La primera suspensión de la Generalitat

El 3 de enero de 1935 la Gaceta de Madrid publicó la Ley por la que quedaron en suspenso las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalitat, hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno y después de levantada la suspensión de garantías constitucionales, acordase el restablecimiento gradual del régimen autonómico. 

En el período transitorio que se abría por medio de esta Ley, asumió todas las funciones que correspondían al Presidente de la Generalitat y a su Consejo Ejecutivo, un Gobernador general que nombró el Gobierno, con facultades de delegar en todo o en parte las funciones que tenía dicho Consejo.

El Gobierno, por medio de una Comisión nombrada al efecto, tuvo la misión de, en el plazo de tres meses, estudiar los servicios traspasados y proponer los que durante ese régimen provisional debieran subsistir, los que debieran rectificarse y los que debieran revertir al Estado. En todo caso, las normas referentes a Orden público, Justicia y Enseñanza, serían objeto de una ley.

Todos, incluidos Tribunales y autoridades, estuvieron obligados al cumplimiento de esta Ley que firmaron el Presidente de la República y el del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora y Alejandro Lerroux, respectivamente.

Como es sabido, las autoridades de la Generalitat, el 6 de octubre de 1934, habían incumplido flagrantemente la Constitución española, proclamando Lluís Companys el “Estado catalán de la República federal española”, rompiendo con las instituciones centrales y asumiendo todos los poderes en Cataluña. La insurgencia fracasó porque se desplegaron diversos mecanismos de defensa de la Constitución: en el plano militar con la declaración del estado de guerra, la intervención de la Generalitat por el Ejército y la instrucción de causas militares; en lo político la suspensión de la autonomía mediante le Ley de 2 de enero de 1935 (cuyo texto parcial es el puesto arriba), y en el plano judicial con el proceso penal seguido contra Companys y el Gobierno de Cataluña ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por un delito de rebelión militar.

No existían entonces tribunales internacionales que pudiesen revisar la tipificación del delito de rebelión (como sí en la actualidad), pero no creo se pueda poner tacha alguna a la actuación del Gobierno y el Congreso de los Diputados, aunque nos pueda parecer que la declaración del estado de guerra no se compadecería con los tiempos actuales. Aquella era otra época.

Tengo mis dudas de si hubiese sido recordado tan positivamente el President Companys si no hubiese sido fusilado por orden del General Franco, como no ha quedado memoria tan positiva de Francesc Macià, un militar español indisciplinado, metido a aventurero, que recibió el aplauso de los dirigentes carlistas catalanes cuando aquel proclamó la “República Catalana”. Su carácter visionario le llevó a organizar una incursión armada en España, fundó una organización paramilitar y viajó a Rusia para entrevistase con el gobierno bolchevique… Valgan estos ejemplos para comprender al personaje.

Companys fue muy otro personaje: después de haber sido Ministro de Marina del Gobierno español, se lanzó a incumplir la ley por no se sabe qué designios, presumiblemente por pertenecer a un Partido (Esquerra Republicana) que lo llevaba en la sangre. Además, su evolución fue curiosa, pues procedía del republicanismo de Salmerón, que de nacionalista no tenía nada. Se vio arrastrado a la deslealtad con la República, un régimen democrático, aceptó esa estrategia y luego, injustamente, pagó con su vida. Y esto es lo que ha quedado de su obra, pues cualquiera que se detenga a estudiar la labor desarrollada al frente de la Generalitat, verá que es bien poca cosa.

Esquerra Republicana, que es un partido nacionalista ante todo, republicano luego y de izquierdas más dudosamente, invita a los catalanes a comer aparte para comer mejor, al menos según las cuentas que dice le salen. No hay nada más insolidario que querer apartarse del conjunto para repartirse la tarta solo entre los propios, sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Vivimos tiempos convulsos: en las grandes potencias mundiales (Estados Unidos, China, Rusia) y con déficits evidentes en la Unión Europea, que no ha forjado, aún, lo que se espera de ella: véase su papel en la esfera internacional, en la defensa de los derechos humanos y en el fracaso de sus políticas de integración económica (las regiones pobres siguen siendo pobres y las ricas, más ricas).

Pues bien, el nacionalismo catalán, invitado por una coyuntura histórica que ha sido la ceguera y torpeza de la derecha española, se ha montado en el caballo de la ilegalidad, igual que Macià y Companys. No parecen haber aprendido nada, dicen que hay que hablar, pero no dicen nada de razonar, quieren imponer sus criterios sin tener la mayoría social y, aún teniéndola, no suficiente para aventuras tan arriesgadas que sería mejor no pensar siquiera en ellas.

Hace ya muchos años de la primera suspensión de la Generalitat de Cataluña, mediante un procedimiento impecable del Gobierno español (conservador) en 1934 y 1935. No aprender no solo es de torpes, sino de irresponsables.

L. de Guereñu Polán.

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