Un ministro retrógrado

El ministro Caballero por Goya

Digo "un" porque no es el único en el actual Gobierno, donde parece que se concentrara lo peor del país en orden a inmoralidad y nula tradición democrática. A las pruebas me remito en relación al escándalo multiplicado por "n" sobre el cobro de sobresueldos sin control fiscal y fuera de toda norma. Ni uno de ellos denuncia, ni uno pide perdón, ni uno exige responsabilidades.

Ya en el siglo XVIII -y entro con esto en lo que interesa- la monarquía española quiso secularizar la eseñanza dentro de un programa más general de secularización de la cultura y de la sociedad. No tenía sentido -pensaron los ministros de Carlos III- que la Iglesia siguiese monopolizando el control de la enseñanza y se propusieron que fuese el Estado el encargado de tan noble misión. La burguesía liberal del siglo XIX, décadas más tarde, sería la encargada de llevar a cabo tal progrma con no pocas contradicciones. Lo curioso es que, en un primer momento, la jerarquía eclesiástica no se opuso al programa secularizador porque consideró que si el Estado colaboraba con la Iglesia esta podría sacar mejores rendimientos a su obra. Incluso el rey se hizo con el derecho de organizar al clero español, controlar sus seminarios y nombrar a los rectores de los mismos. El ministro de Educación actual va en la dirección contraria. 

Un plan de estudios ¡de 1771! vino a suprimir de las universidades las escuelas teológicas que habían regido hasta el momento, y mediante una Real Cédua de 1773 se establecieron centros de enseñanza públicos allí donde habían existido los de la compañía de Jesús, cuyos miembros habían sido expulsados de España (y de otros países) pocos años antes. Dicho sea de paso que con la anuencia del papa de entonces la compañía de Jesús fue disuelta. Ya en el siglo XIX, el plan de estudios de 1807, obra del ministro Caballero, establecía el papel dominante del Estado en la enseñanza y privaba a la Iglesia de toda ingerencia en la misma. Se siguió un criterio secularizante y abierto a corrientes de pensamiento plurales, muy en la tónica de la Ilustración tardía. Un Decreto de 1820, al comenzar el trineio liberal, profundizó en estos principios, imponiéndose incluso la enseñanza de la Constitución de 1812 en los seminarios eclesiásticos (ahora se enseña religión católica en los centros estatales).

La tradición ilustrada y liberal es totalmente ignorada en el proyecto de ley de educación que el Gobierno actual ha aprobado y que está pendiente de su trámite parlamentario. Contrariamente a la secularización y laicización de la enseñanza y la sociedad, principios que ya defendieron los gobernantes españoles en los siglos XVIII y XIX, ahora se pretende lo contrario. Incluso eclesiásticos como el obispo de la Seo d'Urgel (Bernardo Caballero), el de Tarazona (Jerónimo Castillón), el de Valencia (Veremundo Arias), el de Orihuela (Simón López) y el de Mondoñedo (Manuel Cudrillero) -por citar solo algunos casos- estuvieron de acuerdo con las políticas estatales, sencillamente porque eran ilustrados y sabían lo que convenía a una sociedad moderna, contrariamente a lo que interesa hoy a la jerarquía eclesiástica y al ministro Wert, un verdadero retrógrago donde los haya.

La Iglesia anda empeñada desde hace décadas -y la española en particular- en una lucha contra los avances secularizadores que significó el Concilio Vaticano II: en el núcleo de esta tendencia está el empecinamiento del cardenal Rouco y del ministro Wert, verdaderos ejemplares redivivos del cardenal Segura uno y del minostro Orovio el otro. Y no obstante existe la esperanza de que el actual proyecto de ley de educación no entre en vigor -como el anterior preparado por el Partido Popular-. Solo hace falta que algún sobresalto provoque un adelanto de las elecciones y hable la población soberana.

L. de Guereñu Polán.