Una de las
consecuencias mas graves de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular,
es la destrucción de la negociación colectiva como vía para la mejora de las condiciones de
trabajo y la estabilidad económica y social de las empresas y del país.
En el año 2008 fueron
firmados en España 5.987 convenios colectivos, amparando a cerca de 12 millones
de asalariados con un incremento salarial medio del 3,6%. En el año 2012, la
cifra de convenios firmados se redujo a 3.442, y la de trabajadores amparados a
7.603.000, con un incremento del 1,2% (el IPC fue este año del 2,4%). A
septiembre de este año 2013, van firmados en España 1.211 convenios colectivos,
que amparan a 3,7 millones de trabajadores, con un incremento medio del 0,65%
(en algunos casos se han pactado rebajas salariales). Las circunstancias
indican que ni se ha tocado suelo, ni el tema tiene carácter coyuntural.
Un informe publicado
recientemente por la UGT, y elaborado a partir de los datos de organismos
oficiales, señala que entre 2012 y 2013 los salarios en España acumulan una
pérdida real del 10%.
Creo sin embargo que el
deterioro salarial y social esta siendo mucho mayor de lo que reflejan las
estadísticas oficiales. Al ir desapareciendo los convenios sectoriales, en las
pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, se va quedando solo como
única referencia legal un Estatuto de los Trabajadores muy devaluado ya, casi
irreconocible, y el Salario Mínimo Interprofesional, establecido en 645 euros
mensuales por catorce pagas al año, que prorrateado en doce viene a suponer 752
euros al mes . En un contexto de altísima tasa de paro, y con despido prácticamente
libre, el trabajador termina por “aceptar lo que sea”, y las implacables “leyes
del mercado” van supliendo a los convenios que desaparecen, e incluso a los que
están vigentes: contratos a tiempo parcial pero trabajando la jornada completa,
o incluso mas; trabajos cualificados, pero con contratos de no cualificados;
degradación de las relaciones laborales y el ambiente de trabajo: autoritarismo,
malos tratos, menores medidas de protección en materia de seguridad e higiene,
etc., y crecimiento del fraude y los abusos sobre todo por parte de
subcontratistas y comisionistas mal llamados empresarios.
En paralelo se demoniza
a los sindicatos, se discrimina a los
trabajadores sindicados, o se prescinde
de quien hace preguntas sobre sus derechos o condiciones de trabajo. Como en
los tiempos de Franco se recomienda el “trabaja, calla, obedece, no preguntes…”
Sindicatos ¿para qué? “Tu a lo tuyo, no
te metas en líos, estudia, búscate la vida…” Desde la lógica liberal
capitalista es el hecho sindical en si mismo lo que se considera rechazable
al imponer mediante la negociación
colectiva y las medidas de presión derivadas “sobrecostes artificiales” al
factor trabajo. Un costo que como el de otros productos ha de ser - según ellos
- el resultado de las leyes del mercado:
la oferta y la demanda, y no de la norma derivada del convenio colectivo.
Claro que detrás de esa
consideración del trabajo humano como una simple mercancía mas, va también la
de considerar mercancía igualmente al trabajador y a la trabajadora, y se llega
a la conclusión de que los derechos laborales son una rémora, un obstáculo, un
inconveniente para la competitividad económica de las empresas y de los países.
Con esta mentalidad se están tratando hoy cuestiones tan graves como por
ejemplo la emigración, y los derechos de los emigrantes.
Para el liberal
capitalista, la dignidad humana no está en el ser, sino en el tener. El
individuo es digno y respetable no por lo que es sino por lo que tiene. Es
aquello del “tanto tienes tanto vales”, el rico, por serlo es virtuoso, digno,
respetable, el pobre todo lo contrario, es un delincuente en potencia. La
consideración hacia el color de la piel, la raza, la condición sexual, etc.,
está también en gran medida en función de si el individuo es rico o es pobre.
Son éstos, viejos
debates, mejor dicho, viejas luchas de intereses y de clases sociales, que
parecían superadas al menos en la vieja Europa con su cultura milenaria y sus
instituciones, pero vemos que no, que siguen ahí, vivas, activas y amenazantes,
como si las duras experiencias de nuestra historia reciente se hubiesen
olvidado por completo.
No creo que la reforma
laboral y el desmantelamiento de la negociación colectiva en España, sea una
condición necesaria para superar la crisis económica. Es mas, coincido con los
que piensan que con esas medidas la crisis se agranda y se agrava para la mayoría
de la población, aunque la minoría que controla la riqueza y el poder salga muy
beneficiada. Son reformas estructurales con pretensión de permanencia, no
coyunturales y transitorias para hacer frente a un momento crítico. Son medidas
ideológicas y a la medida de las clases dominantes, que además no tienen nada
de novedosas, al contrario, parecen pretender dar marcha atrás en el reloj de
la historia.
Los dos gobiernos de
José María Aznar tuvieron un signo muy distinto. En su primera etapa (1996 /
2000), y sin mayoría absoluta, tuvo que propiciar el dialogo y la negociación
en el plano político, laboral y social para poder gobernar. En su segundo
mandato (2000 / 2004), con mayoría absoluta, la cosa fue distinta. Con Mariano
Rajoy como Vicepresidente Primero y
Ministro de la Presidencia; Rodrigo Rato como Vicepresidente Segundo y
Ministro de Economía, y Cristóbal Montoro como su hombre de confianza y Secretario
de Estado de Economía; y con Juan Carlos Aparicio, Ex Secretario de Estado de
la Seguridad Social como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno de
Aznar planteo a los sindicatos y con el apoyo de la CEOE diversas reformas de
gran calado, entre ellas la del sistema de pensiones y el modelo de negociación
colectiva en España, proponiendo ya entonces la supresión de la
“ultraactividad” de los convenios colectivos.
Derivado de aquellas
pretensiones, el enfrentamiento fue durísimo, no solo con el Gobierno, sino
entre los propios sindicatos, incapaces de ponerse de acuerdo en cuanto a las
medidas a tomar frente a las pretensiones gubernamentales. José María Fidalgo
era entonces el secretario general de CC.OO, y Cándido Méndez el de la UGT. El
15 de junio del 2001, y convocada por UGT y CIG tuvo lugar una huelga general
en Galicia contra las medidas del Gobierno, precursora de la que al año
siguiente tendría lugar en toda España convocada por UGT, CC.OO. y las
restantes organizaciones sindicales. La huelga fue un éxito, el Ministro de
Trabajo dimitió y el Gobierno dio marcha
atrás en sus pretensiones. El Partido Popular sin embargo solo aparcó sus
reformas a la espera de mejor ocasión. La tuvo ahora, nueve años después, con
la crisis económica como pretexto y tras su victoria electoral con amplia
mayoría absoluta en noviembre del 2011.
Aunque la Constitución
es clara en su artículo 37.1 cuando dice “La
ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante
de los convenios”, lo cierto es que en la práctica las medidas del Gobierno
amenazan con reducir a puramente virtual para millones de trabajadores este derecho constitucional.
Si la derecha española
cree que con este modelo ha solucionado algún problema pienso que se equivoca.
Este modelo favorece a una minoría, pero daña al país en su conjunto, perjudica gravemente a las clases
trabajadoras, extiende la pobreza y será fuente permanente de grave conflictividad social.
Frente a la explotación sin escrúpulos, y para establecer un marco decente de
relaciones laborales y unas condiciones de trabajo acordes con la dignidad
humana, hay dos caminos:
1.- El retorno a la
negociación colectiva en empresas y sectores,
con sindicatos lo suficientemente fuertes para negociar con éxito
frente a los poderes económicos y los
Gobiernos, los salarios, la jornada y las condiciones de trabajo, los modelos
de contratación laboral, las cotizaciones sociales y los sistemas de protección
en caso desempleo, enfermedad o accidente
y jubilación.
2.- Que los Gobiernos,
supliendo en este caso a los llamados “agentes sociales”, legislen. No solo
estableciendo un salario mínimo suficiente, sino estableciendo mínimos legales
en todos los aspectos del trabajo y en todos los sectores laborales. Ya se hizo
en los tiempos de Franco con las llamadas “Ordenanzas Laborales”. Puestos a no
querer aprender de la historia, un escenario semejante podría volver por
extraño que parezca, y no precisamente
de la mano de las fuerzas de izquierda.
Solo mentes obtusas y
talantes antidemocráticos como los que se desprenden de las reiteradas
declaraciones de los actuales líderes patronales, pueden seguir obcecándose en
la senda del trabajo sin derechos y del desmantelamiento de las protecciones
sociales de carácter público como solución a nuestros males, y camino adecuado
para la prosperidad del país. Si además, se creen efectivamente esto que dicen,
el panorama resulta muy preocupante. Afortunadamente hay otras medidas posibles
y mejores y el pueblo lo sabe, y esa es nuestra esperanza.
Xesús Mosquera Sueiro /
6 de Octubre 2013
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