sábado, 23 de julio de 2022

IMPUESTOS A LA BANCA

Con motivo del impuesto que el Gobierno quiere poner a la Banca esta ya ha respondido que “si hay resquicios para no pagarlo, lo pelearemos”. La sorpresa sería que los mismos que nos cobran comisiones abusivas y fraudulentas y nos timan con sus letras pequeñas se volvieran de pronto altruistas. Rescatar a la Banca nos costó a los españoles 101.500 millones de euros, de los cuales sólo se espera recuperar unos 9.500 millones. Esto afectó a nuestros ahorros, a nuestra deuda y a la bolsa de las pensiones. Pero Oh! Sorpresa!, directivos acaudalados, como la señora Mª Dolores Dancausa, Consejera delegada de Bankinter, entidad que hasta junio ha ganado un 11% más que el año anterior, mientras los demás nos apretábamos el cinturón, considera injusto el impuesto. No le parecen injustos todos los privilegios de la Banca, como los activos fiscales que les permiten pagar menos impuestos (el DTA por ejemplo) y deducirse pérdidas heredadas de la burbuja inmobiliaria que ellos mismos engordaron. Ahora intentan meterle el miedo a la gente diciendo que eso va contra la economía… será contra la suya, porque los que sí pagamos impuestos, sin deducciones ni ingeniería fiscal, sabemos que ese dinero nos retorna en forma de sanidad, educación, servicios, infraestructuras y ayudas sociales. También amenazan con que eso va a suponer despedir trabajadores de Banca, lo que resulta de un cinismo insoportable, teniendo en cuenta que desde el 2008 la Banca ha mandado a la calle a 124.000 trabajadores, batiendo records en el 2021, con 18.957 empleados expulsados, por no hablar de la precarización laboral sufrida en las últimas décadas. Y aún se pregunta la señora Dancausa que no entiende el porqué del impuesto. Se le llama solidaridad, pero esa palabra no viene en el diccionario del neoliberalismo (ellos prefieren la caridad, que limpia sus pecados cual hostia divina). Tampoco demoniza el Gobierno a la Banca, tarea en la que esta no necesita de ayuda y se basta bien sola: cierre de oficinas (pretendiendo que se pague con dinero público la apertura de estas en las localidades pequeñas); fomento de la brecha digital, que perjudica a los más desfavorecidos y especialmente a los mayores de 65 años (según datos de Cruz Roja casi la mitad tienen capacidades y posibilidades digitales bajas); comisiones abusivas, especialmente entre aquellos con ingresos bajos, fomentando las desigualdades; fraude hipotecario; tarjetas revolving; y un largo etcétera, como demuestra que entre 2011 y 2020 el Banco de España recibiera un total de 220.900 quejas cuya tramitación se tradujo en la devolución de 21,27 millones de euros que la Banca había detraído a sus usuarios (y eso sólo los que tuvieron la entereza y la posibilidad de enfrentarse a los despachos de abogados de las entidades bancarias). Sin olvidarnos de la volatilizada Obra Social de las Cajas, desaparecidas en aras de consolidar el oligopolio bancario, que en el 2008 destinaron más de 2.000 millones de euros a actividades sociales, retorno social que las nuevas y cebadas entidades bancarias han trasladado a sus beneficios, junto al coste de todos los servicios que han dejado dar y los sueldos de sus empleados, sustituidos por los propios usuarios que realizan ahora las gestiones bancarias y tareas administrativas sin que ello les reporte ningún beneficio económico. Pero la realidad social y el Estado del Bienestar no deben ser un casino en el que la Banca siempre deba ganar…mucho.
 
Guillerme Pérez Agulla

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