La Constitución Española cumple 45 años. Cinco de ellos, (y sigue), parcialmente secuestrada por la anomalía democrática que promueve el PP al bloquear la renovación de un CGPJ que es hoy apenas triste caricatura de si mismo con algunas actuaciones tan poco entendibles como sorpresivas.
Cuarenta y cinco años cuyo balance es globalmente positivo, especialmente considerando las premisas que acompañaron su nacimiento. En este tiempo los mecanismos constitucionales funcionaron adecuadamente, con la salvedad de la anomalía democrática auspiciada por el PP en su afán de presuntamente tutelar el órgano de gobierno de los jueces.
La Constitución ha sido un buen mecanismo para la convivencia. Ha de continuar siéndolo. Para ello, como cualquier obra humana necesita periódicos ajustes para seguir prestando su servicio. Es oportuno no olvidar que es una herramienta al servicio de la ciudadanía. No una camisa de fuerza para poner la ciudadanía al servicio de ella. Y nunca, un objeto arrojadizo en manos de aquellos que ni creían en ella, ni la votaron, pero que se la apropian con el fundamentalismo del converso.
Se parió en una Cortes Constituyentes y sus representantes la elaboraron por consenso (en algunos casos con calzador) y una agobiante melodía de ruido de sables. No era ni las Tablas de Ley bajadas del Monte Sinaí de la mano Moisés escritas por Yahvée, ni los “inmutables” Principios Fundamentales del Movimiento.
Es entendible que haya algunos políticos que asistieron a su nacimiento que se consideren potestas y auctoritas de la Constitución y pater familias de la misma. Algo muy legitimo que merece reconocimiento a una labor realizada en condiciones sumamente incomodas en lo político, pero también en lo económico y lo social. Pero el sentido común debe advertirles de la desmesura de su sentido patrimonial, recordandoles que la perennidad del documento la dicta su flexibilidad de acomodo a una sociedad en permanente evolución.
La Constitución, poderoso engarce de la sociedad civil, invita o exige para mantenerla plena de vigor algunas reformas del texto. Por lo demás algo habitual en todas las constituciones democráticas. En uno casos de estilo acorde a la sensibilidad actual. En otros, incorporando en ella realidades y demandas que reclama una sociedad que tras medio siglo es sustancialmente distinta.
Abarcando aspectos relacionados con nuevos derechos sociales, criterios medioambientales, limites de la inmunidad del Jefe del Estado, o referidos al Titulo VIII. Tras una larga experiencia previa de descentralización, cabe avanzar con decisión en el federalismo. Sopesando por vía de ejemplo algunos aspectos como la racionalidad de la existencia de los entes provinciales, o la supervivencia del Senado si no responde a un carácter y función de Cámara territorial.
A lo largo de estos cuarenta y cinco de régimen constitucional España adquirió una experiencia democrática de la que carecía. Avanzó con amplia paz social de forma muy notoria en aspectos sociales, económicos y de derechos civiles. Adquirió un peso propio muy significado en el seno de la UE. Elevó a sus gentes de la categoría de súbditos de una dictadura a la categoría de ciudadanos. Los derechos de las ciudadanas se han convertido en reto común y prioritario de la sociedad. Y se cultivó un poderoso espíritu solidario con aquellos pueblos en situaciones difíciles.
Sería injusto renegar de las mas de cuatro décadas de armonía y convivencia que posibilitó la Constitución del 78. El mejor homenaje que cabe rendirle en 2023 es habilitarla adecuadamente para que pueda seguir siendo útil otro medio siglo al menos. Con altura de miras y sentido de estado.
Y por cierto, para reflejar en plenitud los derechos de la ciudadanía en la Constitución, sin dejar ningún espacio oscuro, es obligado convocarla para que decida libremente sobre la forma de estado. Algo que se ninguneo al consagrar un modelo determinado sin razón de mas peso que el del “bunquer franquista” implementando una decisión del dictador sobre el futuro colectivo.
* Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia.
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