miércoles, 6 de noviembre de 2013

O NEGOCIACIÓN COLECTIVA, O REGLAMENTOS LABORALES

Una de las consecuencias mas graves de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular, es la destrucción de la negociación colectiva como  vía para la mejora de las condiciones de trabajo y la estabilidad económica y social de las empresas y del país.

En el año 2008 fueron firmados en España 5.987 convenios colectivos, amparando a cerca de 12 millones de asalariados con un incremento salarial medio del 3,6%. En el año 2012, la cifra de convenios firmados se redujo a 3.442, y la de trabajadores amparados a 7.603.000, con un incremento del 1,2% (el IPC fue este año del 2,4%). A septiembre de este año 2013, van firmados en España 1.211 convenios colectivos, que amparan a 3,7 millones de trabajadores, con un incremento medio del 0,65% (en algunos casos se han pactado rebajas salariales). Las circunstancias indican que ni se ha tocado suelo, ni el tema tiene carácter coyuntural.

Un informe publicado recientemente por la UGT, y elaborado a partir de los datos de organismos oficiales, señala que entre 2012 y 2013 los salarios en España acumulan una pérdida real del 10%.

Creo sin embargo que el deterioro salarial y social esta siendo mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales. Al ir desapareciendo los convenios sectoriales, en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, se va quedando solo como única referencia legal un Estatuto de los Trabajadores muy devaluado ya, casi irreconocible, y el Salario Mínimo Interprofesional, establecido en 645 euros mensuales por catorce pagas al año, que prorrateado en doce viene a suponer 752 euros al mes . En un contexto de altísima tasa de paro, y con despido prácticamente libre, el trabajador termina por “aceptar lo que sea”, y las implacables “leyes del mercado” van supliendo a los convenios que desaparecen, e incluso a los que están vigentes: contratos a tiempo parcial pero trabajando la jornada completa, o incluso mas; trabajos cualificados, pero con contratos de no cualificados; degradación de las relaciones laborales y el ambiente de trabajo: autoritarismo, malos tratos, menores medidas de protección en materia de seguridad e higiene, etc., y crecimiento del fraude y los abusos sobre todo por parte de subcontratistas y comisionistas mal llamados empresarios.

En paralelo se demoniza a los sindicatos,  se discrimina a los trabajadores sindicados, o  se prescinde de quien hace preguntas sobre sus derechos o condiciones de trabajo. Como en los tiempos de Franco se recomienda el “trabaja, calla, obedece, no preguntes…”  Sindicatos ¿para qué? “Tu a lo tuyo, no te metas en líos, estudia, búscate la vida…” Desde la lógica liberal capitalista es el hecho sindical en si mismo lo que se considera rechazable al  imponer mediante la negociación colectiva y las medidas de presión derivadas “sobrecostes artificiales” al factor trabajo. Un costo que como el de otros productos ha de ser - según ellos -  el resultado de las leyes del mercado: la oferta y la demanda, y no de la norma derivada del convenio colectivo.

Claro que detrás de esa consideración del trabajo humano como una simple mercancía mas, va también la de considerar mercancía igualmente al trabajador y a la trabajadora, y se llega a la conclusión de que los derechos laborales son una rémora, un obstáculo, un inconveniente para la competitividad económica de las empresas y de los países. Con esta mentalidad se están tratando hoy cuestiones tan graves como por ejemplo la emigración, y los derechos de los emigrantes.

Para el liberal capitalista, la dignidad humana no está en el ser, sino en el tener. El individuo es digno y respetable no por lo que es sino por lo que tiene. Es aquello del “tanto tienes tanto vales”, el rico, por serlo es virtuoso, digno, respetable, el pobre todo lo contrario, es un delincuente en potencia. La consideración hacia el color de la piel, la raza, la condición sexual, etc., está también en gran medida en función de si el individuo es rico o es pobre.

Son éstos, viejos debates, mejor dicho, viejas luchas de intereses y de clases sociales, que parecían superadas al menos en la vieja Europa con su cultura milenaria y sus instituciones, pero vemos que no, que siguen ahí, vivas, activas y amenazantes, como si las duras experiencias de nuestra historia reciente se hubiesen olvidado por completo.
No creo que la reforma laboral y el desmantelamiento de la negociación colectiva en España, sea una condición necesaria para superar la crisis económica. Es mas, coincido con los que piensan que con esas medidas la crisis se agranda y se agrava para la mayoría de la población, aunque la minoría que controla la riqueza y el poder salga muy beneficiada. Son reformas estructurales con pretensión de permanencia, no coyunturales y transitorias para hacer frente a un momento crítico. Son medidas ideológicas y a la medida de las clases dominantes, que además no tienen nada de novedosas, al contrario, parecen pretender dar marcha atrás en el reloj de la historia.

Los dos gobiernos de José María Aznar tuvieron un signo muy distinto. En su primera etapa (1996 / 2000), y sin mayoría absoluta, tuvo que propiciar el dialogo y la negociación en el plano político, laboral y social para poder gobernar. En su segundo mandato (2000 / 2004), con mayoría absoluta, la cosa fue distinta. Con Mariano Rajoy como Vicepresidente Primero y  Ministro de la Presidencia; Rodrigo Rato como Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, y Cristóbal Montoro como su hombre de confianza y Secretario de Estado de Economía; y con Juan Carlos Aparicio, Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno de Aznar planteo a los sindicatos y con el apoyo de la CEOE diversas reformas de gran calado, entre ellas la del sistema de pensiones y el modelo de negociación colectiva en España, proponiendo ya entonces la supresión de la “ultraactividad” de los convenios colectivos.

Derivado de aquellas pretensiones, el enfrentamiento fue durísimo, no solo con el Gobierno, sino entre los propios sindicatos, incapaces de ponerse de acuerdo en cuanto a las medidas a tomar frente a las pretensiones gubernamentales. José María Fidalgo era entonces el secretario general de CC.OO, y Cándido Méndez el de la UGT. El 15 de junio del 2001, y convocada por UGT y CIG tuvo lugar una huelga general en Galicia contra las medidas del Gobierno, precursora de la que al año siguiente tendría lugar en toda España convocada por UGT, CC.OO. y las restantes organizaciones sindicales. La huelga fue un éxito, el Ministro de Trabajo dimitió y  el Gobierno dio marcha atrás en sus pretensiones. El Partido Popular sin embargo solo aparcó sus reformas a la espera de mejor ocasión. La tuvo ahora, nueve años después, con la crisis económica como pretexto y tras su victoria electoral con amplia mayoría absoluta en noviembre del 2011.

Aunque la Constitución es clara en su artículo 37.1 cuando dice “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”, lo cierto es que en la práctica las medidas del Gobierno amenazan con reducir a puramente virtual para millones de trabajadores  este derecho constitucional.

Si la derecha española cree que con este modelo ha solucionado algún problema pienso que se equivoca. Este modelo favorece a una minoría, pero daña al país en su conjunto,  perjudica gravemente a las clases trabajadoras, extiende la pobreza y será fuente  permanente de grave conflictividad social. Frente a la explotación sin escrúpulos, y para establecer un marco decente de relaciones laborales y unas condiciones de trabajo acordes con la dignidad humana, hay dos caminos:
1.- El retorno a la negociación colectiva en empresas y sectores,  con sindicatos lo suficientemente fuertes para negociar con éxito frente  a los poderes económicos y los Gobiernos, los salarios, la jornada y las condiciones de trabajo, los modelos de contratación laboral, las cotizaciones sociales y los sistemas de protección en caso desempleo, enfermedad o accidente  y jubilación.

2.- Que los Gobiernos, supliendo en este caso a los llamados “agentes sociales”, legislen. No solo estableciendo un salario mínimo suficiente, sino estableciendo mínimos legales en todos los aspectos del trabajo y en todos los sectores laborales. Ya se hizo en los tiempos de Franco con las llamadas “Ordenanzas Laborales”. Puestos a no querer aprender de la historia, un escenario semejante podría volver por extraño  que parezca, y no precisamente de la mano de las fuerzas de izquierda.

Solo mentes obtusas y talantes antidemocráticos como los que se desprenden de las reiteradas declaraciones de los actuales líderes patronales, pueden seguir obcecándose en la senda del trabajo sin derechos y del desmantelamiento de las protecciones sociales de carácter público como solución a nuestros males, y camino adecuado para la prosperidad del país. Si además, se creen efectivamente esto que dicen, el panorama resulta muy preocupante. Afortunadamente hay otras medidas posibles y mejores y el pueblo lo sabe, y esa es nuestra esperanza.

Xesús Mosquera Sueiro / 6 de Octubre 2013




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