Un vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha publicado su denuncia en un períodico diciendo que se le notificó oficialmente la revalorización de su pensión en 16 euros; un mes más tarse se le notificó, también oficialmente, que su pensión sería gravada con 21 euros adicionales (Real Decreto Ley 20/2011) con lo que éste año cobrará cinco euros menos al mes (pero el presidente del Gobierno había dicho que sus medidas no afectarían a las pensiones).
Un vecino de Illescas (Toledo) se pregunta si un directivo de la CEOE tendrá que irse a Laponia por hacer contratos basura, gestionar mal sus empresas o por facturar en negro (el tal directivo había propuesto que todo trabajador en paro que no aceptase la primera oferta de empleo perdiese su prestación económica o que se fuese a Laponia).
La lucha emprendida por el partido que gobierna España y por el mismo Gobierno contra los sindicatos de trabajadores es preocupante, porque nos retrotrae al siglo XIX, cuando se les veía como peligrosos (por las clases dominantes). De hecho hay un proyecto de limitar la acción de los sindicatos en materia de huelga (otra cosa es que progrese o no según su constitucionalidad), pero existe el peligro. Debe tenerse en cuenta que los sindicatos de trabajadores han sido -con todos sus defectos- instrumentos para la democratización de España, para la mejora de las condiciones de vida de millones de personas y para frenar los desmanes de la patronal y de ciertos gobiernos. Seguramente por eso no interesa su libertad de acción a determinado partido.
De acuerdo con la nueva ley que liberaliza el mercado laboral, la empresa Barreras ha presentado el despido de 50 de sus trabajadores y reducir los salarios (por todos los conceptos) en una media del 56%. La Consellería de "Benestar" (las comillas son mías) ha enviado a dos personas autistas a un centro con menores conflictivos, como si el problema de los primeros y el de estos últimos fuese el mismo: el caso es ahorrar en personal y en centros especializados. Un parado coruñés, José Manuel Iglesias, ha perdido la asistencia sanitaria por la desidia de la Xunta de Galicia, mientras el Alcalde de Santiago de Compostela (porque el país no tiene otros problemas) ha decidido designar calles con los nombres de papas, obispos y cardenales; como resarcimiento, quizá, del menosprecio que estas autoridades eclesiásticas han sufrido en los últimos años.
La delegada del Gobierno en Valencia ha dado instrucciones a la policía para que reprima brutalmente una manifestación de estudiantes y otras personas en aquella ciudad, aunque es cierto que los manifestantes estaban cortando una vía pública. Se han recortado los sueldos de los profesores en la misma Comunidad (al mes una media de 480 euros), causando un grave quebranto a las economías de estos profesionales, que ven no se trata de un sacrificio equilibrado para combatir la crisis, sino de un abuso sin paliativos ni precentes. Mientras tanto el Presidente de Bankia, exministro del Partido Popular, tiene una remuneración de 4 millones de euros brutos al año.
España está en un derrotero realmente preocupante, muy delicado y que exige una gran movilización cívica si se quieren corregir los abusos de ciertos grupos dominantes. Pero los medios de comunicación públicos -porque los privados son otra cosa- serán manipulados como lo han sido en otras ocasiones: como ejemplo se pueden poner los casos de Televisión de Galicia, TeleMadrid y Canal 9 (una vez más Valencia, que parece ser el sumidero nacional en estos últimos tiempos). A los que solo nos queda la palabra tenemos que usarla. A los que tenemos derechos reconocidos en nuestras leyes (manifestación, asociación, expresión) nos cabe no renunciar a ellos y ponerlos en práctica más pronto que tarde.
Los casos arriba descritos son reales; no producto de ensoñaciones: han aparecido reiteradamente en los medios de comunicación, los sufren personas de carne y hueso, como quien esto lee y quien esto escribe.
L. de Guereñu Polán.
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