Ladrones legales

 

Hay uno que se ha puesto un sueldo de 1,6 millones de euros anuales valiéndose de su posición de poder en un banco español. No es el único. Hay otros que se reparten ingentes cantidades de dinero mientras se despide a miles de asalariados en el citado sector económico. El Estado deberá correr con los costes de este desafuero.

Se trata de ladrones legales por paradójico que parezca. Como el mundo es una inmensa paradoja, pues las contradicciones están a la orden del día, siempre han existido ladrones legales. El ulema, basándose en su poder judicial, robaba con el permiso del sultán, del califa o del emir. El emir también solía robar a partir de los botines de guerra, pero no descartaba otras formas. La Iglesia católica ha robado lo suyo, sobre todo desde que se hizo con un patrimonio en el siglo IV y luego creyó que era misión divina acrecentarlo sin miramientos.

Cuando la Iglesia inmatricula bienes inmuebles, por los que luego no paga impuestos, está actuando con toda lógica: si no paga impuestos ¿por qué no inmatricularlos? El caso de los banqueros de todo el mundo (aquí nos interesan los españoles) clama al cielo. Han sido malos gestores y han hundido a no pocas entidades, se comen unas a otras sin escrúpulos porque esa es la lógica del sistema y por razones de “productividad”. Por estas mismas razones cobran comisiones a los ahorradores, modestos o no, cobran por anular una cuenta, por utilizar el servicio de caja para sacar cantidades menores que las determinadas por los dueños de los bancos, y así sucesivamente.

Hay un banco español que ha comunicado a sus clientes procederá a un “ajuste de condiciones” unilateralmente: dentro de unas pocas semanas los ahorradores deben cumplir una serie de condiciones si no quieren pagar comisiones nuevas. El cliente ha de tener domiciliada su nómina de cuantía no menor de 800 E, o una pensión de cuantía no menor de 300 E; ha de tener al menos cinco cargos de recibos durante un determinado número de meses, o ha de realizar al menos siete compras con una tarjeta de crédito que el ahorrador puede no necesitar.

Para evitar el pago de comisiones, los ahorradores –en el banco aludido- han de solicitar un préstamo (aunque no lo necesiten), o suscribir una hipoteca (aunque no lo deseen), o tener un fondo de rentas determinadas.

Para no pagar comisiones el banco aludido exige que los ahorradores realicen ingresos de al menos 800 E… y así podríamos seguir.

De esta manera los ladrones legales pueden ponerse sueldos millonarios sin que el Banco de España (el banco de bancos), que tiene la obligación de combatir estas prácticas, se mueva, porque el principal regulador del banco, el gobernador, también se reparte pingües sueldos con sus compinches. El Gobierno, por su parte, lanza a una de sus vicepresidentas a denunciar lo dicho anteriormente, pero la alto cargo gubernamental no dice nada sobre las medidas que va a adoptar para combatirlo. No debemos olvidar que hay bancos donde el Estado tiene representación en sus consejos de administración, ya porque tiene activos depositados en ellos, ya porque la banca española ha sido rescatada con una millonada de euros que no ha devuelto.

En vez de devolver el dinero que ha servido para salvar al sistema financiero español, se destina a los suculentos sueldos de los ladrones legales. Debiera ser un clamor de los partidos neófitos y de los consagrados, de los sindicatos y de la sociedad civil, de todos los que tengan conciencia y la quieran poner al servicio de una sociedad justa, tan lejos de alcanzar por culpa de los ladrones legales y de los gobiernos timoratos… si no cómplices.

L. de Guereñu Polán.