El ciudadano atrapado

Hace unos días, medio día en la Plaza de España de Madrid: un grupo de ciudadanos se manifiestan para protestar contra una medida del Gobierno. La policía, según las nuevas instrucciones del Ministerio del Interior, ordena identificarse a varios. Uno de ellos se niega. Es llevado a la comisaría más própxima: se le acusa de desacato. Ha de recurrir dicha acusación por lo que ha de pagar 300 euros de tasa judicial según la norma recientemente aprobada a propuesta del Ministro de Justicia.

El ciudadano en cuestión es menesteroso, por lo que no tiene recursos para pagarse un abogado -ni tampoco las tasas judiciales- recurre a un abogado de oficio y no hay ninguno disponible porque los que están se les deben varios meses de salario y no están dispuestos a seguir desplazándose por su cuenta (es decir, adelantando dinero).

El ciudadano es identificado al fin mediante datos que obran en poder de la policía; se le deja en libertad. La empresa donde trabaja discontinuamente (cuando es necesario a la misma) le despide porque no se presentó al estar detenido en la cominsaría. El ciudadano se explica, pero que si quieres arroz Catalina. Se dirige a la Magistratura de Trabajo para que entienda sobre su caso: se le dice que tiene que nombrar abogado y procurador; dice que no tiene dinero porque está en paro desde el día anterior.

Apenado y pobre, pero enérgico, ve acercarse una manifestación de ciudadanos que protestan contra una medida del Gobierno; se suma a ella. Un policía le pide se identifique; se niega, es detenido, llevado a la comisaría... vuelta a empezar.

L. de Guereñu Polán.