Como secretario general de
UGT, llevo ya algo más de dos años denunciando que en nuestro país hay
muchos trabajadores y trabajadoras que van a trabajar cada mañana
después de tener que pasar la noche en un cajero o en un albergue.
Muchas veces, al denunciar esta situación, sé que me han mirado como si
estuviese diciendo una barbaridad o estuviese exagerando. Sin embargo,
este fin de semana pasado pude ver en La Sexta un reportaje de Equipo de
Investigación que hablaba, precisamente, sobre los trabajadores sin
techo.
Pese a la recuperación macroeconómica que el país viene teniendo en los últimos tiempos, con una economía que crece a ritmos del 3%, con empresarios que obtienen más beneficios que en 2008, o con sueldos de directivos y consejeros que crecen cada vez más, en España se ha instalado con fuerza el concepto de ‘trabajadores pobres’. Este es uno de los ejemplos, entre muchos otros (como el millón y medio de desempleados -casi la mitad del total- sin prestaciones, los jóvenes en paro -uno de cada dos-, o las familias con todos sus miembros parados o los hogares sin ningún tipo de ingresos, más de un millón en ambos casos), de que hay personas en nuestro país que no pueden esperar a que el nuevo Gobierno aterrice. Necesitan cambios y decisiones de forma inmediata, no podemos, no pueden esperar a los famosos 100 días de gracia.
La precariedad se ha adueñado de cientos de miles de personas y sus hogares, que ven como el salario que perciben apenas les sirve para llegar a fin de mes. Familias que deben compartir techo (hijos en edad de trabajar, padres, abuelos…) para poder tener una cierta capacidad adquisitiva para poder vivir. Los contratos de miseria se han extendido en una sociedad que necesita de forma inmediata que se reparta la riqueza que se genera. Como en el caso de las pensiones, que durante muchos años han mantenido a millones de hogares con todos sus miembros en paro, han visto cómo perdían poder adquisitivo año a año con unos ¿incrementos? ridículos que empobrecen cada vez más a nuestros mayores.
Y probablemente durante el verano se hace más evidente esta pobreza. Muchísimos trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el sector servicios, son sometidos a indignantes, excesivas e ilegales jornadas laborales a cambio de un sueldo indigno. Se crea un empleo precario y temporal que no ayuda en nada a la recuperación económica pero sobre todo al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora que acaba de terminar la campaña de la Renta 2018, hay que volver denunciar, un año más, que un tercio de los españoles ha declarado que sus ingresos anuales son inferiores al salario mínimo interprofesional.
Necesitamos medidas urgentes
Hace pocos días nos reunimos con el Presidente Pedro Sánchez, y le volvimos a trasladar nuestra preocupación acerca de este tema. Después de muchos años de bloqueo de la negociación, la firma del ‘IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva’ nos ha permitido vislumbrar un futuro nuevo, donde la recuperación de derechos y de salarios permita avanzar a una sociedad que se ha quedado estancada y que en algunas cuestiones ha experimentado un retroceso. Si de verdad queremos avanzar, debemos hacer grandes esfuerzos en cuanto a la temporalidad y la precariedad. Y es necesario abordar la cuestión del salario mínimo en convenio de 1.000 euros de forma enérgica.
Cabe recordar que dicho acuerdo contempla el diálogo tripartito con el Gobierno, que debe ser clave para poder avanzar conjuntamente en el bien de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Pero para ello, necesitamos medidas inmediatas y urgentes. Un ejemplo es el Plan Director que la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, nos ha propuesto. Un plan que está lleno de buenos deseos, pero que necesita cambios. La potenciación de la Inspección de Trabajo debe convertirse en una prioridad para acabar con esta precariedad, y superar sus problemas debido a su saturación y falta de recursos humanos y económicos.
La convocatoria de plazas, por ejemplo, es un proceso lento y, a veces, ineficiente. En la última convocatoria el 50% de las plazas quedaron desiertas por no llegar los aspirantes a la nota necesaria para acceder. No podemos esperar a que se creen nuevas plazas y es necesario actuar ya.
Y queremos fijar también las condiciones del trabajador indefinido. No vamos a permitir, como se ha hecho hasta ahora, que una empresa, que se haya ha tenido contratado fraudulentamente a un trabajador o trabajadora, y que, tras ser sancionada, lo contrate con carácter indefinido y a los dos días lo despedida, porque le resulta muy barato y fácil hacerlo. Queremos que durante los dos primeros años ese despido sea de carácter nulo.
No podemos olvidar a todos esos trabajadores y trabajadoras que no tienen la oportunidad de trabajar, y que encima en la mitad de los casos no tienen cobertura. A la mitad de esos jóvenes que están parados y no encuentran trabajo y desarrollarse vitalmente. O de esos cientos de miles de hogares sin ingresos o de familias con todos sus componentes en el desempleo. Hay que darles una solución ya. Hay que cambiar urgentemente el sistema de protección por desempleo y el social, hay que derogar las normas que lo han convertido en un sistema ineficaz y además indigno, activar los programas y las políticas de empleo eficaces y aprobar, de una vez por todas, la Ley de Ingresos Mínimos impulsada por UGT y CCOO y que daría esperanzad a millones de personas.
El último año la sociedad ha sufrido grandes cambios. Los trabajadores y trabajadoras han tomado la calle para pedir la recuperación de derechos, la igualdad, unas pensiones dignas… Hemos conseguido una subida del Salario Mínimo Interprofesional y también un buen acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. No nos vamos a detener aquí. UGT cumplirá el próximo día 12 de agosto 130 años desde su fundación. Desde el principio hemos defendido los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y vamos a continuar haciéndolo. Los ciudadanos y las ciudadanas no se merecen menos.
José Alvarez, Secretario General
Pese a la recuperación macroeconómica que el país viene teniendo en los últimos tiempos, con una economía que crece a ritmos del 3%, con empresarios que obtienen más beneficios que en 2008, o con sueldos de directivos y consejeros que crecen cada vez más, en España se ha instalado con fuerza el concepto de ‘trabajadores pobres’. Este es uno de los ejemplos, entre muchos otros (como el millón y medio de desempleados -casi la mitad del total- sin prestaciones, los jóvenes en paro -uno de cada dos-, o las familias con todos sus miembros parados o los hogares sin ningún tipo de ingresos, más de un millón en ambos casos), de que hay personas en nuestro país que no pueden esperar a que el nuevo Gobierno aterrice. Necesitan cambios y decisiones de forma inmediata, no podemos, no pueden esperar a los famosos 100 días de gracia.
La precariedad se ha adueñado de cientos de miles de personas y sus hogares, que ven como el salario que perciben apenas les sirve para llegar a fin de mes. Familias que deben compartir techo (hijos en edad de trabajar, padres, abuelos…) para poder tener una cierta capacidad adquisitiva para poder vivir. Los contratos de miseria se han extendido en una sociedad que necesita de forma inmediata que se reparta la riqueza que se genera. Como en el caso de las pensiones, que durante muchos años han mantenido a millones de hogares con todos sus miembros en paro, han visto cómo perdían poder adquisitivo año a año con unos ¿incrementos? ridículos que empobrecen cada vez más a nuestros mayores.
Y probablemente durante el verano se hace más evidente esta pobreza. Muchísimos trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el sector servicios, son sometidos a indignantes, excesivas e ilegales jornadas laborales a cambio de un sueldo indigno. Se crea un empleo precario y temporal que no ayuda en nada a la recuperación económica pero sobre todo al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora que acaba de terminar la campaña de la Renta 2018, hay que volver denunciar, un año más, que un tercio de los españoles ha declarado que sus ingresos anuales son inferiores al salario mínimo interprofesional.
Necesitamos medidas urgentes
Hace pocos días nos reunimos con el Presidente Pedro Sánchez, y le volvimos a trasladar nuestra preocupación acerca de este tema. Después de muchos años de bloqueo de la negociación, la firma del ‘IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva’ nos ha permitido vislumbrar un futuro nuevo, donde la recuperación de derechos y de salarios permita avanzar a una sociedad que se ha quedado estancada y que en algunas cuestiones ha experimentado un retroceso. Si de verdad queremos avanzar, debemos hacer grandes esfuerzos en cuanto a la temporalidad y la precariedad. Y es necesario abordar la cuestión del salario mínimo en convenio de 1.000 euros de forma enérgica.
Cabe recordar que dicho acuerdo contempla el diálogo tripartito con el Gobierno, que debe ser clave para poder avanzar conjuntamente en el bien de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Pero para ello, necesitamos medidas inmediatas y urgentes. Un ejemplo es el Plan Director que la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, nos ha propuesto. Un plan que está lleno de buenos deseos, pero que necesita cambios. La potenciación de la Inspección de Trabajo debe convertirse en una prioridad para acabar con esta precariedad, y superar sus problemas debido a su saturación y falta de recursos humanos y económicos.
La convocatoria de plazas, por ejemplo, es un proceso lento y, a veces, ineficiente. En la última convocatoria el 50% de las plazas quedaron desiertas por no llegar los aspirantes a la nota necesaria para acceder. No podemos esperar a que se creen nuevas plazas y es necesario actuar ya.
Y queremos fijar también las condiciones del trabajador indefinido. No vamos a permitir, como se ha hecho hasta ahora, que una empresa, que se haya ha tenido contratado fraudulentamente a un trabajador o trabajadora, y que, tras ser sancionada, lo contrate con carácter indefinido y a los dos días lo despedida, porque le resulta muy barato y fácil hacerlo. Queremos que durante los dos primeros años ese despido sea de carácter nulo.
No podemos olvidar a todos esos trabajadores y trabajadoras que no tienen la oportunidad de trabajar, y que encima en la mitad de los casos no tienen cobertura. A la mitad de esos jóvenes que están parados y no encuentran trabajo y desarrollarse vitalmente. O de esos cientos de miles de hogares sin ingresos o de familias con todos sus componentes en el desempleo. Hay que darles una solución ya. Hay que cambiar urgentemente el sistema de protección por desempleo y el social, hay que derogar las normas que lo han convertido en un sistema ineficaz y además indigno, activar los programas y las políticas de empleo eficaces y aprobar, de una vez por todas, la Ley de Ingresos Mínimos impulsada por UGT y CCOO y que daría esperanzad a millones de personas.
El último año la sociedad ha sufrido grandes cambios. Los trabajadores y trabajadoras han tomado la calle para pedir la recuperación de derechos, la igualdad, unas pensiones dignas… Hemos conseguido una subida del Salario Mínimo Interprofesional y también un buen acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. No nos vamos a detener aquí. UGT cumplirá el próximo día 12 de agosto 130 años desde su fundación. Desde el principio hemos defendido los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y vamos a continuar haciéndolo. Los ciudadanos y las ciudadanas no se merecen menos.
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