domingo, 11 de noviembre de 2012

El ministro impaciente

El ministro impaciente, quizá orando
Fueron ingenuos los que creyeron que el señor Ruiz Gallardón representaba el "centrismo" en el Partido Popular. En realidad es un camaleón que, desde muy joven, supo ponerse siempe al sol que más calentaba. Recuerdo que fue Secretario General del Partido Popular cuando su Presidente era el señor Hernández Mancha, pero dentro mismo del órgano de dirección del que formaba parte, no tuvo inconveniente en conspirar contra su Presidente cuando vio que había otro candidato mejor posicionado. Así ha seguido hasta ahora, engañando a tirios y troyanos y engañando a la sociedad española, lo que en su partido saben hacer muy bien.

Ahora ha puesto en pie de guerra a jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios judiciales por el intento de hacer cara la justicia para la mayoría de la población. Quiere imponer tasas judiciales para que la gente no acuda a la justicia con la asiduidad que ahora lo hace, cuando todos sabemos que muchas veces no se acude a la justicia porque se tiene poca confianza en ella o porque los costes de abogados lo desaconsejan. Incluso un representante de los abobados de Galicia ha calificado de "traición" la medida que intenta el ministro, que quiere dar satisfacción a un sector minoritario de la judicatura, que quiere ver como disminuyen los expedientes en sus despachos. 

Además hay una intención recaudatoria en la imposición de la tasa judicial, cuando lo lógico es que la recaudación venga vía impuestos, sanciones y otras fórmulas, pero no por acudir a que la justicia dirima un pleito. Hay que ser retrógrado para pensar así y pretender llevar a cabo reforma de tal calibre. Cuando los señores (laicos y eclesiásticos) ejercian la jurisdicción en sus respectivos señoríos, campesinos, artesanos, menestrales y demás gente menuda no tenía garantías jurídicas; si siéndole adversa una sentencia señorial, acudían a la justicia real se ganaban la enemiga del señor local. Cuando la revolución liberal hizo que la justicia se extendiese por igual a todas las clases sociales, las familias opulentas podían pleitear sin temores pues disponían de recursos para llenar de legajos las audiencias. Los pobres (la inmensa mayoría de la población) asistían atónitos a una justicia mediatizada, amiga del poder político y económico. 

El actual Ministro de Justicia nos propone -nos quiere imponer- un sistema parecido, aunque pueda parecer que hay diferencias notables. ¿Como entender si no que deban pagarse 800 euros por recurrir una sentencia en el ámbito laboral? ¿O desembolsar 200 euros si se quiere impugnar una multa de 300 euros? Esta legislación -de aprobarse, y se encuentra en el último trámite parlamentario- es leonina, injusta, discriminatoria, una burla a la ciudadanía, que creyó ya no existía la justicia según la categoría social de cada ciudadano. 

El actual Ministro de Justicia siempre fue muy impaciente: codeó lo suyo para ser candidato a las Cortes Generales, lo que su partido le negó en un primer momento; quería, al parecer, estar en la cámara por si el actual Presidente del Gobierno se descalabraba políticamente. Joven y dinámico, como corresponde a un político de derechas que se precie, perteneciente a una familia burguesa de toga, formado por los jesuitas, de quien habrá aprendido el sibilino comportamiento, siguió su formación en una universidad privada y santa (cosas de los políticos de derechas), no ejerció practicamente nunca profesión alguna, pues enseguida encontró acomodo en el partido conservador de la mano de su padre, prohombre de la derecha durante el último franquismo y la transición política española. De sus éxitos electorales nadie puede dudar, seguramente producto de los errores de sus adversarios políticos, y ahora que es ministro quiere demostrar que no se duerme, que está ahí para cumplir los objetivos de la derecha más conservadora, de la judicatura más reaccionaria, aquella que no ve con buenos ojos que las leyes sean el resultado de la voluntad popular.

L. de Guereñu Polán.

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