Los acontecimientos
que están impactando sobre la justicia española, y muy específicamente sobre
algunos jueces, entre ellos el primero entre pares, me han llevado a revisar
las reflexiones que los hombres admitidos como sabios por la mayoría hicieron,
sobre los conceptos básicos que son los referentes obligados para el estudio de
“lo justo”.
Aristóteles, aceptado
universalmente como sabio de referencia, para distinguir entre una justicia
democrática y la justicia oligárquica, establecía en su libro La Política: “la mayor parte de los hombres son malos
jueces cuando se trata de las cosas propias” y que: “la justicia es igualdad, pero no para todos, sino para los iguales”.
Ligaba también el grado de justicia que era posible obtener en relación a la participación en la riqueza de
la sociedad.
A la vista de los
acontecimientos recientes, se puede afirmar, con pocas dudas, que en España de
lo que disfrutamos es de una justicia muy oligárquica y muy poco democrática.
Un par de razones, o ejemplos, pueden ilustrar la afirmación. Uno, el trato
dado por la mayoría del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a su
presidente, misma persona mismo trato de favor, tanto en el órgano político
como, y eso es mucho más grave, en el que tienen que ejercer más en lo concreto
el Poder judicial. Dos, al tiempo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos se
les recorta el acceso a la riqueza común en educación, sanidad, pensiones, etc.
y se les dificulta el acceso a los tribunales de justicia, aprobando tasas que
solo unos pocos podrán pagar, a los que sirvieron a los más ricos, y a ellos
mismos, se les premia con suculentas pensiones o primas por su retirada de los
consejos de administración que hicieron posible el paso de la riqueza pública a
muy pocas manos, las de la oligarquía y las propias, y, lo que es peor, tribunales,
fiscales y gobierno hacen lo posible, y más, para evitar incluso que se
expliquen ante los más directos representantes democráticos, los
parlamentarios.
No es muy de extrañar,
porqué como previó Montequieu, otro sabio aceptado como tal de forma general,
para garantizar la existencia de un estado democrático concretamente el poder judicial no debe ser ejercido por nadie de forma permanente ya que “así el poder de juzgar, tan terrible en
manos del hombre, no estará sujeto a una clase determinada, ni quedará
exclusivamente
en manos de una profesión”, abundando cuando afirma.
“No hay
libertad si un poder del Estado se le encomienda a una única fuerza social o a un
único órgano estatal”.
Es muy evidente que en España, la justicia no cumple con las premisas que
Montesquieu y, antes que él Aristóteles, establecieron para considerarla
democrática. Por cierto, el sentido común de un ciudadano mínimamente ilustrado
también llegaría a conclusiones muy similares.
Junio de 2012
Fdo.: Isidoro Gracia
Plaza
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