sábado, 15 de septiembre de 2018

EL GOLPE MEDIATICO.



Resulta patético que toda la iniciativa ultra-conservadora pivote en enlodar la vida política. Cuando gobernaban nos sorprendían cada día con un indecente rosario de corrupciones que avergonzaban a la ciudadanía al tiempo que la despojaban de sus derechos y dineros. Ahora acumulan despropósitos y bilis al verse desplazados de los que consideran su hábitat por derecho divino.
En los cien días del gobierno surgido de la indignación general ante la degradante deriva de la coalición de facto entre Rajoy y Rivera, y desde el mismo momento que M punto Rajoy disipó los vapores de la larga tarde de vino y rosas en que se votaba su destitución, comenzaron los ataques al nuevo ejecutivo.  
Se exige a este gobierno en cien días, lo que parecería  un exceso demandar a la Virgen de Fátima. Y en medio hubo de afrontar dos lamentables casos, de cariz distinto, resueltos con ejemplar coherencia en pocas horas. Es indescriptible el odio mediático que se desata contra el ejecutivo, especialmente, cuando tras superar las lógicas diferencias, asoman espacios de entendimiento con con la otra gran fuerza de la izquierda, Podemos. O se advierten horizontes plausibles y sensatos para abordar el dialogo con Cataluña.
Se desboca trastornada la razón. El abc de la indecencia se hace maquina. El mundo de las paranoias, muestra que le falta un tornillo. Suenan 13 truenos venenosos en TV, llamando a rebato el cascabel. Maúlla el gato al ver el agua. Definido como tal por el Sr. Del Olmo, “el terrorista de las ondas”, desayuna goma 2…y suma y sigue…
La pieza la señala Rivera, en sesión congresual, en cómplice anuencia con la Sra. Pastor, presidenta de la Cámara. De forma trapacera cambia su pregunta parlamentaria para enlodar el debate poniendo en duda la honorabilidad del presidente y de su currículo académico. Quizás necesita desfogar sus complejos por quedar en fuera de juego en la moción de censura, o por sentirse desairado por el socio al que sirve diligente, y que le copa de forma sustancial su espacio de derecha radical. O quizás por ver como por momentos se caen las plumas de su currículo tan inconsistente como variable.
Andan señoras y señores de esa blanca doble que es la derecha, en total batahola con el ejecutivo. Mientras entonan su letanía de amor a la Constitución, lo tachan de ilegal y espurio. El rencor ciega sus ojos e ignoran que la moción de censura es un mecanismo constitucional perfectamente definido en el marco del sistema parlamentario que establece.   
Se desmenuza la tesis doctoral del Sr. Presidente por activa y por pasiva. Y a cada hora que pasa la acusación es distinta, según se desvanece la anterior. Pero “inasequibles al desaliento” siembran difamación, insidias y dudas. Se denigra al tribunal, a la universidad, a particulares,  a todo lo que se mueva con tal de apurar el golpe de estado mediático. No es cosa que la verdad aborte el golpe…
Esa es la consigna desde los tenebrosos cubiles donde la decencia pierde su casto nombre.  Una señora con nombre de dos, literata del plagio, acusa… y el okey, a diario, lo pone copito de nieve, vil experto en adobar carroña, mientras multiplica por ocho a Pinocho. El asunto es poner en la parrilla al rojo vivo el obscuro objeto del odio.
Todo vale para atrapar en la máquina de la manipulación a través de una víctima, a todo un país. Decía el filosofo británico Bertrand Russel, “la calumnia siempre es sencilla y verosímil” Se trata  de emponzoñar la escena con ánimo desestabilizador y tentaciones totalitarias para alfombrar la vuelta del sexenio negro y desde la superchería quebrar la historia y el albor de un tiempo nuevo.   
 El arma de los miserables y de los cobardes es la calumnia, que en la astucia procaz de su indigencia moral son conscientes que aun que se aplaquen las heridas que produce, siempre dejan cicatrices. En el siglo XVII afirmaba William Shakespeare no sin cierto tono de resignación: “La virtud misma no puede librarse de los golpes de la calumnia”.
Quizás la receta, el antídoto, se halle en una sabia frase del padre fundador de la República norteamericana, George Washington: “Perseverar en el cumplimiento del deber y guardar silencio es la mejor respuesta a la calumnia”.  

 *Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia

viernes, 14 de septiembre de 2018

Un ejército para someter a la población


Parece tener razón el historiador Gabriel Cardona cuando dice que fue durante el régimen fascista del general Franco cuando el ejército aprendió a obedecer, es decir, fue disciplinado, más allá de que el dictador tuviese algunos opositores en el ejército que poco o nada asomaron la cabeza. El mismo autor considera, en su libro “El gigante descalzo…”, que el ejército de Franco fue muy eficaz para mantener la represión de la población en el interior del país, pero nulo para ganar una sola batalla en el exterior.

La División Azul en Rusia ya sabemos el casi nulo papel que representó a las órdenes de los militares nazis; cuando la guerra de Ifni en 1957, la derrota del ejército español a manos de irregulares marroquíes habla por sí sola; en 1975, cuando la “marcha verde” organizada temerariamente por el rey Hassan II, el ejército español hizo el más espantoso ridículo, si bien bajo la batuta de un Gobierno en retirada.

Durante las casi cuatro décadas del régimen franquista, más fascista al principio y más católico después, pero siempre cruel, el ejército español abandonó la tradición de indisciplina que le había caracterizado durante todo el siglo XIX y el XX hasta 1939, cuando finaliza la guerra civil. Porque cuando se restablece la democracia en España con la Constitución de 1978, el ejército español (o parte de él) vuelve a las andadas e intenta un golpe de estado en febrero de 1981. Fracasado, se hizo patente que el ejército de Franco estaba vivo y que su integración en la democracia iba a costar, a pesar de las generaciones de militares que habían ido pasando.

El ejército español que luchó en América y contra el invasor francés a principios del siglo XIX no era moderno para la época. La prueba es que tuvo que ser ayudado por el inglés y por las diversas partidas guerrilleras que, muchas veces, se constituyeron a partir de desertores. Los intentos de restablecer el liberalismo contra Fernando VII ya se dan durante el sexenio que va desde 1814 a 1820, triunfando la conjuración de Riego en este último año, pero durante el trienio entre 1820 y 1823 hubo también intentos de reponer por la fuerza al rey en su poder absoluto. En lo que quedaba de siglo otro tanto de lo mismo, con Espartero, con Narváez, con O’Donnell, con Diego de León, Prim, Martínez Campos, Villacampa y otros que sería prolijo citar aquí.

El ejército español se sintió protagonista de la política española durante los siglos XIX y XX por diversos motivos: porque estaba dividido aunque lo más granado de la oficialidad estuviese en el campo liberal; porque los partidos políticos, débiles y de minorías, delegaban con frecuencia en el apoyo de mandos militares para “conducir” una situación en un sentido o en otro; porque la sociedad estaba formada en su mayoría por campesinos, artesanos y pequeños comerciantes con poca capacidad y formación para la iniciativa.

El régimen de la Restauración borbónica, contra la mucho que se ha escrito, estuvo tutelado por el ejército (por Martínez Campos mientras vivió) y por otros militares más tarde, sobre todo cuando el rey Alfonso XIII tuvo al ejército como eje de su política. Así se explica el golpe de Primo de Rivera en 1923, los intentos durante su dictadura en los años veinte, la intentona de Sanjurjo ya durante la II República y de los militares que desencadenaron la guerra civil en 1936. Cuando esta acabó tres años después, la calma y la disciplina en el ejército español reinaron por largas décadas.

El dictador Franco siempre tuvo a militares de alta graduación en puestos de responsabilidad política y económica, desde principio a fin de su régimen. La corrupción en el ejército empezó ya con la “caballería de San Jorge” (ver aquí mismo) y los sobornos de la diplomacia británica a algunos generales franquistas. Continuó con el pluriempleo dándose a muchos militares, de alta y baja graduación, puestos para soportar los bajos sueldos que la mayoría cobraban. Mientras tanto no se les molestaba, pues el nivel de exigencia profesional era mínimo, las dotaciones en material quedaron paralizadas hasta la segunda mitad de los años cincuenta (reconocimiento por parte de Estados Unidos) y el ejército franquista siempre se consideró el verdadero ganador de la guerra, ni Falange, ni los carlistas, ni los católicos, ni nadie más que el ejército; ello sin perjuicio de que hubiese militares falangistas, monárquicos, carlistas, etc.

No se puede considerar a la tardía Unión Militar Democrática, fundada por el historiador y militar Cardona a quien he citado, como una amenaza para el régimen: este estuvo siempre bien apuntalado por un ejército sumiso y disciplinado respecto del dictador… y por si fuera poco la Iglesia echó una importante mano para legitimar el privilegio del que también participaba.

L. de Guereñu Polán.

lunes, 10 de septiembre de 2018

Másteres: correr sin avanzar




Proliferan los anuncios en Internet del tipo “¿Buscas masters? Éxito asegurado”. Nadie ignora que los másteres son un invento de las Universidades para financiarse, cuando no para que algún que otro profesor avispado y poco honesto se embolse unos dineros. Claro que existen másteres con contenidos verdaderamente justificados, pero otros no dan formación alguna y se obtienen con facilidad (pagando, eso sí) precisamente porque han sido creados no para formar, sino para ganar dinero.

Hay másteres sobre prevención de riesgos laborales, en abogacía, en Derecho Constitucional, en feminismo, en economía y otros títulos en ocasiones indefinidos y en otras lo suficientemente abstractos para que no se sepa muy bien en qué consisten. Algunos másteres coinciden con los contenidos de una Formación Profesional (riesgos laborales es solo un ejemplo) y otros no son más que repetición de estudios que los alumnos ya han realizado en sus carreras; se da el caso de másteres adaptados a alumnos con formación distinta a la del máster, con lo que se trata de un barniz que permite obtener un título para colgarlo en la pared y ponerlo en los “currícula”.

¿Un máster en abogacía para alumnos con el grado en Derecho? ¿Un máster el Derecho Constitucional? Si el alumno ha obtenido el grado en Derecho ya ha estudiado sus contenidos y si no, no es posible adquirir una verdadera formación en la duración de un máster.

Muchos de los que han cursado másteres (me pregunto por qué no llamarles “magister”, que es la palabra latina que se quiere mandar al ostracismo) saben que lo hacen porque no tienen trabajo, porque puede servirles para encontrarlo (grave error, la cosa funciona de otra manera) o porque el máster es, en efecto, útil. Esto último no siempre.

Luego está el método: los profesores son generosos con los estudiantes (en muchos casos solo matriculados), permiten la inasistencia a clase para tener menos trabajo, existen los másteres a distancia, presentando trabajos cuya autoría no es necesario acreditar; el trabajo fin de máster es, en ocasiones, una mera formalidad.

Otra cosa son los másteres creados para sustituir, por ejemplo, a los cursos de adaptación pedagógica, que eran una verdadera burla, y los hay ciertamente meritorios para quienes obtienen el título. Me permito recomendar que solo se cursen los másteres cuyo contenido es verdaderamente concreto y definido, cuyos profesores son razonablemente exigentes y en las Universidades que tienen un historial de honestidad. El resto es basura.

Ha existido en España una política, por parte de alguna Universidad, de ofrecer a políticos, empresarios, altos funcionarios, etc. La oportunidad de “cursar” másteres para obtener títulos sin dar golpe, cuidando solo la apariencia, aunque la realidad sea una burla. Algunos “alumnos” han caído en la trampa creyendo que nada se sabría, pero parece ser que no es así. Ya estábamos avisados y ahora se confirma el fraude.

L. de Guereñu Polán.



viernes, 7 de septiembre de 2018

Arabia y las bombas


Una guerra civil que desangra a Yemen, una coalición en la que está Arabia Saudí y en contra la potencia regional de Irán… Este es el fondo en el que se produce la intervención, indirecta, de la industria armamentística española, que tiene su principal cliente en el conflicto a Arabia Saudí. Solo el anuncio por parte de alguna voz autorizada del Ministerio de Defensa español, de que este no vendería varios cientos de bombas a Arabia, para no alimentar los ataques sobre la población civil yemení, ha hecho que los trabajadores de Navantia, empresa pública española, salgan a la calle para decir que con esta política corren peligro los contratos que la empresa tiene con la dictadura feudal saudí.

¿En qué quedamos? ¿Deben prevalecer las vidas humanas o los puestos de trabajo de los que fabrican para la exportación? Si la respuesta fuese tan fácil como parece no habría problema, pero la respuesta es mucho más difícil porque también la pregunta debe de ser planteada en otros términos. En primer lugar, si España no vende las bombas a Arabia lo hará otro país, con lo que las vidas de la población civil yemení seguirán corriendo un peligro cierto. Tampoco se puede asegurar –como anuncian los trabajadores de Navantia- que no vender bombas a Arabia por parte de España vaya a significar la cancelación de los contratos navales que existen entre esos dos estados. Por otra parte, las bombas en litigio no son más que una pequeña parte del material de guerra que España vende al estado feudal (es el único del mundo en el que el nombre se corresponde con el de la dinastía reinante).

El movimiento sindical –si es que las protestas de los trabajadores están dirigidas por los sindicatos- no puede dejar de contemplar la complejidad del problema: las guerras existen independientemente de la voluntad de los pacifistas, de la población civil y de la mayor parte del mundo, que no se beneficia de ellas. Si las guerras existen tendrá que ser la diplomacia la que prime a la hora de dar solución a un conflicto que la ONU ha calificado como el más grave en el momento que padece el mundo. Los intereses de los obreros de Navantia, como los de cualquier otra empresa, no se pueden imponer a la diplomacia, que puede acordar un alto el fuego –se cumpliera luego o no- y afectar a las necesidades armamentísticas de los contendientes. Los trabajadores de Navantia, como cualesquiera otros, no viven ajenos al mundo, sino inmersos en él y sujetos a los vaivenes de decisiones que se puedan tomar y afectarles. Si estas decisiones van en la dirección de no contribuir a la muerte de población civil ¿quién las puede discutir?

De hecho, las exportaciones españolas a Arabia Saudí ya cayeron el pasado 2017 un 4%. ¿Podrán protestar por ello los exportadores españoles de vehículos y material para vías férreas, productos farmacéuticos, material eléctrico, hierro y acero, cerámica y la más diversa maquinaria? España va a seguir vendiendo y comprando productos a y desde Arabia Saudí por la sencilla razón de que Arabia necesita los productos que España le vende. De ello se ocuparán bien los productores y los diplomáticos españoles. Harían bien los trabajadores de Navantia en ser más solidarios (con los yemeníes y con los demás españoles en particular) si quieren que esa solidaridad también pueda ser disfrutada por ellos cuando la necesiten. Entretanto, la derecha ya ha salido diciendo que está con los trabajadores... ¡Ja!

Por si fuera poco el aparentemente alocado asunto, ciertas noticias hablan de que el Gobierno de España podría cambiar su decisión y vender, a la postre, las bombas que caerán sobre la población civil yemení en las próximas semanas. Si no fueran las bombas españolas serían las francesas o las de cualquier otro país, pero al menos podríamos tener la satisfacción de que nuestro país no habría contribuido a la masacre que se prolonga ya durante años. Cuando los trabajadores de Navantia argumenten con todas las piezas del puzle sobre la mesa serán creíbles; mientras lo único que les preocupe sean sus puestos de trabajo, que parecen garantizados con una carga de millones de horas solo con el estado feudal citado, dichos argumentos sonarán a un egoísmo muy poco edificante y contrario a la legendaria y ejemplar historia del movimiento sindical.

L. de Guereñu Polán.

Hace diez y siete años


Hace diez y siete años propuse en el primer claustro del curso, en el Instituto donde me encontraba destinado, que dicho claustro aprobase una resolución de apoyo a una profesora de religión católica que había sido expulsada por el obispo por haberse casado con un hombre divorciado. La resolución propuesta contemplaba hacer público mediante la prensa, radio y televisión el acuerdo al que se pudiese llegar. Hubo un pequeño debate en el que cierta izquierda de café puso por delante su oposición a que la enseñanza de la religión estuviese en los currículos de enseñanza, lo que no tenía nada que ver con mi propuesta. La derecha, católica o no, se dividió según se tratase de los que querían defender la decisión del obispo o los que ponían por delante los derechos de la profesora. Otra izquierda claustral votó mi propuesta con un elevado número de abstenciones, saliendo aprobada… pero la Dirección del Instituto no envió a los medios el acuerdo adoptado, por lo que no tuvo el efecto deseado.

La profesora se llama Galera Ramos, ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón y ha condenado al Estado y al obispo de Almería a pagarle los atrasos desde el año 2012 hasta que dicha profesora vuelva a ser contratada, a lo que están obligados el Estado y el obispo de Almería, en el colegio privado de donde fue expulsada.

El obispo inquisidor quizá creyó que podía inmiscuirse en la vida privada de la profesora, como hacen todos los clérigos católicos cuando reciben en confesión a sus fieles. No sé si el obispo actuaría igualmente en el caso de que la profesora hubiese contraído matrimonio con un negro, un musulmán o un chino, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo, con un retraso record, le ha quitado la razón al inquisidor. Lo del negro porque el color quizá sea reflejo de su alma, lo del musulmán porque podría influir en la fe inmaculada de la profesora, y lo del chino porque, teniendo en cuenta el refrán “trabajar más que un chino” representaría no respetar el descanso dominical. El obispo, quizá, deba rendir cuentas ahora al Altísimo.

La Iglesia católica tiene esparcidos por el mundo a una serie de personajes que en nada se parecen a lo que representa, hoy, el papa Francisco, a quien juzgo con todas las limitaciones de quien está en un avispero difícil de gobernar. La Curia por un lado con sus privilegios, los cardenales en su opulencia, los obispos con el derecho canónico por bandera, sus jurisdicciones sacrosantas, y los curillas pelotas haciéndoles el juego. Nada que ver con la Iglesia misionera que, en tantos casos, ha dado muestra de una abnegación y ejemplo extraordinarios, independientemente de la fe que uno tenga.

¿Qué tendrá que ver que una señora (o señor) estén casados o solteros, con un divorciado o con un homosexual, con un gordo o una flaca, para ser o no responsables en el ejercicio de su función docente. Ya sé que no debiera existir una disciplina de Religión católica en los centros públicos (el de la profesora represaliada es privado) pero si existe, respétense los derechos de todos los profesores mientras la ley no diga lo contrario. Y el obispo de turno, por muy santón que aparente, también debe respetarla, pues no está al amparo del Espíritu Santo por mucho que el purpurado se lo crea.

El artículo 16.3 de la Constitución española, que fue una concesión de la izquierda a la derecha a favor de la concordia que se deseaba para la transición política, no ha sido tan pernicioso como los acuerdos Estado-Iglesia de enero del año 1979, que conceden a esta unos privilegios inadmisibles, pero que ningún Gobierno ha denunciado. Va siendo hora…

Mis felicitaciones a doña Galera Ramos, mi condena (solo dialéctica) al obispo don Rosendo Álvarez, el obispo inquisidor. Lo curioso es que el colegio religioso almeriense tiene por nombre el de Ferrer Guardia, pedagogo anarquista víctima de la brutalidad gubernamental en 1909. Si el nombre dado al colegio fuese en reparación a aquella injusticia, mis felicitaciones al mismo.

L. de Guereñu Polán.