ELECCIONES CONSTITUYENTES.

El quebranto moral que ha contaminado la vida política y actores significativos de la misma, la grave degradación del tejido democrático afectando el crédito de sus instituciones y los mecanismos de participación, hace inviable en una situación que necesita una catarsis severa, se zurza con la reforma puntual de algunos artículos de la Constitución. Sin cuestionar la legitimidad ni los servicios prestados, su agotamiento es visible y su funcionalidad en gran medida obsoleta. Es hora de dar la palabra al pueblo como único protagonista legítimo. Abrir un proceso constituyente que de paso a la regeneración democrática. Una regeneración que bajo ningún concepto será posible de las manos de quienes nos llevaron a la situación actual, por su autoría, su complicidad o su lenidad. Ni tienen legitimidad para ello, ni mucho menos credibilidad.

 Refundar una democracia que el tiempo terminó haciéndola rehén de la Transición, en vez de usarla como horma para elaborar el calzado para caminar en tiempos distintos. Un proceso constituyente que engendre desde lo positivo de estas últimas cuatro décadas una nueva Carta Magna o una reforma profunda de la misma, que recoja las demandas acordadas libremente tanto sobre la forma de estado, el diseño territorial y la convivencia de los territorios, el de las administraciones y la atención a las necesidades que acucian a la población. Que recupere la ética política como punto de partida.

Los déficits de nuestra democracia han ido como hidras venenosas, pegándose al entramado político, propiciando una corrupción que amenaza sistémica. Son la corrupción y una crisis no solo no resuelta, (aquella parte de la misma que se ha abordado, lo ha sido extorsionando a las clases más desfavorecidas), lo que ha disparado todas las alarmas y todas las preocupaciones posibles. Más si cabe cuando el jefe del ejecutivo, tras intentar despacharla como tema menor, luego pide disculpas tan poco sinceras como parcas, para terminar enrocándose en el bunquer de su mayoría para negarse  a tratar el tema en sede parlamentaria..  

Tanto los partidos que la sostienen, como la propia Corona, un entramado afín a los vicios y modos de la primera Restauración, y que apunta un horizonte estéril como el de aquella, se oponen a cualquier reforma que ponga en riesgo sus prerrogativas o la permanencia de la jefatura del estado en la forma actual. La única salvedad ha sido en una circunstancia, la que con alevosía y nocturnidad se pactó al dictado de Bruselas  y su doctrina financiera, un rejonazo letal a los derechos ciudadanos.    

Las próximas elecciones generales a un año vista, -pues no cabe esperar  un mínimo de dignidad cívica del jefe del ejecutivo para cancelar una legislatura que se está volviendo ominosa-, deben tener carácter constituyente. Cuyo único objetivo sea elegir representantes para elaborar el nuevo texto constitucional o una reforma de gran calado de la actual, dando paso a unas elecciones legislativas a continuación. Los temas que acechan, territoriales, degradación moral y corrupción insoportable en niveles muy diversos, desprestigio de los llamados a administrar los intereses del común, desigualdad creciente, deterioro imparable del estado social y de derecho, habrán de cancelarse en una revolución democrática y pacífica. De dialogo y participación. Que canalice reposadamente la ira, la indignación, y la rabia que inunda la sociedad ante la impudicia de un gobierno alejado hasta el extremo de la honorabilidad e insensible a una enmienda más allá de lo cosmético. De amnistías fiscales a quienes más burlan sus responsabilidades cíviles y contributivas. De una vergonzosa subordinación a los mercados laminando derechos logrados con el sacrificio de generaciones…De esa desigualdad brutal que nos une a Letonia como ejemplos de desigualdad en la UE y que permite que 20 familias sumen lo mismo que pueden disponer catorce millones de ciudadanos. Y también, que evite efectos pendulares populistas de etiología no determinable.

Un proceso constituyente que restaure la dignidad del Estado. Que devuelva la credibilidad a la política. Que determine los derechos que queremos reconocernos como ciudadanos. Que estos sean sujetos activos en la toma de decisiones. Que permita armonizar sin estridencias la concordia de naciones y territorios que conviven en España. Un proceso constituyente, que a diferencia del de 1978, sea plenamente civilista. Sin interferencias ni mediatizaciones de elementos ajenos a la voluntad popular, sean estas de carácter financiero, militar, eclesiástico o corporativos. 

Un proceso que abra un camino democrático para continuar transitando en Libertad por el Siglo XXI. Pero también con Solidaridad y una mayor Igualdad. Un estado, laico, donde la educación sea un valor positivo, transparente, fraternal, democrático,  socialmente justo…Un estado republicano.

Antonio Campos Romay