Creo que el primero fue José Luís
Peñas, concejal del PP en Majadahonda quien en noviembre de 2007 denunció ante
la Fiscalía Anticorrupción lo que hoy conocemos como “Caso Gurtel”. Antes
informó a sus superiores en el partido, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, pero
no le hicieron caso, aunque la denuncia ante la fiscalía siguió su curso.
Luego fue Ana Garrido Ramos,
funcionaria del ayuntamiento de Boadiilla del Monte, que aportó informes
relevantes para la investigación del Caso Gurtel. Sufrió un fuerte acoso
laboral y acabó marchándose a Costa Rica. De regreso a España, hoy está sin
trabajo y sin recursos.
Particularmente importantes
fueron y lo siguen siendo las declaraciones e informes del ex tesorero del PP,
Luís Bárcenas, hoy en la cárcel, y cuyas informaciones y documentos han
producido una pieza separada dentro de la propia Gurtel.
Más recientemente, en Valencia,
destacan las extensas confesiones a la policía del “arrepentido” Marcos
Benevent, ex gerente de la empresa pública IMELSA y ex alto cargo del PP
valenciano.
Decisivas y demoledoras están
siendo las informaciones de David Marjaliza, empresario de la construcción, ex
socio de Francisco Granados (ex secretario general del PP de Madrid y ex Consejero
de la Presidencia con Esperanza Aguirre). Sus informaciones sobre el “Caso Púnica” fueron facilitadas a la
policía tras un acuerdo con el fiscal a cambio de reducción de penas.
Por lo que respecta al caso Noos,
decisivas y demoledoras también han sido las declaraciones de Pepote Ballesteros, ex director general de deportes
del gobierno balear, y de Antonio Tejeiro, ex contable de Noos, ambas fruto de
los respectivos acuerdos con el fiscal para decir la verdad a cambio de
reducciones de pena.
Llama poderosamente la atención
la reiterada afirmación de Mariano Rajoy, incluso en el Congreso de los
Diputados, diciendo que de las acusaciones de Bárcenas sobre financiación
fraudulenta y prácticas corruptas del PP, “no se podría probar nada”, de manera
que todas serían falsedades, mentiras de un tramposo y de un ladrón. La
destrucción en sede del PP de los discos duros del ordenador de Bárcenas, y
sobre todo las evidencias puestas de manifiesto por las investigaciones
judiciales, han llevado a que todos los tesoreros de este partido, y el propio
PP estén hoy acusados de prácticas corruptas y financiación ilegal.
Cuando Mariano Rajoy decía que
nada se podría probar, aquello tenía para muchos un punto de afirmación
mafiosa e incluso bravucona, sin duda
basada fundamentalmente en la ley del silencio. El que es pillado y procesado
paga por ello, pero no denuncia al superior, ni al amigo, ni al compañero de
partido. A cambio el partido lo defiende y lo protege, a él y a los suyos. Pero además son necesarios otros elementos
igualmente decisivos: el más importante es el de mantener el poder, como sea,
pues el poder es el que permite pedir y pagar favores, premiar y castigar, acceder
a la gestión del dinero pùblico, a tomar
decisiones administrativas y políticas, así como nombrar y destituir a los
responsables de las grandes instituciones del estado. Otro elemento decisivo es
la prensa, los medios de comunicación públicos y privados, y finalmente la
propia justicia, los jueces y fiscales.
Cuando Mariano Rajoy decía que
nada se podría probar, sabía lo que decía, porque era consciente del enorme
poder que tenía entonces en sus manos. Cuando el director del periódico “Xornal
de Galicia” se atrevió no solo a publicar unas fotos de Rajoy en la cubierta de
un barco de narcotraficantes, sino a mantener una línea informativa crítica con
los gobiernos del Partido Popular en Galicia y en Madrid, tuvo que cerrar.
Dicen que su propietario un conocido constructor gallego recibió amenazas
graves para sus empresas y actividades. La medida afectó a todo el grupo editorial
“A Nosa Terra” abocándolo al cierre y consiguiente desaparición de sus
publicaciones. No fue un caso aislado, igual sucedió con el Diario Público de
tirada nacional, y con otras publicaciones y editoriales existentes en diversas
comunidades autónomas. La presión sobre los restantes medios también fue
intensa en un momento de dificultades (Eres, Créditos, Publicidad, Subvenciones
y ayudas directas, etc.). Son muchas las personas que piensan que en materia
informativa el país está amordazado y desinformado y que únicamente circula
información solvente sobre temas importantes en internet.
Cuando el Juez Baltasar Garzón, abrió
investigaciones serias, e imputó a altos cargos del PP en Madrid y en Valencia,
acabó siendo expulsado de la carrera judicial. Le echaron la culpa a su famoso
auto sobre los crímenes del franquismo, pero muchos pensamos que la verdadera
razón fue la Gurtel. Igual suerte correría luego el Juez Elpidio Silva a raíz
del caso Blesa y del caso Bankia. A mayores, alguien se ocupo de que aparecieran
en los medios, informaciones con ánimo de vilipendiarlos y calumniarlos. En
febrero del 2015 dimitía el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce,
aparentemente por diferencias con el Gobierno en materia de actuaciones en
Cataluña, pero a juicio de muchos observadores por la permanente intromisión
del gobierno en sus asuntos y los intentos de manipulación de la Fiscalía
General por parte del Gobierno. Recientemente, jueces próximos a la alta dirección
del PP, en concreto Enrique López y Concepción Espejel, pretendieron ser los
encargados de juzgar el Caso Bárcenas, sobre financiación de este partido,
siendo finalmente apartados por las autoridades judiciales.
Después de muchos meses de silencio, las
autoridades judiciales parecen estar acelerando los procesos una vez celebradas
las elecciones generales. Esperanza Aguirre dimite como Presidenta del PP en la
comunidad de Madrid. Todos los concejales del PP en Valencia son imputados,
menos la Ex Alcaldesa Rita Barberá, tal vez por su condición de senadora y
aforada. Una nueva dirección toma las riendas del partido en Valencia, a la que
Rita Barbera advierte: “Cuidado con lo que decís. Recordad que estáis ahí
porque yo di la cara por vosotros”. Alfonso Grau, ex Vicealcalde del PP en
Valencia y mano derecha de Rita Barberá, imputado en tres causas, es detenido y
encarcelado.
La trama se agrieta, se
resquebraja, porque la ley del silencio empieza a romperse, aunque eso sí, ha
funcionado por lo que se ve durante más de 25 años. Ha sido la pérdida del
poder político en ayuntamientos y comunidades autónomas, y sobre todo la
expectativa clara de perder el gobierno del país, lo que está acelerando un
desmoronamiento de alcance imprevisible.
La corrupción, como el cáncer, es
un mal difícil de curar, sobre todo cuando las metástasis pudieron haber
infectado ya a instituciones fundamentales del Estado, lo que ha ocurrido nada
menos que con la Casa Real. Romper la omertá es condición imprescindible, y no
solo por parte de los directamente afectados, sino sobre todo por parte de los
grandes medios de comunicación y de un sector de los jueces y fiscales cautivos
del poder político que los nombró para los altos cargos que hoy desempeñan.
Xesús Mosquera Sueiro / 23 de
febrero 2016
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