domingo, 31 de enero de 2010

EL FUTURO DE LAS PENSIONES

El gobierno ha sorprendido al personal con su propuesta de retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación y aumentar de 15 a 20 años el período de cálculo para establecer la base reguladora de la pensión. Dos medidas que reducen los derechos actuales de los futuros pensionistas, y reducirán también las cuantías futuras de las mismas. Hablando claro, se propone que los futuros pensionistas, y nuestros hijos, trabajen durante más años y cobren menos cuando se jubilen.
La propuesta quiere revestirse de “rigor técnico”, pero no nos equivoquemos, estamos ante una “opción política e ideológica”. De entrada, es evidente la contradicción que supone afirmar una cosa y al mismo tiempo la contraria. Es contradictorio hablar de la “salud de hierro” de nuestro sistema público de pensiones (diez años consecutivos con importantes superávits, incluido el crítico 2009, Fondo de Reserva que alcanza los 65.000 millones de euros, etc.), y al propio tiempo afirmar que en los próximos diez o veinte años puede quebrar, y que por lo tanto hay que tomar este tipo de medidas. Pues eso, como mínimo, depende; para seguir fortaleciendo un modelo ya seguro y solvente, hay otras muchas medidas a tomar antes del recurso facilón de trabajar durante más años y luego cobrar menos.
La medida sorprende aún mas, cuando hace tan solo cinco meses, en septiembre del año pasado, se le llegó a proponer a la patronal española aceptar su propuesta de ¡rebajar cinco puntos la cotización a la seguridad social! a cambio de firmar el Acuerdo Social. Es de suponer que aquello se dijo sabiendo que existía margen para reducir ingresos sin poner en peligro el sistema ¿O no?
La comparecencia de la Ministra Elena Salgado ante los medios de comunicación el pasado viernes, recordando los viejos argumentos del profesor Barea, aquel famoso asesor económico de José María Aznar, resultó patética. No se puede echar mano de simplezas para asustar al personal, ni manipular obviedades a la hora de tratar una cuestión de tanto calado.
Lo único sensato es la apertura de un gran debate sobre las pensiones. Si, pero también sobre el modelo de protección social en nuestro país, que, no lo olvidemos, tiene a un 20% de su población en la pobreza, 4.300.000 parados, y unas pensiones de las mas bajas de la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos realizados en estos últimos años. También una presión fiscal no solo notablemente inferior a la media europea, sino injustamente repartida.
Entrando en detalles concretos: Se argumenta por ejemplo que vivimos más años, y que por lo tanto la pensión se cobra también a lo largo de más años. Debemos tener en cuenta que la edad media real de jubilación está en 63 años, porque muchas personas se jubilan a partir de los 60, o se prejubilan antes porque los despiden. Es verdad que la expectativa de vida al nacer se sitúa en España (mayo 2008) en 79’92 años con carácter general, siendo para los hombres 76’6 años y para las mujeres 83’45, siete años de diferencia. Pero recordemos que esa “media estadística” es mas el resultado de menos muertes por enfermedades, guerras o accidentes, que por el aumento real (aunque también) de la expectativa de vida para una persona sana individualmente considerada. Recordemos igualmente que “las personas que están en la decila superior de renta en España viven diez años más que las que pertenecen a la decila inferior. Y ello se debe a que el nivel de salud es mucho mejor en el primero que en el segundo grupo. Las mujeres de la limpieza del Banco de España tienen a los 60 años el mismo nivel de salud que un gobernador de tal banco tiene a los 70. De ahí que pedirle a las clases populares que trabajen todavía dos años mas (algunos incluso piden cinco años mas) para pagar las pensiones de las personas de rentas superiores que vivirán muchos años más es una enorme injusticia” (“El falso problema de las pensiones”, por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, www.vnavarro.org)
SUSO MOSQUERA

1 comentario:

Manuel Prieto García dijo...

Empecemos ahora a hablar del sacrificio que no hacen diputados y senadores :


ellos pueden gozar de una pensión máxima cuando les llegue el retiro aunque su periodo de trabajo en el Parlamento no sea largo y el resto de su vida laboral hayan cotizado por la mínima. Bastan 11 años en el Parlamento para tener derecho al cien por cien de la pensión máxima y con siete años se llevan el 80%. el ámbito privado, este complemento vitalicio a las pensiones de sus señorías los convierte en un colectivo privilegiado. Más aún si se consideran otras ayudas que reciben, como que las Cortes paguen la cotización de los ex parlamentarios que cesen a los 55 años y no tengan otra actividad laboral.



Entre las exigencias propuestas del Gobierno para acceder a la pensión no hay ninguna referencia a sus señorías. La explicación no se debe a un fallo de memoria sino que es puramente técnica: la reforma afecta al sistema de la Seguridad Social mientras que el complemento de pensiones de los parlamentarios sale del presupuesto del Congreso.



Es una oportunidad única para que los miembros del Pacto de Toledo, que son los que van a decidir nuestras pensiones futuras, den ejemplo y se igualen al resto de ciudadanos.



¿Porqué en lo que siempre estan de acuerdo es en las votaciones para autobeneficiarse, ya sea en temas jubilatorios, remunerativos, etc, son rápidas, concisas, sin discusiones, y se aprueban inmedia tamente, casi vergonzosamente, demostrando una mala conciencia proverbial.



nos toman el pelo?
igualdad para todos

Manuel Prieto García