lunes, 2 de enero de 2012

La tercera

La tercera medida antisocial que llevará a cabo el actual Gobierno es la REDUCCIÓN de las pensiones, pues no de otra manera se puede interpretar la subida del 1% de las mismas. Sabido que el índide de precios al consumo (IPC) es bastante superior a ese 1%, el SALARIO REAL de los pensionistas descenderá, lo que ya es el colmo. No hay política anticrisis que se justifique sobre la base de cargar la posible solución de la misma en personas que tienen ingresos mensuales de 400, 600 ó 700 euros. Hay pensiones de mayor cuantía que verán cómo ese insultante 1% les representa algo más en términos absolutos: pues mayor agravio aún, pues en vez de establecer un sistema progresivo, de manera que el porcentaje fuese mayor para las pensiones más bajas NO se ha hecho así. Cualquiera puede echar cuentas y verá que lo que el Estado "ahorre" por la reducción de las pensiones es una cantidad muy pequeña para las necesidades del pais.

Donde sí puede un Estado social grabar es en las rentas del capital, es en las grandes fortunas, es en las fotunas medias (yo creo que en las que superan los 70.000 euros anuales); combatir la evasión y el fraude fiscal (que son dos cosas distintas e igualmente graves) y que en España ha venido representando en los últimos años la friolera de 44.000 millones de euros al año. Ya sé que a los defraudadores no se les vence en unos pocos días, si semanas ni meses, pero no hemos oído una palabra del Gobierno sobre este importante asunto. 

La educación pública en algunas comunidades está sufriendo claramente -el caso de la Valenciana es gravísimo- y lo mismo cabe denunciar respecto de lo previsto por el Gobierno anterior en materia de ayuda a los dependientes; se anulan ayudas a muchas ONG que están realizando una labor social indubitable y se miente descaradamente SUBIENDO impuestos cuando se dijo en la campaña electoral que no había que hacerlo, porque retrae la inversión y el consumo.

Quien como el que habla se reclama socialista sabe que los impuestos son una manera indirecta de redistribuir la riqueza, sobre todo si la legislación fiscal es progresista y establece normas progresivas de cotización. Hay economistas muy prestigiosos que están contra la austeridad en materia del gasto público, poniendo el énfasis en la regulación de las grandes transacciones económicas, sobre todo las financieras, REGULACIÓN que no puede venir sino del Estado. Pero al actual Gobierno no le hemos oído hablar de regulación porque cree en la libertad económica sin más, cuando está demostrado a lo largo de varios siglos que las ideas de Adam Smith, llevadas a la práctica en estado puro, no son viables. Para colmo el actual Gobierno reduce la inversión en I+D+i, todo lo contrario de lo que han hecho los países más desarrollados del mundo. Corren tiempos de muy malos presagios.

Curavacas.

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