Echo un vistazo a la
legislación aprobada en la actual legislatura y veo que no es poca ni poco
importante. En primer lugar está una ley de protección de la infancia que nunca
ha existido en España y que parece fue un empeño personal del Presidente del Gobierno.
También es de gran importancia la ley que regula las medidas que España
adoptará en previsión del cambio climático (si es que dicho cambio climático se
confirma) y la transición ecológica, que es un cambio de paradigma con respecto
a lo hasta ahora considerado sobre este particular.
La ley de protección de
datos es importante, pero podría resultar un inconveniente si las
administraciones públicas, empresas y demás entidades concernidas no la aplican
con sentido común, siendo quizá necesario que un reglamento bien pensado
establezca la casuística que se puede dar en multitud de situaciones. Se le ha
llegado a negar al cónyuge supérstite el documento donde figura la causa del
fallecimiento.
Algunas modificaciones
en la legislación que regula el Registro Civil son de esperar que redunden en
agilización de trámites y clarificación de ideas, como la derogación de
determinados artículos del Código Penal, particularmente en lo concerniente a
delitos que no son contemplados en la legislación europea.
La ley que regula el
derecho a una muerte digna es de las más dignas e importantes que imaginarse
pueda, por muy pocas que sean las personas (en términos relativos) que se
acojan a ella. Es una apuesta contra el dolor, contra el padecimiento gratuito,
contra el sufrimiento del enfermo y sus familiares.
Hay algunas leyes que
vienen a dar cumplimiento a peticiones de ciertas Comunidades Autónomas, como
es el caso de la supresión de aforamientos en Cantabria o la Reforma del
Estatuto de Autonomía de Murcia.
Una ley sobre
sociedades de capital viene a acompañar la legislación española en esta materia
a la europea, concretamente la Directiva que regula el derecho de sociedades
europeo y el gobierno corporativo que da mayor participación de los accionistas
en las empresas.
También se aprobó una
ley sobre permisos retribuidos para las personas que, trabajando por cuenta
ajena, se haya visto afectadas por la COVID y otras sobre medidas
complementarias en el ámbito laboral afectado por la misma causa.
Especial importancia
tiene la legislación para la protección de las víctimas de la violencia de
género y, ya en el año 2020, una Ley de Educación que viene a incorporar los
principios de las anteriores leyes de autoría socialista, haciendo prioritaria la
diversidad sobre la excelencia, recogiendo el anhelo de una enseñanza inclusiva
para los alumnos con dificultades, inmigrantes, disminuidos psíquicos, etc.
De una gran humanidad
es la ley que modifica el Código Penal para erradicar la esterilización de las
personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Otra de distinta
naturaleza regula la obtención de datos de aquellos pasajeros que pudieran
estar involucrados en delitos de terrorismo y, de importancia capital,
pues sin ella no sería posible llevar a cabo las políticas pretendidas, es la
Ley de Presupuestos del Estado para el actual año.
Una ley que deroga el despido objetivo por faltas al trabajo, otra que regula el impuesto sobre
determinados servicios digitales, la que regula el impuesto sobre transacciones
financieras, etc., sin ánimo de ser exhaustivo.
Es un saldo claramente
positivo. Solo hace falta que los diversos gobiernos, el de la Nación en primer
lugar, ejecuten dichas leyes con acierto, combatan los intentos de regresión en
aquellas materias y expliquen a la sociedad la necesidad de seguir por una
senda que, a tenor por los resultados electorales parciales (Cataluña y Madrid)
pudiera no estar garantizada a medio plazo.
L. de Guereñu Polán.
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