martes, 8 de mayo de 2012

El artículo 16.3 de la Constitución

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Así empieza el artículo 16.3 de la Constitución española por la que España es un país aconfesional aunque haya muchas personas católicas, ya practicantes o no. Como nadie puede ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias (art. 16.2) no existe registro alguno para saber cuantos españoles son católicos; por tanto no sabemos en que medida el Estado está aportando a la Iglesia católica más de ONCE MIL MILLONES DE EUROS AL AÑO (obviamente cada año varía esta cantidad) de acuerdo con criterios de justicia y equidad. Más bien podemos presumir lo contrario: que la Iglesia se embolsa esa cantidad (que es muy alta se mire como se mire) sin criterio alguno y por el solo hecho de que la Iglesia actúa como un grupo de presión dentro del Estado (de cualquier Estado).

Cierto que el citado artículo 16.3 continúa diciendo que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. No sabemos en que medida estaba en la cabeza del legislador, cuando redactó éste artículo, que implicaría sacar de las arcas del Estado cantidad tan apañada. Pero sí podemos estar seguros de que un mes más tarde de aprobarse la Constitución (¡que rapidez!) se ratificaron unos acuerdos de España con la "Santa Sede" sobre "asuntos jurídicos y económicos..." (3-1-1979) y que aquel artículo constitucional fue desarrollado mediante la Ley Orgánica 7/1980 de libertad religiosa. 

Digo yo qué tendrá que ver la libertad religiosa con el pago a la Iglesia católica (o a cualquier otra) de más de once mil millones de euros. La situación descrita es claramente abusiva por parte de quienes administran los caudales públicos (el Gobierno) y de la jerarquía católica, pues es ésta y no los católicos de base la que exige, pide, presiona, se queja, denuncia y demás formas visibles e invisibles (parafraseando a Manuel Azaña) para conseguir tan pingüe cantidad. Creo que la ciudadanía debe denunciarlo, que toda confesión religiosa debe financiarse a sí misma, que la separación Iglesia-Estado es lo justo y lo constituiconal, y en los tiempos que corren lo correcto para poder atender a muchas personas que lo necesitan. 

L. de Guereñu Polán.

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