martes, 23 de febrero de 2016

¿EL FIN DE LA OMERTÁ?


Creo que el primero fue José Luís Peñas, concejal del PP en Majadahonda quien en noviembre de 2007 denunció ante la Fiscalía Anticorrupción lo que hoy conocemos como “Caso Gurtel”. Antes informó a sus superiores en el partido, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, pero no le hicieron caso, aunque la denuncia ante la fiscalía siguió su curso.

Luego fue Ana Garrido Ramos, funcionaria del ayuntamiento de Boadiilla del Monte, que aportó informes relevantes para la investigación del Caso Gurtel. Sufrió un fuerte acoso laboral y acabó marchándose a Costa Rica. De regreso a España, hoy está sin trabajo y sin recursos.

Particularmente importantes fueron y lo siguen siendo las declaraciones e informes del ex tesorero del PP, Luís Bárcenas, hoy en la cárcel, y cuyas informaciones y documentos han producido una pieza separada dentro de la propia Gurtel.

Más recientemente, en Valencia, destacan las extensas confesiones a la policía del “arrepentido” Marcos Benevent, ex gerente de la empresa pública IMELSA y ex alto cargo del PP valenciano.

Decisivas y demoledoras están siendo las informaciones de David Marjaliza, empresario de la construcción, ex socio de Francisco Granados (ex secretario general del PP de Madrid y ex Consejero de la Presidencia con Esperanza Aguirre). Sus informaciones  sobre el “Caso Púnica” fueron facilitadas a la policía tras un acuerdo con el fiscal a cambio de reducción de penas.

Por lo que respecta al caso Noos, decisivas y demoledoras también han sido las declaraciones de Pepote  Ballesteros, ex director general de deportes del gobierno balear, y de Antonio Tejeiro, ex contable de Noos, ambas fruto de los respectivos acuerdos con el fiscal para decir la verdad a cambio de reducciones de pena.

Llama poderosamente la atención la reiterada afirmación de Mariano Rajoy, incluso en el Congreso de los Diputados, diciendo que de las acusaciones de Bárcenas sobre financiación fraudulenta y prácticas corruptas del PP, “no se podría probar nada”, de manera que todas serían falsedades, mentiras de un tramposo y de un ladrón. La destrucción en sede del PP de los discos duros del ordenador de Bárcenas, y sobre todo las evidencias puestas de manifiesto por las investigaciones judiciales, han llevado a que todos los tesoreros de este partido, y el propio PP estén hoy acusados de prácticas corruptas y financiación ilegal.

Cuando Mariano Rajoy decía que nada se podría probar, aquello tenía para muchos un punto de afirmación mafiosa  e incluso bravucona, sin duda basada fundamentalmente en la ley del silencio. El que es pillado y procesado paga por ello, pero no denuncia al superior, ni al amigo, ni al compañero de partido. A cambio el partido lo defiende y lo protege, a él y a los suyos.  Pero además son necesarios otros elementos igualmente decisivos: el más importante es el de mantener el poder, como sea, pues el poder es el que permite pedir y pagar favores, premiar y castigar, acceder a la gestión del dinero pùblico,  a tomar decisiones administrativas y políticas, así como nombrar y destituir a los responsables de las grandes instituciones del estado. Otro elemento decisivo es la prensa, los medios de comunicación públicos y privados, y finalmente la propia justicia, los jueces y fiscales.

Cuando Mariano Rajoy decía que nada se podría probar, sabía lo que decía, porque era consciente del enorme poder que tenía entonces en sus manos. Cuando el director del periódico “Xornal de Galicia” se atrevió no solo a publicar unas fotos de Rajoy en la cubierta de un barco de narcotraficantes, sino a mantener una línea informativa crítica con los gobiernos del Partido Popular en Galicia y en Madrid, tuvo que cerrar. Dicen que su propietario un conocido constructor gallego recibió amenazas graves para sus empresas y actividades. La medida afectó a todo el grupo editorial “A Nosa Terra” abocándolo al cierre y consiguiente desaparición de sus publicaciones. No fue un caso aislado, igual sucedió con el Diario Público de tirada nacional, y con otras publicaciones y editoriales existentes en diversas comunidades autónomas. La presión sobre los restantes medios también fue intensa en un momento de dificultades (Eres, Créditos, Publicidad, Subvenciones y ayudas directas, etc.). Son muchas las personas que piensan que en materia informativa el país está amordazado y desinformado y que únicamente circula información solvente sobre temas importantes en internet.

 Cuando el Juez Baltasar Garzón, abrió investigaciones serias, e imputó a altos cargos del PP en Madrid y en Valencia, acabó siendo expulsado de la carrera judicial. Le echaron la culpa a su famoso auto sobre los crímenes del franquismo, pero muchos pensamos que la verdadera razón fue la Gurtel. Igual suerte correría luego el Juez Elpidio Silva a raíz del caso Blesa y del caso Bankia. A mayores, alguien se ocupo de que aparecieran en los medios, informaciones con ánimo de vilipendiarlos y calumniarlos. En febrero del 2015 dimitía el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, aparentemente por diferencias con el Gobierno en materia de actuaciones en Cataluña, pero a juicio de muchos observadores por la permanente intromisión del gobierno en sus asuntos y los intentos de manipulación de la Fiscalía General por parte del Gobierno. Recientemente, jueces próximos a la alta dirección del PP, en concreto Enrique López y Concepción Espejel, pretendieron ser los encargados de juzgar el Caso Bárcenas, sobre financiación de este partido, siendo finalmente apartados por las autoridades judiciales.

 Después de muchos meses de silencio, las autoridades judiciales parecen estar acelerando los procesos una vez celebradas las elecciones generales. Esperanza Aguirre dimite como Presidenta del PP en la comunidad de Madrid. Todos los concejales del PP en Valencia son imputados, menos la Ex Alcaldesa Rita Barberá, tal vez por su condición de senadora y aforada. Una nueva dirección toma las riendas del partido en Valencia, a la que Rita Barbera advierte: “Cuidado con lo que decís. Recordad que estáis ahí porque yo di la cara por vosotros”. Alfonso Grau, ex Vicealcalde del PP en Valencia y mano derecha de Rita Barberá, imputado en tres causas, es detenido y encarcelado.

La trama se agrieta, se resquebraja, porque la ley del silencio empieza a romperse, aunque eso sí, ha funcionado por lo que se ve durante más de 25 años. Ha sido la pérdida del poder político en ayuntamientos y comunidades autónomas, y sobre todo la expectativa clara de perder el gobierno del país, lo que está acelerando un desmoronamiento de alcance imprevisible.

La corrupción, como el cáncer, es un mal difícil de curar, sobre todo cuando las metástasis pudieron haber infectado ya a instituciones fundamentales del Estado, lo que ha ocurrido nada menos que con la Casa Real. Romper la omertá es condición imprescindible, y no solo por parte de los directamente afectados, sino sobre todo por parte de los grandes medios de comunicación y de un sector de los jueces y fiscales cautivos del poder político que los nombró para los altos cargos que hoy desempeñan.

Xesús Mosquera Sueiro / 23 de febrero 2016


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