Regresión laboral en España
España, como otros países, puede estar saliendo de
la crisis en la que e sumió desde el año 2008, pero el crecimiento económico,
todavía insuficiente, no ha llegado a muchos millones de españoles. Lo saben
esos ciudadanos que no tienen empleo, que lo tienen pero con rentas muy bajas,
los que tienen un empleo temporal, los que han quedado en paro con más de
cuarenta años, los que no tienen cualificación suficiente en un mundo cada vez
más tecnificado y competitivo, pero lo sabe también la Organización
Internacional del Trabajo, que ha hecho diagnósticos muy
desfavorables para España, de lo cual son principales responsables el Gobierno
y los grupos a los que representa, el gran capital y un empresariado bastante
chapado a la antigua salvo excepciones.
Empecemos por las diferencias entre mujeres y
hombres: la OIT
estima que “en 2017, la tasa de actividad de las mujeres en España alcanzará el
52,1%, es decir, 12,1 puntos menos” que la de los hombres (64,2%). Si a esto
añadimos que en no pocas ocasiones a la mujer se le paga un salario inferior al
del hombre aunque realice el mismo trabajo, cabe preguntarse que ha hecho el
Gobierno para corregir esto. Nada: la inspección de trabajo sigue anclada en
las mismas fórmulas que hace cuarenta años.
Otro aspecto es el de las condiciones de trabajo en
algunos sectores, como por ejemplo el sanitario, donde se han reducido empleos
y algunos de estos son tan precarios como en el sector privado. La OIT ha propiciado una reunión
para tratar sobre este asunto (24 al 28 de abril en Ginebra) considerando que
dicho sector “se encuentra en una etapa de rápida transformación”. El Gobierno
de España, por el contrario, “externaliza” o privatiza servicios sanitarios y
entrega la gestión de centros públicos a
empresas privadas que, como es lógico, ante todo ponen el acento en sus
beneficios. En el verano se cerrarán camas y en muchos centros sanitarios se
habla de un empeoramiento del servicio como consecuencia de que la salud no es
una prioridad para el Gobierno español. Los participantes en dicha reunión
“destacaron la importancia del sector de salud para la creación de empleos y el
crecimiento económico inclusivo”, así como su potencialidad para contribuir a
los objetivos de la Agenta
2030 de Desarrollo Sostenible.
No hablemos de la ecologización en el trabajo, a lo
que está completamente ajeno el Gobierno de España. Es un asunto que afecta a
la “transición” que se está viviendo en algunos países en relación con el
calentamiento global, la migración laboral y la necesaria coordinación entre
desarrollo y sostenibilidad: puede buscarse en las páginas de varios
ministerios lo que sobre este asunto se está haciendo en España y se verá que
se ignora por completo.
Si a esto unimos la legislación laboral que el Gobierno
español ha aprobado cuando disponía en la Cortes de mayoría absoluta, haciendo desaparecer
casi por completo la negociación colectiva, propiciando la precariedad en el
empleo y el que muchos de estos sean el resultado de que el trabajador acepte
trabajar por cuenta ajena pero figurando como autónomo (es decir, costeando él la Seguridad Social)
las cosas están claras para quien quiera verlo. Se han amortizado plazas en la
enseñanza pública, de forma que ha aumentado el número de alumnos por aula (con
lo que se viola el principio de atención a la diversidad), se ha ido reduciendo
el número de profesores de pedagogía terapéutica, se prima a los centros
privados en detrimento de los públicos y la enseñanza concertada goza de dos
fuentes de financiación, la estatal y la propia (aún estando esta última
prohibida) pues la Alta Inspección
del Estado, casi la única competencia que le queda a la Administración
central en esta materia, deja hacer…
Lejos quedan las máximas de que el trabajador
produce más si se siente copartícipe de los beneficios de la empresa, si ve al
empresario como lo que debiera ser y no como un patrón, que el Gobierno debe de
ser no solamente árbitro, sino agente que corrige y sanciona los abusos en el mundo
del trabajo.
L. de Guereñu Polán.
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