Dos fábricas de Pontevedra

Varias empresas controlan las dos fábricas que dan más empleo en la ciudad de Pontevedra y pueblos adyacentes: la portuguesa CUF produce cloro en ELNOSA. La propiedad accionarial de ENCE (fábrica de pasta para papel) se reparte entre “Free float” (45,7%) y “Retos Operativos XXI S. L.” (26,5 %). Otros seis accionistas se reparten el resto del capital con porcentajes mucho menores. 

 

Cuando hace ya mucho tiempo, en pleno franquismo, se permitió la ubicación de estas empresas al borde de la ría de Pontevedra, entre esta ciudad y Marín, fue un error mayúsculo, pues ha impedido que las dos poblaciones se extendieran acercándose entre sí, con lo que ello tiene de ventaja en cuanto al disfrute común de determinados servicios, sobre todo urbanísticos. Es cierto que la topografía no ayudaría, pero tenemos ejemplos en Galicia y fuera de ella donde las ciudades se han extendido superando barreras físicas. Un galleguista colaborador del franquismo permitió, como alcalde, la ubicación que es objeto de tantas controversias, pero es comprensible cuando en aquella época no existía planificación urbanística, no se establecían polígonos dotados con los servicios necesarios y era el reino de la improvisación y la arbitrariedad. 

 

Además, durante décadas, los vertidos de la fábrica de pasta han perjudicado a la ría, llevando un encendido debate entre la población sobre la destrucción de puestos de trabajo en el marisqueo, aunque la empresa daba empleo a cientos de trabajadores de forma directa o indirecta dinamizando, además, el sector forestal. En cuanto a la fabricación de cloro en un punto tan próximo a dos poblaciones, es un riesgo que ya ha tenido algún siniestro por escape de gases nocivos, pero lo cierto es que la tecnología de ambas empresas ha ido mejorando las carencias de una etapa en la que no había controles de ningún tipo. Ahora sí los hay.

 

ENCE pasó por varias propiedades: el Estado, Caixa Galicia, otros accionistas y ahora los citados arriba. Aunque la empresa asegura que da empleo a más de 5.000 trabajadores (entre los directos y los indirectos) seguramente son bastantes menos, pero no pocos para los tiempos que corren, con unas tasas de paro endemoniadas. Se puede denunciar –con razón- la ubicación de estas empresas, se puede denunciar la contaminación que han ocasionado durante décadas e incluso el riesgo de posibles emanaciones de ELNOSA que afecten fatalmente a la población, pero no se puede cuestionar que hay un problema social no resuelto si estas fábricas son clausuradas. 

 

Cuando se han de tomar decisiones políticas, lo normal es que el camino a seguir no sea recto, sino sinuoso y teniendo que contemplar aspectos distintos. Dicho lo anterior, hay que decirle al Ayuntamiento de Pontevedra, a la Xunta de Galicia y al Gobierno del Estado, que los cientos de trabajadores que reciben un salario por el trabajo realizado en esas empresas es también un asunto a contemplar. Si las fábricas se clausuran ¿que pasa con los puestos de trabajo y las familias que viven de ellos? 

 

Es razonable que los sindicatos –al unísono- estén a favor de la permanencia de las fábricas donde están, porque su función es defender a los trabajadores. En esta tesitura está también la Confederación Intersindical Galega, afín al gobierno municipal de Pontevedra. El alcalde, por su parte, se ha empeñado en dejar algún día el puesto con la medalla de haber eliminado estas empresas de la ría, con lo que un sector de la población le haría los correspondientes homenajes. Pero nada dice el regidor de los puestos de trabajo que se destruirían, porque las empresas aseguran –en actitud de prepotencia inadmisible- que ese no es su asunto.

 

Si Pontevedra contase con un polígono industrial capaz de ubicar a estas empresas –lo que no es el caso- que han de ser suministradas con grandes cantidades de agua, con accesos, alumbrado, alcantarillado y otros servicios, las instituciones públicas arriba citadas, también la Diputación Provincial y la Unión Europea, podrían hacer un esfuerzo inversor para compensar los gastos del traslado, pero para ello habría que contar con el acuerdo de trabajadores (sindicatos) y patronal, cosa que no se ve fácil por lo que hasta ahora se ha comprobado. Creo que liderar una política de gran alcance como la descrita es la misión de un regidor, no solamente vociferar al frente de las manifestaciones.

 

En mi opinión solo una solución que atienda a todos los factores indicados, los medioambientales, los urbanísticos, los sociales y los económicos (porque en las dos fábricas hay grandes inversiones hechas, incluso por parte del Estado) es justa. Lo demás es emponzoñarse en los Tribunales, lo que ya se ha anunciado, empecinado el partido que aún gobierna España en poner todas las trabas simplemente para jorobar. 

L. de Guereñu Polán.