Un Gobierno que decide subir los impuestos indirectos (el IVA en este caso) antes que gravar a las rentas más altas y recurrir al ahorro en gastos superfluos, hace soportar a los más débiles una carga que debiera estar repartida de forma muy distinta a como lo esta ahora en España. Un ejemplo de esto es la subida del IVA del 18 al 21% desde el pasado septiembre y del 8 al 10% en el caso del IVA reducido. De igual manera la compra de viviendas ha pasado a tener un gravamen del 4 al 10% en este mes de enero; las rentas del ahorro también sufren una subida en su gravamen del 2 al 6%. Mientas que la Iglesia Católica está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Gobierno lo ha subido al resto de los ciudadanos a un 10%; la luz ha subido entre el 5 y el 7% y recientemente se ha gravado más el consumo de la gasolina, con lo que ello repercute en el transporte y, por lo tanto en el precio de las mercancías. Está por ver si el Gobierno convierte las autovías costeadas ya con los presupuestos del Estado, en autovías de pago, con lo que los españoles pasaríamos a pagar doblemente la construcción de estas obras.
El Gobierno ha establecido el doble pago de los medicamenteos, así como el doble pago de las ambulancias, prótesis y, en el caso de las Comunidades de Madrid y Cataluña, como consecuencia de medidas tomadas por sus gobiernos respectivos, el pago de un euro por receta (no hace falta recordar que muchos ancianos y personas enfermas consumen varios medicamentos, necesitan varias recetas y han de pagar varios euros cada vez que compren en farmacias).
El Gobierno ha decidido suspender ciertos servicios y especialidades en muchos hospitales del país, además de tener sobre la mesa la idea de un doble pago por los gastos de hospitalización (los españoles ya pagamos la Seguridad Social con nuestras nóminas). El Gobierno ha anulado, además, la financiación de medicinas para síntomas poco graves (casi 500 medicamentos han sido retirados de la financiación pública). ¿Hará falta recordar que el Gobierno ha decidido retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin papeles"?
El presupuesto para Sanidad en 2013 ha bajado más del 22% respecto al de 2012, cuando Don Mariano había dicho, por activa y por pasiva, que la Sanidad "no se tocaría". Tocada y bien tocada está, y es ejemplar el movimiento de protesta que están llevando a cabo sanitarios, enfermeros, médicos y demás personal de los hospitales públicos de Madrid.
El Gobierno ha suprimido la paga extra de diciembre a los funcionarios y ha suprimido 700.000 funcionarios interinos, lo que no estaría mal si los diversos ministerios convocaran oposicones, pero se pretende que menos funcionarios atiendan a más alumnos, a más pacientes, más incendios forestales, más salvamento marítimo, etc. Por otra parte se ha abaratado el despido de un trabajador a 22 días por año trabajado.
El señor Wert, en mala hora ministro de Educación, promueve la enseñanza privada y concertada a expensas de la pública, es decir, la de todos, la de los hijos de la mayor parte de la población española. Se ha aumentado el número de alumnos por aula, se han eliminado muchas de las becas existentes con anterioridad, única medida para paliar la diferencia de rentas entra las familias. Si un profesor causa baja por enfermedad se deja de cubrir su baja si esta es inferior a dos semanas (dos semanas los alumnos sin profesor). Se han subido escandalosamente las tasas universitarias y se han eliminado las subvenciones a los cursos de postgrado, por lo que los alumnos de familias modestas han de recurrir a solicitar préstamos a los bancos (es decir, a los usureros). El gasto educativo se reduce un 13% en el año 2013 respecto al año 2012, y se ha aumentado el IVA del 4 al 21% en algunos materiales escolares.
Se ha anulado la renta básica de emnacipación, que permitía recibir a los jóvenes una cantidad algo superior a 200 euros para el alquiler de un piso. Se ha suprimido el fondo de acogida, integración y atención a los inmigrantes, se ha dejado sin aplicación la Ley de Dependencia, aunque en algunas comunidades como Baleares, Andalucía, Extremadura y Asturias sí se está aplicando. Se ha reducido un 85% la prestación a los cuidadores en los casos de dependencia acusada. Las mujeres, en función de la modificación de la ley de interrupción del embarazo, tendrán que volver a justificar su decisión.
Se han recortado las partidas para investigación y desarrollo, lo que implica prescindir del trabajo de becarios, investigadores en las Universidades, proyectos de perfeccionamiento profesional y especialización, además del maltrato que han sufrido las asociaciones culturales, las ONG, los centros públicos de enseñanza, sobre todo en su nivel primario, las Universidades, que ha hecho poner en pie a los rectores de toda España... Las tasas judiciales son el colmo de un Gobierno antisocial, que pone precio a la justicia, como si volvíesemos al siglo XVIII, cuando un campesino no podía pleitear y tal ejercicio estaba reservado a los aristócratas, personalidades de noble cuna que entretenían su tiempo en los juzgados y audiencias. Caben muchas calificaciones para este Gobierno, pero a mí se me ocurre la muy lacónica de miserable.
L. de Guereñu Polán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario