Muchos hablan de
que la técica, que se ha venido generalizando en los últimos veinte o treinta
años, tiene efectos sobre las condiciones de trabajo, por lo que la
readaptación de los trabajadores a trabajos distintos, aunque más o menos
relacionados, es una necesidad imperiosa, así como tener una formación más
versátil para poder encontrar empleo de mayor calidad. Pero ¿que hacen los
estados para facilitar esto? Se encuentran muy por detrás de las necesidades
actuales.
Por ejemplo, el
mercado laboral español, según los especialistas, no está preparado para
combatir el desempleo estructural, es decir, aquel que no depende de una
coyuntura determinada. La segmentación es otro de los problemas, que está en
relación con lo dicho en el primer párrafo, lo que impide el aumento de los
salarios reales: es bien sabido que en una economía de mercado (que no tiene
por que ser considerada la mejor) la abundancia de mano de obra en un
determinado sector abarata los salarios, mientras que los estados no están
actuando para proteger el empleo, para incentivar la contratación indefinida.
Por si ello fuese poco la negociación colectiva en España, por ejemplo, ha sido
herida de muerte tras las reformas hechas durante la época de mayoría absoluta
del Partido Popular, y ahora que está en minoría, la izquierda se encuentra
entretenida en otras cosas.
Otro asunto es
la indecencia de muchos trabajos que se realizan hoy en el mundo –más aún en el
desarrollado- habiendo sido abandonado el concepto tradicional de trabajo, al
tiempo que todavía no hay estudios suficientes sobre los efectos de la
creciente robotización del trabajo. Particular sufrimiento espera –cuando no se
da ya- a las mujeres, más aún las discapacitadas, que tienen derecho a
participar en el mercado laboral (aunque hay partidos y colectivos que lo
nieguen de “facto”). Estas mujeres tienen mayores dificultades para conservar
sus trabajos y son objeto de una doble discriminación, pues en casos concretos
realizan trabajos que, inicialmente, no estaban destinados a ellas.
En España,
recurrentemente, se insiste en la necesidad de una mayor inversión en I más D
en relación con el impacto de la digitalización de la producción sobre las
instituciones del Derecho del Trabajo (Carolina San Martín), pero ya hay
estudios sobre la transición a un economía digital, siendo necesaria la
formación de los trabajadores para evitar la segregación que ahora sufren
muchos colectivos. Se habla de los “crowdworking” donde los trabajadores, por
cuenta ajena o autónomos, puedan compartir sus experiencias digitales para
ayudarse mutuamente, pero las instituciones públicas en España, particularmente
en Galicia, ni idea tienen de esto.
La
digitalización en España se encuentra menos desarrollada que en otros países (a
no ser para perder el tiempo con estupideces) lo que constituye una barrera
para la creación de empleo (a partir de los beneficios que aporta), pero esa
digitalización no será posible en el mercado laboral mientras la precarización
del empleo sea tan abusiva como en España. Es mentira que en nuestro país se
crea empleo, lo que se crean son puestos de trabajo para unas semanas, de escasa
o nula cualificación para un mercado laboral no cualificado… salvo el que sale
fuera del país o reducidos colectivos que escapan a la norma general. Un
ministerio de Trabajo nulo en el estudio y conocimiento de estas cuestiones
agrava la situación (no hay más que entrar en la página en Internet del ministerio citado).
Puede parecer
que me ensaño (inútilmente) con un Gobierno conservador y egoísta, atento solo
a resultados engañosos elaborados por sus agentes estadísticos, pero el
empoderamiento de los trabajadores, en España está, también, muy por detrás que
en otros países europeos. Una vez más son las mujeres las más perjudicadas
porque no se ha hecho el esfuerzo suficiente para conciliar la vida familiar y
laboral (no pensemos en las funcionarias o ejecutivas, sino en las empleadas de
supermercados, las limpiadoras de hotel y otros colectivos por el estilo). Hay
una brecha salarial entre mujeres y hombres que está fuera de toda lógica, de
toda justicia y de toda legalidad, mientras que el Gobierno mantiene a un cuerpo
de Inspectores de Trabajo bajo mínimos de sus potencialidades.
Hay
especialistas que, para entender el momento actual del trabajo, parten del
contexto histórico y del de las relaciones de género. Si el trabajo no es
regulado, si es dejado al libre albedrío del empresariado, si el trabajo no es
protegido por el Estado, y no lo es en muchos países, la debilidad actual del
movimiento sindical no será capaz de sacar a los trabajadores del círculo
vicioso en que se encuentran. No lo han pedido ellos, se le ha impuesto, tanto
por razones objetivas (tecnología) como subjetivas: egoísmo y avidez de unos
pocos controladores de los grandes centros de la economía.
Esto del libre
comercio, digámoslo claro, sin regular por parte de poderosas instituciones
estatales, es un factor de emprobrecimiento para la inmensa mayoría y para la
acumulación incesante de la riqueza en unas pocas familias, que a su vez tienen
a otras subsidiarias de ellas. Y ¿que hace la OIT? Pues se ve superada por el
poder de las grandes corporaciones, por las decisiones de mandatarios como
Trump y por la inercia del mercado globalizado. O los partidos socialistas
trabajan en el plano internacional para reformar la OIT en el sentido de sus orígenes, adaptada a las necesidades actuales, o este
organismo quedará obsoleto.
La necesidad de
producir contaminando menos –empleo verde- hace necesario que los estados
intervengan, no pueden dejar este asunto a la iniciativa privada, que tiene un
objetivo primordial, su cuenta de resultados. Los nuevos procesos productivos
que son necesarios para ese empleo verde, exigen también una preparación
diferente y más cualificada de los trabajadores… otra vez el Estado como
protagonista o como aliado de la inercia del mercado.
No quiero
extenderme más, pero han ido apareciendo nuevas formas de trabajo que
significan neoexplotaciones inmisericordes: sin contratos, sin cotizaciones,
sin seguros de desempleo por tanto, “trabajo colaborativo” se le llama
eufemísticamente, pero es una miseria más de la humanidad por parte de los
explotadores de siempre. Salarios bajos, inseguros, sin garantías para el
futuro. Si no se cotiza a los veinte o treinta años –al Estado o a un fondo de
pensiones- ¿que jubilación cabe esperar? ¿que futuro se está construyendo desde
despachos lejanos pero bien conocidos?
L. de Guereñu
Polán.
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