sábado, 11 de agosto de 2018

U G T: 130 AÑOS DE HISTORIA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA




 En el primer tercio  del siglo XXI, cuando la Unión General de Trabajadores cumple sus 130 años de existencia, es perceptible como la oligarquía emplea a fondo sus mecanismos para silenciar los sindicatos. Los medios subordinados a la misma son diligentes en la estrategia de desprestigio de estas organizaciones. Medias verdades o mentiras se repiten hasta la saciedad hasta conseguir vitola de autenticidad.
Se trata de que las trabajadoras y trabajadores, esquilmados en sus ingresos, precarizados sus trabajos, u obligados a emigrar, no solo se estrellen ante los brutales recortes de sus derechos, sino hacerlos más vulnerables alejándolos de sus instrumentos de apoyo y negociación, los sindicatos. Negar tal intención, sería ceguera suicida o cinismo interesado. Algo que no se reduce al ámbito español. Buena muestra es el fundamentalista Trump y su cohorte reaccionaria intentando ahogar económicamente el sindicalismo de su país. Lo advierte el periódico británico “The Guardian”, citando documentos de colectivos ultra-liberales que trazan entre otras acciones,  “campañas encaminadas  a convencer a los miembros de los sindicatos que dejen de pagar sus cuotas”. “
El movimiento sindical, que ciertamente necesita fortalecer su imagen y protagonismo, acomodando su dinámica a los nuevos retos de la sociedad, es un  mecanismo indispensable en la lucha por la libertad, y para vertebrar el diseño de un escenario democrático de garantía de derechos y protección de conquistas sociales.  Con visión histórica, cuando la UNION GENERAL DE TRABAJADORES celebra su 130 aniversario, queda fuera de toda duda, que más allá de numerosas luces y algunas sombras,  es un elemento indispensable del relato contemporáneo de la historia de España y del catálogo de conquistas sociales habidas.                                                                
En la mañana de un 12 de agosto de 1888, 26 delegados de 44 sociedades obreras de oficios de toda España, representación de algo más de 5.000 afiliados se reúnen en una sede socialista ubicada en la calle Tallers núm. 29, de Barcelona, para iniciar las sesiones el Primer Congreso Nacional Obrero. A propuesta de Pablo Iglesias Posse, la organización que surge se nominará UGT. Su hombre de confianza, miembro como el de la poderosa Federación de Tipógrafos,  Antonio García Quejido, a la sazón Secretario General de la Federación Socialista Madrileña, será el primer presidente. Como dato curioso, la cuota de los afiliados se fija en cinco céntimos.  El P.S.O.E.,  fundado en 1879 por Pablo Iglesias Possé  establecería como requisito para la militancia su pertenencia a la UGT, lo que estará en vigor hasta la década de los ochenta del pasado siglo.  
Desde su fundación, su acción sindical está encaminada a alumbrar una legislación social garante de unas relaciones laborales justas y dignas. Para ello basculó tácticamente entre la lucha reivindicativa y el reformismo. Lo que siempre generó debates sobre la estrategia del sindicato entre sus dirigentes. El año 1917 es una prueba de fuego del sindicalismo español. La UGT apoya decididamente la huelga del 13 de agosto de ese año, afrontada por el gobierno con la proclamación del estado de guerra. Durante la dictadura de Primo de Rivera, en una maniobra cuando menos polémica, posiblemente encaminada a desmarcarse del auge anarcosindicalista, mantiene un dialogo con el régimen que se visualizará en la presencia de Lago Caballero en el Consejo de Estado. La relación se rompe en 1927 al rechazar la UGT formar parte la “Asamblea Nacional” con la que Primo de Rivera pretendía legitimarse.    
La UGT  apoyó decididamente la Republica, ocupando  Largo Caballero la cartera de Trabajo entre 1931 y 1933 dejando la impronta de importantes leyes sociales. En octubre de 1934 ante la deriva reaccionaria y antirrepublicana de la CEDA participa en la huelga revolucionaria de octubre que es  aplastada con brutalidad y dureza represiva con la intervención del Ejército y la Legión extranjera a las órdenes del general López Ochoa y el coronel Yagüe y del general Franco desde el Estado Mayor en Madrid.  
Tras el golpe de estado y posterior guerra civil, la UGT se vuelca en colaborar con el gobierno de republicano en todos los planos. Pone su casi millón y medio de afiliados al servicio de la Republica con un doble compromiso: la participación militar en los frentes de combate y en la retaguardia, intentando afrontar la demanda productiva del esfuerzo de la guerra. 
El triunfo del franquismo obliga a una trágica diáspora a centenares de miles de compatriotas que en muchos casos terminaran en campos de concentración. La represión se ensaña con el sindicalismo, y los sicarios fascistas saquean, igual que hacen con el resto de las organizaciones democráticas, todos sus bienes e inmuebles. Es el umbral de “a longa noite de pedra” donde la represión, el crimen y la impunidad van de la mano.
Nicolás Redondo Urbieta, socialista de trayectoria ejemplar y comprometida, será la persona que a partir del  18 de abril de 1976,  en que es elegido secretario general en el XXX Congreso de la UGT, pilotará el tránsito del sindicato en las primeras décadas de la democracia restaurada.  Referente en las luchas obreras de las acerías navales vascas y metalúrgico de La Naval, su retiro es un modesto piso en Portugalete (Vizcaya) comprado a plazos a mediados del pasado siglo.     
Este ciento treinta aniversario es bueno para recordar la deuda de gratitud que  España, la clase trabajadora, la ciudadanía tiene con los hombres y mujeres que desde el sindicalismo contribuyeron a construir una sociedad más solidaria y humana.  Y desde luego con dirigentes de la altura moral de Marcelino Camacho (CCOO) o Nicolás Redondo (UGT) entre otros.



  .Antonio Campos Romay

lunes, 23 de julio de 2018

¡Basta ya de pobreza laboral!


Como secretario general de UGT, llevo ya algo más de dos años denunciando que en nuestro país hay muchos trabajadores y trabajadoras que van a trabajar cada mañana después de tener que pasar la noche en un cajero o en un albergue. Muchas veces, al denunciar esta situación, sé que me han mirado como si estuviese diciendo una barbaridad o estuviese exagerando. Sin embargo, este fin de semana pasado pude ver en La Sexta un reportaje de Equipo de Investigación que hablaba, precisamente, sobre los trabajadores sin techo.
Pese a la recuperación macroeconómica que el país viene teniendo en los últimos tiempos, con una economía que crece a ritmos del 3%, con empresarios que obtienen más beneficios que en 2008, o con sueldos de directivos y consejeros que crecen cada vez más, en España se ha instalado con fuerza el concepto de ‘trabajadores pobres’. Este es uno de los ejemplos, entre muchos otros (como el millón y medio de desempleados -casi la mitad del total- sin prestaciones, los jóvenes en paro -uno de cada dos-, o las familias con todos sus miembros parados o los hogares sin ningún tipo de ingresos, más de un millón en ambos casos), de que hay personas en nuestro país que no pueden esperar a que el nuevo Gobierno aterrice. Necesitan cambios y decisiones de forma inmediata, no podemos, no pueden esperar a los famosos 100 días de gracia.
La precariedad se ha adueñado de cientos de miles de personas y sus hogares, que ven como el salario que perciben apenas les sirve para llegar a fin de mes. Familias que deben compartir techo (hijos en edad de trabajar, padres, abuelos…) para poder tener una cierta capacidad adquisitiva para poder vivir. Los contratos de miseria se han extendido en una sociedad que necesita de forma inmediata que se reparta la riqueza que se genera. Como en el caso de las pensiones, que durante muchos años han mantenido a millones de hogares con todos sus miembros en paro, han visto cómo perdían poder adquisitivo año a año con unos ¿incrementos? ridículos que empobrecen cada vez más a nuestros mayores.
Y probablemente durante el verano se hace más evidente esta pobreza. Muchísimos trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el sector servicios, son sometidos a indignantes, excesivas e ilegales jornadas laborales a cambio de un sueldo indigno. Se crea un empleo precario y temporal que no ayuda en nada a la recuperación económica pero sobre todo al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora que acaba de terminar la campaña de la Renta 2018, hay que volver denunciar, un año más, que un tercio de los españoles ha declarado que sus ingresos anuales son inferiores al salario mínimo interprofesional.
Necesitamos medidas urgentes
Hace pocos días nos reunimos con el Presidente Pedro Sánchez, y le volvimos a trasladar nuestra preocupación acerca de este tema. Después de muchos años de bloqueo de la negociación, la firma del ‘IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva’ nos ha permitido vislumbrar un futuro nuevo, donde la recuperación de derechos y de salarios permita avanzar a una sociedad que se ha quedado estancada y que en algunas cuestiones ha experimentado un retroceso. Si de verdad queremos avanzar, debemos hacer grandes esfuerzos en cuanto a la temporalidad y la precariedad. Y es necesario abordar la cuestión del salario mínimo en convenio de 1.000 euros de forma enérgica.
Cabe recordar que dicho acuerdo contempla el diálogo tripartito con el Gobierno, que debe ser clave para poder avanzar conjuntamente en el bien de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Pero para ello, necesitamos medidas inmediatas y urgentes. Un ejemplo es el Plan Director que la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, nos ha propuesto. Un plan que está lleno de buenos deseos, pero que necesita cambios. La potenciación de la Inspección de Trabajo debe convertirse en una prioridad para acabar con esta precariedad, y superar sus problemas debido a su saturación y falta de recursos humanos y económicos.
La convocatoria de plazas, por ejemplo, es un proceso lento y, a veces, ineficiente. En la última convocatoria el 50% de las plazas quedaron desiertas por no llegar los aspirantes a la nota necesaria para acceder. No podemos esperar a que se creen nuevas plazas y es necesario actuar ya.
Y queremos fijar también las condiciones del trabajador indefinido. No vamos a permitir, como se ha hecho hasta ahora, que una empresa, que se haya ha tenido contratado fraudulentamente a un trabajador o trabajadora, y que, tras ser sancionada, lo contrate con carácter indefinido y a los dos días lo despedida, porque le resulta muy barato y fácil hacerlo. Queremos que durante los dos primeros años ese despido sea de carácter nulo.
No podemos olvidar a todos esos trabajadores y trabajadoras que no tienen la oportunidad de trabajar, y que encima en la mitad de los casos no tienen cobertura. A la mitad de esos jóvenes que están parados y no encuentran trabajo y desarrollarse vitalmente. O de esos cientos de miles de hogares sin ingresos o de familias con todos sus componentes en el desempleo. Hay que darles una solución ya. Hay que cambiar urgentemente el sistema de protección por desempleo y el social, hay que derogar las normas que lo han convertido en un sistema ineficaz y además indigno, activar los programas y las políticas de empleo eficaces y aprobar, de una vez por todas, la Ley de Ingresos Mínimos impulsada por UGT y CCOO y que daría esperanzad a millones de personas.
El último año la sociedad ha sufrido grandes cambios. Los trabajadores y trabajadoras han tomado la calle para pedir la recuperación de derechos, la igualdad, unas pensiones dignas… Hemos conseguido una subida del Salario Mínimo Interprofesional y también un buen acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. No nos vamos a detener aquí. UGT cumplirá el próximo día 12 de agosto 130 años desde su fundación. Desde el principio hemos defendido los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y vamos a continuar haciéndolo. Los ciudadanos y las ciudadanas no se merecen menos.



José Alvarez, Secretario General

miércoles, 18 de julio de 2018

El discurso del Presidente de Gobierno, los tiempos políticos y los tiempos mediáticos



En la presentación de su programa de gobierno Pedro Sánchez hizo anuncios de iniciativas, la prensa no habla de iniciativas sino de promesas, y en la red se pide que se apliquen hoy mismo.

En un artículo anterior, en este mismo medio, ya adelantábamos que gobernar con pocos diputados no era imposible pero sí difícil y limitado, también que era posible hacer mucho más de lo que las apariencias indican, pero se me olvidó añadir aquello que dice el sabio refranero: “las cosas de palacio van despacio”, que en lo que respecta cualquier gobierno es de plena aplicación, incluso para aquellos que tienen mayorías absolutas.

En las semanas anteriores, hay que recordar aquí que  la antigüedad de los ministros en sus puestos son cinco semanas, los ministros también adelantaron intenciones y proyectos, que los medios convirtieron inmediatamente en promesas a corto, cortísimo plazo, e incluso en hechos casi inminentes, aplicables en cuestión de horas, no digamos ya las redes sociales que reclamaron incluso aplicaciones retroactivas, so pena de calificativos en el que más suave era ese del “todos son iguales”, y abundaban los de traiciones varias a declaraciones con antigüedad de lustros, en circunstancias legales diferentes, pero para muchos lo de la evolución de las circunstancias legales, la separación de poderes y el principio de no retroactividad de las normas, si perjudican a los afectados, no está muy claro a pesar de los 40 años de Democracia.

En uno y otro caso el viejo plazo de cortesía de los cien primeros días quedó en menos de 100 horas, minutos si miramos las crónicas de los  diarios de la tarde del discurso, segundos en Twitter y Facebook.

Me parece necesario recordar a ministros, parlamentarios y expertos comentaristas políticos, e informar a  muchos ciudadanos impacientes alguna de las cosas que adelantábamos en el artículo del pasado mes.

Lo más fácil para el gobierno son los nombramientos, solo algunos de los cuales exige acuerdo de Consejo de Ministros, y entonces ya indicábamos que eran miles, y hoy añadimos que es necesario el acuerdo previo de los interesados. También indicábamos que es posible afrontar algunos problemas y decisiones con una norma al nivel de Decreto, o de rango inferior, pero su tramitación exige plazos difícilmente inferiores a los tres o cuatro meses, más si tienen repercusión presupuestaría, o la normativa exige consultas exteriores al propio Gobierno, no cuento entre las consultas exteriores las de índole política o social, solo las administrativamente obligatorias.

Llegamos a un punto crítico, el de los Decretos Ley, en este punto la voluntad del Gobierno solo es una, muy importante pero no decisiva, la prueba de fuego es el paso de la iniciativa por Congreso y Senado. Y el máximo de dificultad llega cuando cualquier Ley demanda mayorías cualificadas como las modificaciones de leyes orgánicas, por ejemplo la de educación, o la apellidada “mordaza” De los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen el tema impuestos, y asignación territorial de inversiones, creo innecesario resaltar una dificultad que cualquier ciudadano mínimamente informado intuye, y siempre se quedará corto en su apreciación.

¿Qué es lo que intento demostrar?: Primero, que los tiempos y plazos de la política real en su aplicación son obligadamente lentos, no solo dependen de la voluntad del Gobierno, incluso tampoco del poder legislativo en solitario, cualquier anuncio necesitará de meses de trabajo y trámite para su concreción. Segundo, que muchos de los medios de comunicación tienden a confundir iniciativa política con promesa de obligado cumplimiento, y que su propia dinámica de inmediatez, a ser posible con exclusiva en portada del día, debe marcar el ritmo de una maquinaria administrativa y burocrática, de ritmo obligado y prudentemente lento, que además tiene que tener en cuenta las cautelas y salvaguardas de los poderes legislativo y judicial, y en el que poder ejecutivo solo es el conductor, y que en este caso el conjunto no cuenta con tecnología similar a la de la Formula 1. Y tercero, que el ciudadano de a píe no es consciente y paciente, en especial cuando las decisiones y propuestas le tocan de cerca, para distinguir entre iniciativa y promesa, realidad deseada y realidad posible, entre ritmo administrativo y ritmo mediático.

Julio de 2018

Isidoro Gracia

martes, 17 de julio de 2018

Cataluña: la historia se repite



El nacionalismo vasco y el catalán han sido, históricamente, insolidarios con los diversos gobiernos de España, sobre todo cuando esta ha sufrido situaciones críticas y de dificultad. Es cierto que durante las primeras décadas del actual régimen político español, han contribuido a la gobernación de España, pero planteando a los sucesivos gobiernos no pocos problemas de todo orden. Quizá esa contribución se dio porque había que reconstruir todo lo destruido durante largas décadas de dictadura y la guerra precedente.

Sabidos son los intentos del PNV para llegar a un acuerdo con el Vaticano y garantizar el fin de la guerra de 1936 en Euzkadi al margen de la suerte del resto de España. Pero dada la actualidad que tiene el caso catalán en los días que corren, este artículo se va a centrar en los esfuerzos que el Jefe del Gobierno, Negrín, tuvo que hacer para combatir la insolidaridad de las autoridades catalanas durante aquella guerra.

De los dirigentes socialistas más significados de aquella época, de los Ríos estaba como embajador en Washington, Besteiro retirado en un pesimismo enfermizo que fue premonición de su trágica suerte, largo Caballero había conseguido, entre septiembre y mayo de 1936-37, un cierto orden en el ejército republicano, que hasta entonces había dado muestra de la mayor anarquía, Prieto formaba parte del gobierno de Negrín en la cartera de Defensa, pero es este el que encarnó el tesón necesario para que la República resistiese hasta la extenuación. Azaña, como Jefe del Estado, quiso terminar la guerra por la vía diplomática sin conseguirlo e incluso enfrentándose al Jefe de Gobierno que él mismo había nombrado, por más que Negrín también ensayó esos intentos en la Sociedad de Naciones, ante la URSS, Francia, Gran Bretaña, México y Estados Unidos.

La autonomía catalana, en época de guerra, valía de poco e incluso significó un estorbo a la necesaria respuesta unificada de la República contra los ejércitos alemán, italiano y franquista. El profesor E. Moradiellos, en una obra verdaderamente importante (“Negrín”), ha explicado los esfuerzos de Negrín por disciplinar a la Generalitat de Companys. Este, por su parte, propició una serie de reuniones para evitar la merma de atribuciones que la Generalitat venía desarrollando, incluso más allá de sus competencias.

La industria catalana debía estar –según Negrín y su gobierno- al servicio del esfuerzo común de guerra, por lo que Companys, a mediados de 1937, envió a Valencia una comisión de tres consejeros para tratar los temas en disputa. Azaña recibió a esa comisión a principios de julio en su residencia de La Pobleta, a las afueras de Valencia, y –según José Prat- les planteó el cúmulo de “intromisiones y excesos de la Generalitat contra el Estado”. Tres entrevistas más tuvieron lugar, con Negrín, sin que los comisionados catalanistas se fuesen satisfechos. El Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno estaban decididos a someter a Cataluña a su autoridad en época de guerra. En una de las entrevistas, celebrada en la playa de la Malvarrosa –según Moradiellos- Negrín habló poco para no debilitar a su gobierno si los catalanistas forzaban una desafección irreparable.

La Generalitat quería, o el mantenimiento de la situación del momento o la suspensión acordada del Estatuto a cambio de mayor representación catalana y de ERC en el gobierno central. Negrín confesó a Zugazagoitica, miembro también de su gobierno: conozco la canción. He contestado que, mientras yo dirija la política, el Estatuto de Cataluña no será suspendido y mucho menos mediante un precio estipulado. No, nada de eso. El Estatuto de Cataluña tiene un marco y dentro de él deberá moverse el Gobierno de la Generalitat. Toda extralimitación le está terminantemente prohibida. Nada, pues, de contratos mercantiles. Cada poder en su esfera, de acuerdo con la Constitución. ¿Nos suena esto para los días que vivimos?

A principios de agosto fue Negrín el que viajó a Barcelona para entrevistarse con Companys y con Tarradellas (consejero de Hacienda). La cuestión, una vez más, era dilucidar si la Generalitat iba a poder administrar recursos sin el control del Gobierno central o todo lo contrario. La discrepancia fue evidente. La política de orden público había sido asumida por el Gobierno desde mayo de 1937 (el mes de la toma de posesión del primer gobierno Negrín). Ahora se trataba de intervenir las finanzas de la Generalitat, que –como ahora- había tenido “devaneos” en política exterior. Negrín había emprendido la reorganización de las industrias de guerra con tres delegaciones, una en Cataluña, donde había cinco representantes del Gobierno y tres de la Generalitat, pero Negrín volvió contrariado de Barcelona.

Por su parte, Azaña escribió en su diario: El Presidente del Consejo… fue a contarme sus conversaciones con aquellos señores (sic). La impresión de Negrín es desagradable. Muchas quejas de ellos por cosas menudas. Imposibilidad de concertar nada serio. Enredo, palabras, doblez. Negrín cree, como un descubrimiento, que Companys es hombre sin pensamiento, sin elevación alguna. Han elaborado un proyecto para el régimen de las industrias de guerra, con el propósito de alejar a todos los que hasta ahora han venido interviniendo en ellas.

En guerra o en la paz, con república o con monarquía, el nacionalismo catalán, particularmente, ha jugado siempre sus bazas sin la solidaridad que unos y otros tiempos requieren. Otra cosa fueron aquellos milicianos, aquella población sufriente, que se opuso sin éxito al avance sublevado y permitió que Cataluña fuese uno de los últimos territorios en caer bajo la barbarie de la represión y la dictadura.

L. de Guereñu Polán.

PEDRO, POR FAVOR




Un castizo le diría, Pedro por tus muertos… Mas formalmente cabria recordarle, que el nivel de decepción de la ciudadanía es tal, que difícilmente podría soportar otro desengaño…Por eso ya no es de recibo que una portavoz del Gobierno diga que si un jefe de estado de este país (casualmente él que puso Franco para dejar todo atado y bien atado, y cambiar algo para que nada cambie), cometió tropelías económicas, se enriqueció ilícitamente o defrauda al estado…”fue hace años”, despachando sin  más el tema… Con una actitud más próxima al hábito tolerante y encubridor de todos los gobiernos de la democracia ante los desafueros de los miembros de la denominada “Casa Real o Real Familia”, que con los de un tiempo nuevo encaminado a la regeneración y la transparencia….Primero porque no hace tanto, y porque según parece hay continuidad en el hecho. Y segundo porque que según manifestaciones no desmentidas, algunas de estas tropelías podrían estar enlazadas a las que dieron con su yerno en la cárcel, o datos altamente sensibles de inteligencia pudieron ser puestos en manos inadecuadas, por muy amorosas que estas hayan sido.  
La garganta profunda con rostro de atractiva mujer, fue la misma que compartió vino y rosas y otras cosas con tal señor bastantes años. Por ello no cabe negarle conocimiento subterráneo y desenvoltura suficiente para hacer un relato de lo acaecido. Si esto no da para poner en marcha una Comisión Parlamentaria para esclarecer el caso y no excita la curiosidad de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Tributaria…la estupefacción daría paso a la indignación más absoluta. Tanto como la reticencia a poner negro sobre blanco los nombres de los “patriotas” que estafaron al fisco y en la “Operación Montoro lava más blanco” repatriaron un dinero hurtado de contribuir al bien común y desarrollo de España. La ciudadanía estafada por los que saborean el esfuerzo del común sin contribuir a él, tiene el derecho de saber quiénes son estos “personajes”… Más allá del amparo de una derogable triquiñuela legal.
En cuanto al ciudadano afectado por las sospechas, convine recordar que de forma vitalicia cobra unos suculentos estipendios y goza de interminables prebendas con cargo a las arcas públicas, que darían para sacar de la marginalidad a varias familias. Y desde luego, por respeto  al propio interesado que sin duda estará ansioso de ello, darle oportunidad de explicarse. Quien no recuerda sus emotivas y sinceras palabras en la televisión, “la justicia es igual para todos”…
Si alguien sostiene que ahondar en estos aspectos que nos muestran a un ex-jefe de estado, padre del actual (España es una propiedad trasmisible de la familia Borbón), que está bajo sospecha, a su yerno en la cárcel, a su hija salvada por la campana del ex – fiscal Horrach, a su hermana con cuentas opacas en Panamá que se clausuran horas antes de su abdicación,  y a su primo de presunto y leal testaferro, desestabiliza la monarquía…al menos como dirían los hombres de mar, suena a coña marinera. Ni es cosa de rojos, ni de separatistas ni de contubernios satánicos…La “familia” solita hizo entusiasta el camino de El Dorado, acompañada en diversas etapas del peregrinaje, ora de una rubia, ora de un elefante, ora del oso Mitrofán, o de la mano de entrañables reyezuelos del golfo Pérsico y zonas adyacente…
Es curioso que muchos de aquellos que mayor favor gozaban de la real persona, por motivos económicos cuyos “hilillos” llegaban a la Zarzuela, están o estuvieron alojados con cargo al estado o tienen pendientes destempladas conversaciones con la justicia. Incluyendo el entrañable “compi –yogui” de su nuera.
Este país necesita un gobierno honrado, y por ello el Sr. Sánchez está en La Moncloa. Por temas similares, se fue por la puerta de servicio el Sr. M. Punto Rajoy. El Sr. Sánchez debiera tener presente sino quiere quedarse en una anécdota irrelevante, gatopardiana,  que no es un cambio de presidente lo que le ha tocado en suerte, sino un cambio de ciclo.  Algo que seguramente la historia,  si sus actos no abortan la última esperanza de una ciudadanía cada vez más escéptica, tratará como la II fase de la Transición en orden a que en esta se incluyan aspectos pendientes de la primera, por los que se pasó de puntillas, y terminé de completar aquello que el presidente Suarez decía hace muchos años “hacer oficial lo que es normal a nivel de calle”.  Y con ello, regenerar y dar vida a una democracia con muestras evidentes de agotamiento. Y sobre todo a autentificar el respeto a la voluntad ciudadana, único poder real y con derecho expreso a pronunciarse sobre cualquier tema que le afecte, incluido aquel que le fue escamoteado, la jefatura del estado.

*Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia.