El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido sentencia por la que da la razón a los sindicatos declarando nulos y por lo tanto ilegales los servicios mínimos del 50% impuestos por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid con motivo de la huelga del Metro del pasado 28 de junio de 2010. Queda claro pues que aquella fue una decisión arbitraria, ilegal y abusiva. Esta sentencia llega 10 meses después de haberse producido unos hechos que provocaron un conflicto social de gran envergadura, graves perjuicios a los trabajadores y al pueblo de Madrid, y la apertura de expedientes disciplinarios con propuestas de despido para varios trabajadores de la empresa por no haber cumplido “aquellos servicios mínimos abusivos”. También sirvió de coartada para que la llamada “caverna mediática” se hartase de insultar y denigrar a los sindicatos y a sus dirigentes.
Hay muchos antecedentes administrativos, acuerdos entre las partes, e incluso jurisprudencia que permiten precisar con claridad los porcentajes de servicios mínimos razonables para aplicar en cada servicio público en caso de huelga. Pero también es cierto que hay insensatos, puros mercenarios políticos o simples individuos con mala fe en puestos de responsabilidad que no dudan en decretar unos servicios mínimos excesivos, muy excesivos, a sabiendas de que los son, pero que los trabajadores han de cumplir aunque luego reclamen. Reclamación judicial que ya saben también que tardará mucho en resolverse, hasta ¡10 meses! como es el caso. De este modo es fácil “reventar” el derecho de huelga imponiendo unos servicios mínimos abusivos que han de cumplirse necesariamente en virtud del principio de “primero cumplir y luego reclamar”.
El artículo 404 del Código Penal habla de la prevaricación administrativa y dice: “LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE A SABIENDAS DE SU INJUSTICIA DICTASE UNA RESOLUCIÓN ARBITRARIA EN UN ASUNTO ADMINISTRATIVO SE LE CASTIGARÁ CON LA PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO POR TIEMPO DE SIETE A DIEZ AÑOS”.
Pienso que este es el caso de la Comunidad de Madrid, y que no es un hecho aislado, pues algo semejante sucedió en Galicia con motivo de la posterior huelga general del 29 de septiembre del año pasado. Y si esto es así ¿pueden los sindicatos despachar un asunto tan grave con una simple manifestación de advertencia y aviso al Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Estamos o no estamos ante un delito de prevaricación al haber impuesto una medida arbitraria a sabiendas de que lo era? ¿Por qué no se denuncia como tal y que los jueces lo diriman? Lo considero una necesidad y una obligación para amparar y defender un derecho constitucional básico como es el de huelga.
SUSO MOSQUERA
9 de Abril de 2011
2 comentarios:
De ese gobierno y de esa señora me lo creo todo. Creo que es uno de los elementos más peligrosos de la política española en la actualidad.
Esta señora es una mala persona, me parece indignante que quiera matar a los pobres perros abandonados,porque ellos no tienen la culpa, seria mejor que tubieran controlados y penaran a todas las personas que los abandonen y maltraten, a donde vamos a llegar con personas asi gobernando el pais..
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