martes, 18 de enero de 2011

SINDICALISMO Y CONSTITUCION

Con motivo de la huelga general del pasado 29 de septiembre, los ataques en forma de insultos y falsedades contra los sindicatos de clase y sus dirigentes, profusamente difundidos por voceros y medios de comunicación de la derecha española, evidenciaron que estamos lejos de respetar el modelo de convivencia democrática que propugna la Constitución que antes denostaron y ahora tanto invocan como si hubieran sido sus impulsores.
Es bueno recordar que la vigente Constitución Española en su Título Preliminar, después de afirmar que la soberanía reside en el pueblo, da proclamar la unidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, de señalar como lengua oficial al castellano y también a las demás lenguas españolas, de referirse a la bandera de España y las de las Comunidades Autónomas, de fijar en la villa de Madrid la capital del Estado, se refiere a los partidos políticos (art. 6), a los sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7) y las fuerzas armadas (art. 8) como instituciones básicas de nuestra democracia. Finaliza el Título Preliminar proclamando que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, el respeto a la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos y sus garantías jurídicas.
De manera que los sindicatos y las asociaciones empresariales son piezas básicas de nuestro sistema democrático, lo que exige el debido respeto social e institucional a esta condición, al propio tiempo que confiere a sus dirigentes una gran responsabilidad, por lo que representan y por las funciones que están llamados a desempeñar. Cosa distinta es que lo hagan con acierto o no, lo cual, ciertamente, es asunto que nos afecta a todos ante el que no cabe indiferencia.
Estos últimos años han sido difíciles para los trabajadores y para las empresas, y por lo tanto para el país, y para las organizaciones sindicales y empresariales. Errores en la gestión económica y política -algunos que vienen de lejos- y sobre todo la especulación y el acoso financiero y político de “los mercados”, pusieron a prueba al Gobierno Español y también a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Para muchos, el comportamiento del hasta hace poco Presidente de la Confederación de Empresarios estuvo muy lejos del “sentido de estado y responsabilidad empresarial” necesario en una coyuntura tan difícil como la que venimos sufriendo.
Cuando se invocan reformas para salir de la crisis, y de nuevo se retoman negociaciones y algunos reverdecen demandas y campañas interesadas, conviene recordar que es la propia Constitución la que también proclama: los derechos de reunión, de asociación y de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como el derecho de los trabajadores a sindicarse libremente y el derecho de huelga en defensa de sus intereses. También el derecho al trabajo y el deber de trabajar, y el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Igualmente, el derecho a la negociación colectiva laboral y a la fuerza vinculante de los convenios.
La Constitución también establece en su artículo 40 que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”. En su artículo 41 se refiere a la Seguridad Social señalando que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes”.
Los mercados intentan imponer sus normas, pero los políticos y los Gobiernos -y más aún en tiempos de crisis- están obligados a tener en cuenta el artículo 128 de la Constitución que dice “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Estos y otros aspectos de la Constitución son tan obvios y evidentes como ignorados y no tenidos en cuenta, por eso conviene que los recordemos y se los exijamos a nuestros gobernantes. Es inaudito que unos pocos provoquen y causen la crisis, y luego muchos otros tengan que pagar las consecuencias de algo de lo que no tienen culpa. Y lo que es peor aún: Que nuestros representantes políticos no defiendan ese interés general frente a los privilegios de algunos, y que algunos “expertos a sueldo de los poderosos” difundan sus estudios interesados, anunciando grandes males y asustando a las clases trabajadoras si no se pliegan a sus exigencias presentadas bajo la formula de reformas que favorecen a los causantes de la crisis, y perjudican aún más a los que ya sufren sus consecuencias.
Y siendo todo esto muy grave, más preocupante resulta si cabe el comportamiento y la actitud de muchos trabajadores con respecto a los sindicatos cuando reproducen y hacen suyas las campañas antisindicales que promueve la derecha económica y política. Los problemas de la clase trabajadora, hoy como siempre, no tienen solución con el solo esfuerzo individual, y menos aún debilitando a las organizaciones obreras. Por el contrario es necesaria más que nunca, la asociación, la sindicación y la participación. ¿Qué los sindicatos tienen fallos y cometen errores? Por supuesto. Pero son las organizaciones naturales de la clase trabajadora, son sus instrumentos de defensa, lucha y reivindicación. La participación ayudará a hacerlos mejores y mas eficaces. Si un representante sindical lo hace mal, se cambia. Si un sindicato no responde a lo que necesitamos, hay otros, y si tampoco nos satisfacen, incluso podemos asociarnos para crear otro, todo menos dar la espalda al sindicalismo.

SUSO MOSQUERA
17/01/2011

1 comentario:

L. de Guereñu Polán dijo...

¡Ay de aquellos sindicatos de la enseñanza que ha pactado un sistema de oposiciones que favorece a una minoría en perjuicio de la mayoría! El corporativismo siempre fue lo contrario del sindicalismo de clase. Hago votos porque no se vuelva a caer en el mismo error que no solo es eso, sino una grave injusticia.