Sigue la caza

Como ocurría en el siglo XIX con las cesantías: llegaba un ministro al gobierno y cesaba a todos los funcionarios que no le eran adeptos, nombrando a aquellos que formaban fila en el escalafón de sus caciques, desde el director general hasta el portero de la oficina. De la misma forma el Gobierno ha decidido cesar a los periodistas de Radio-Televisión Española para poner a sus servidores, sin importar la profesionalidad de cada uno de ellos y sin mediar explicación alguna sobre cual es la causa o causas del cese. 

Los periodistas de RTVE que han sido contratados en determinadas condiciones no pueden aspirar a tener sus plazas "en propiedad", pero una cosa es esto y otra cesarles con el solo propósito de poner en su lugar a otros más o menos afines. Ni tiene sentido, ni es justo, ni se da ejemplo y se vuelve a caer en el vicio de colocar peones que tendrán que agradecer de algún modo al Gobierno sus nombramientos.

La organización FACUA, en defensa de los derechos de los consumidores, también es objeto de cacería por parte del Gobierno. O dicha organización retira sus campañas y denuncias contra los abusos del mercado, o perderá la condición de asociación de consumidores, como si el Gobierno fuese quien, y no los estatutos de cada asociación debidamente registrados, para decir si se trata de una organización de éste o de otro tipo. No gusta al Gobierno que haya asociaciones que puedan poner en solfa los abusos en materia publicitaria o que puedan perjudicar a ciertas corporaciones que abusan de los consumidores (o pudieran hacerlo). Es un Gobierno éste con pocos escrúpulos democráticos, porque esta derecha española, heredera de una tradición autoritaria y pendenciera no está para bromas. O entras por el aro o sales de la escena. 

Pero hay algo mucho más grave porque en esta cacería las presas más débiles son las personas dependientes. Los recortes presupuetarios -que el Gobierno debiera hacer en otros sectores intocados- dejan a los dependientes más dependientes que nunca, pero sin ayudas, a pesar de que muchas de dichas personas son ancianas y han cotizado durante toda su vida para tener una vejez digna. La Ley de Dependencia aprobada antes del actual Gobierno puede darse por letra muerta. Es cierto que pretender poner de acuerdo a las diversas comunidades autónomas con el Estado para financiar la ayuda a los dependientes era difícil, pues no todas están gobernadas por personas con sensibilidad social. Pero hincar el diente allí donde el paciente o la presa es más débil es de una ruindad pocas veces vista.

Hay delincuentes con más escrúpulos que el actual Gobierno, hay gobiernos conservadores que mantienen la legislación en favor de los dependientes (en Europa hay varios ejemplos), pero el Gobierno español esta a otra cosa. Lo que no sea que salgan las cuentas no cuenta...

 L. de Guereñu Polán. 

 

 

Los recortes paralizan los derechos de los dependientes

Carmen Morán Madrid 35

Los expertos dan por derogada la ley de ayuda pública