El canal de Panamá

Hace ya un siglo que el canal permite la comunicación por mar sin tener que bordear el continente americano. Los beneficios para la economía mundial, pero sobre todo para algunos países, han sido y son enormes, posiblemente incuantificables a día de hoy. La empresa española "Sociedad Anónima Caminos y Riegos", que ganó el concurso para las nuevas obras del canal, dice no poder seguir si el Gobierno panameño no revisa al alza el precio de sus servicios. Dicho Gobierno, en principio, se ha negado de la manera que suelen hacerlo los gobiernos populistas: gritando.

Pero una cosa es la forma y otra el fondo: tiene razón el Gobierno panameño en no atender a las exigencias de SACYR, porque esta empresa, como otras muchas españolas, sobre todo las grandes (entre las seis más grandes en España en la construcción) está acostumbrada a una perniciosa ley que rige en nuestro país desde hace ya mucho tiempo, la de Contratos del Estado, algunos de cuyos artículos permiten revisar al alza los precios de las adjudicaciones cuando las empresas (no siempre bien gestionadas) lo reclaman con argumentos más o menos peregrinos (puede que en ocasiones con argumentos fundados). 

Se cuentan por miles y miles los casos de aquellas adjudicaciones y obras realizadas por empresas, pequeñas, medianas y grandes, que se benefician de la revisión de los precios por parte de las Administraciones Públicas cuando la obra en cuestión está a medio camino. He podido verlo en un Ayuntamiento, en una Diputación Provincial y cualquiera puede obtener información cuando se trata de la Administración del Estado o de una autonómica. Este vicio, que la Ley de Contratos del Estado en España ha consagrado hasta la saciedad, al parecer no se da en todos los países, sobre todo en aquellos donde el mundo empresarial no ejerce una influencia tan determinante sobre los gobiernos respectivos. 

No es el caso de Panamá, porque el señor Martinelli, su presidente, es un gran empresario representativo de esos políticos que hacen ascos de la política y se presentan ante la opinión pública como "terceras vías" que, con la palabra democracia como recurso retórico y de adorno, pretenden dar la vuelta a situaciones complejas. No son más que nuevas versiones de la derecha de siempre, populista en el caso de América latina, que gusta de situaciones como la provocada por SACYR en Panamá para poner el grito en el cielo, hablar a la población con muchos aspavientos y ponerse al frente de una ofensa que el país no puede admitir y que ellos (estos outsiders venidos a la política con el apoyo empresarial) van a solucionar. 

Razón tiene el señor Martinelli en exigir a SACYR que cumpla su compromisos. Lo que aquí importa (desde mi punto de vista) son los intereses de los trabajadores que han sido subcontratados, además de los que ya forman parte de la empresa citada. Esta y no otra debiera ser la preocupación del Gobierno español, que debe ponerse al lado del panameño con ese solo objetivo; no como ocurre con frecuencia, que son las grandes empresas las que acogotan a los gobiernos. Los principales accionistas de SACYIR, su Consejo de Administración, deben buscar las soluciones a sus problemas en las finanzas internacionales, en una gestión empresarial correcta y, en el futuro, en no pujar a la baja para llevarse obras que luego no se pueden ejecutar. Parece evidente que Panamá no es España y parece evidente que la Ley de Contratos del Estado en nuestro país es una rémora que conviene soltar cuanto antes. 

L. de Guereñu Polán.