, el salvajismo desencadenado por los golpistas abriendo las puertas a la intervención de potencias foráneas y la subsiguiente dictadura,-ejercida con brutalidad desconocida-, es un campo abonado para la distorsión de su relato.
Historiadores hay que intentan reescribir la historia de un tiempo cuyo impacto sigue incidiendo en nuestra realidad. Lo hacen al amparo de una ola reaccionaria empeñada en recuperar el relato del franquismo en orden a demostrar que la primavera democrática de un pueblo no fue yugulada por un grupo de caciques y clérigos, y militares traidores, sino por el gobierno legitimo de la República, que en su mensaje convierten en agentes del caos y el averno de la “España eterna”.
Cada vez se envalentonan mas los excesos imaginativos de quienes ponen en valor un acto sangriento y criminal como forma de resolver los problemas políticos ignorando la solución de estos, por la política y las urnas. Su sectarismo confunde el derecho a reencontrase con la dignidad colectiva y la  justicia, recuperar la  memoria y la historia política, con un mezquino afán de revancha y rencor. Se abonan al negacionismo con la coartada de una presunta reconciliación donde brillo por su ausencia el arrepentimiento,  y que no existió más allá del útil olvido evasivo. Y con ello un velo cómplice de silenció sobre lo acontecido, extendido a la dictadura franquista.  
 Decir que el asesinato del Sr. Calvo Sotelo fue un crimen de estado, semeja solemne desconocimiento de las tensiones exacerbadas interesadamente del momento…Más increíble si cabe si cual manifiesta años después el Sr. Gil Robles, persona poco sospechosa para la derecha y protagonista del momento, que no albergaba la menor duda  de la NO implicación del gobierno de la República en acto tan infame.
Pocas horas antes del deceso del Sr. Calvo Sotelo, se produce el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto Sr. Castillo, lo que da lugar a una reunión tumultuosa en el Cuartel de Pontejos al que pertenecía  el difunto. Los ánimos están muy excitados por el pistolerismo de la extrema derecha y su impunidad. Hacía apenas un mes había sido asesinado el capitán Sr. Faraudo, y se había producido el intento fallido en la persona  del profesor y dirigente socialista Sr. Jiménez Asúa, padre de la constitución republicana, entre otros muchos casos de corte similar.
Compañeros del Sr. Castillo y algunos civiles especialmente vinculados a una banda paramilitar llamada “La Motorizada” que en ocasiones había protegido al dirigente socialista Sr. Prieto, claman indignados por los atentados mortales cometidos por los fascistas.
Las bandas paramilitares era una nefasta realidad en formaciones políticas de los años treinta. Sucedía con la Comunión Tradicionalista, la JAP, (los “camisas verdes”, Juventudes de Acción Popular) vinculada a la CEDA,  los piquetes anarcosindicalistas, el pistolerismo falangista, etc. De Pontejos parte una comisión compuesta por el comandante Sr.Burillo Stolle, el Tte. D. Máximo Moreno y el Capitán D. Fernando Condes que se reúnen con el Ministro de Gobernación Sr. Moles para solicitar autorización para detener a los pistoleros falangistas e instigadores que se mantenían clandestinos. El ministro concede autorización siempre y cuando solo se detuviera a las personas que se tenía fichadas y que estas serían entregadas a la autoridad competente". De las camionetas de asalto que salen de Pontejos con los listados de los sospechosos va también la funesta “camioneta 17”. En ella al mando del capitán Condés de la Guardia Civil, y conducida por el guardia Orencio Bayo, viajan en el pistolero Victoriano Cuenca, los guardias José del Rey. Amalio Martínez, Enrique Robles Sergio García, Bienvenido Pérez Rojo, Ismael Bueso Vela, Ricardo Cruz Cousillos y Aniceto Castro Piñeira. También un estudiante del último curso de Medicina, Federico Coello que participa de forma inopinada por hallarse tratando un enfermedad venérea al pistolero Cuenca, También viajan gentes vinculadas a la Motorizada, como Federico Coello, Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, 
Se dirigen al domicilio de un falangista notorio, pero la dirección resulta ser falsa. Luego al del Sr. Goicoechea (Renovación Española) que estaba ausente. Posteriormente se personaron en el hogar del Sr. Gil Robles que a la sazón se halla de veraneo en Biarritz y finalmente al pasar por Calle de Velázquez alguien, por desgracia, recordó, que allí vivía el Sr. Calvo Sotelo…Como algo planeado perversamente como “crimen de estado” parece punto menos que inconcebible en una noche aciaga.
El Sr. Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en la dictadura de Primo de Rivera fue el más tenaz adversario de la República. Ferviente simpatizante del fascismo y animador del golpe militar, auspició siempre la desestabilización de las instituciones democráticas: “El poder debe ser conquistado por cualquier medio. Y suya es la frase, “la derecha no permitirá ensayos izquierdistas e implantará un Estado corporativo El historiador D. Ángel Viñas afirma, “El golpe del 18 de julio no solo fue obras de militares sino también de civiles, en particular de los monárquicos de Calvo Sotelo, que tuvieron un papel sustancial para que el golpe triunfase, y no meramente de apoyo”.Sin la trama civil interna, los militares golpistas quizá no hubiera tenido existo”,  sin el apoyo del partido alfonsino, Renovación Española, liderado por Calvo Sotelo, los golpistas probablemente nunca hubieran conseguido el apoyo armamentístico de la Italia fascista”.  
Tras la implantación del Frente Popular (cuyo gobierno formaban partidos burgueses), vuelve con mayor virulencia el golpismo que ya se había hecho presente y sofocado en 1932. La oficialidad reaccionaria y monárquica urde una nueva sublevación militar contra un régimen que nunca aceptaron.
En una acción trágica que recuerda la frase de Fouché, “ha sido peor que un crimen, ha sido una estupidez”, aquel grupo absolutamente incontrolado de la “camioneta 17” tras violar la inmunidad parlamentaria del diputado Sr. Calvo Sotelo lo detienen para conducirlo a la Dirección General de Seguridad. En el camino, sin que el desenlace estuviese previsto, el pistolero  Cuenca disparó dos tiros en la nuca del detenido que iba sentado delante de él... Tras un largo rato de circular sin rumbo bajo la impresión del suceso terminaron abandonando el cadáver en el depósito del cementerio del Este.
Desdiciendo cualquier manipulación de convertir un abominable asesinato, otra penosa muestra de la tensión reinante, en  crimen de estado, las autoridades del gobierno Casares, el Presidente de la República y diversos portavoces y dirigentes de la izquierda de la Cámara reaccionan  espantados por la tragedia y con evidente indignación y asco contra los autores y embargados de angustia sobre el futuro inmediato.
 Durante la primavera de 1936, los líderes neofascistas que representan las derechas del país estimularon una violencia creciente encaminada a poner machaconamente en entredicho la legitimidad del régimen republicano. Es monstruosa la quiebra retorica de la normalidad a través de la permanente difusión de libelos tendenciosos proclamas  catastrofistas. Se suceden los discursos apocalípticos en medio de continuos llamamientos a la resolución de los problemas políticos por medio de la fuerza. Actos  llenos de cinismo, pero que calan en los ánimos manejando el temor como elemento nuclear sobre que desencadenar la violencia.  

Parece imposible que la historia no haya enseñado nada. Que de la crispación se haga oficio Y que con frivolidad indecente se caldee una caldera cuyo vapor dejó tantas quemaduras gravísimas en la piel de nuestra historia.

Malditos sean la crispación y sus oficiantes,  que en su indecencia y al servicio de sus intereses mezquinos y fobias no dudarían en condenar al país a repetir los errores de su historia, 

Antonio Campos Romay