Está pasando bastante desapercibida una noticia muy actual: “El Consejo de Europa exige mas medidas a España contra los aforamientos y la corrupción policial”. Para saber que supone conviene conocer los datos.
Es casi seguro que todos los que han leído el titulo del articulo habrán pensado que la recomendación del Consejo de Europa va dirigida a un colectivo muy concreto: los políticos. Error mayúsculo, los que han tomado la decisión de elevar la recomendación a exigencia conocen los datos, que la inmensa mayoría de los ciudadanos ignoran, y la inmensa mayoría de los medios de comunicación ocultan, por lo que identifican bien los colectivos e individuos para los que piden esas medidas. Para empezar a conocer el tema que estamos analizando y su magnitud intentemos una aproximación en cifras redondas.
En total los aforados en España son unos 250.000/260.000, y sí, son muchos mas que los que el ciudadano de a pié supone, desglosemos como se reparten, quienes son y como les afecta el aforamiento.
- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto los estatales como los autonómicos, son unos 230.000/240.000 y si en el ejercicio de sus funciones cometen un delito leve o menos grave serán juzgados por las Audiencias Provinciales.
- Jueces y Fiscales 15.600/15.700 se distribuyen en 5.500 Jueces, 2.550 Fiscales y el resto son Jueces de Paz. Todos ellos responden siempre ante tribunales superiores a su estatus. Si hablamos de altos cargos como los vocales del Consejo General, magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional o del Constitucional, solo responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo´.
- Políticos, no llegan a los 2.000. Los miembros del Gobierno del Estado, Diputados, Senadores, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas responden ante el Supremo. Los dirigentes autonómicos lo hacen normalmente ante los Tribunales Superiores autonómicos, aunque en este caso hay excepciones en función de sus respectivos Estatutos.
- Otros, el Rey goza de inviolabilidad, la Reina, los Reyes eméritos y la Princesa de Asturias están aforados ante el Supremo.
Vistos los números y el tipo de aforamiento pasemos al análisis.
Lo primero que llama la atención es que lo que mas se critica, llegando al límite del ataque hiperbólico, es la protección por aforamiento al único colectivo formado por las personas a las que se vota directamente o indirectamente por la ciudadanía. Lo cierto es que la protección a esas personas mediante medidas similares a las españolas está bastante generalizado en todas las Democracias, aunque con matices, por ejemplo: los miembros de Gobiernos y Parlamentos de toda la UE gozan de algún grado de aforamiento ante los tribunales, aunque en algunos de ellos esa protección se refiere exclusivamente a asuntos relacionados con su actividad política y legislativa, tal y como plantea el actual Gobierno para todos los aforados en España.
Respecto a los jueces y fiscales, la actual judicatura española, de acuerdo con los datos que surgen públicamente con frecuencia desde su propio seno, sufre un alto grado de corporativismo y endogamia, lo que no hace muy confiable que la previsión de ser investigado y juzgado desde un nivel superior devenga en un trato similar al que se aplica al resto de ciudadanos. Por lo que sin llegar al nivel del poder del Parlamento Británico y otros (Australia, India, Malta, USA, etc) que pueden llegar a deponer a algunos jueces, algo tendrá y podrá hacerse para corregir los excesos judiciales que a diario y de forma a veces muy evidente conocemos y otros que solo salen a la luz publica cuando ya no tienen remedio. Constatar que el funcionamiento del órgano disciplinario español (CGPJ) está ayudando a corregir poco o nada de situaciones que exigirían su intervención de oficio de forma muy evidente. Todo apunta que buena parte de la solución pasa por la mejora del sistema de acceso a la judicatura, quizá también que en determinados niveles hubiera participación directa del ciudadano mediante votación, aun cuando los candidatos estuvieran limitados a un censo cerrado con titulación y experiencia profesional adecuada.
El mayor colectivo con aforamiento, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, parece tener un tratamiento adecuado y suficiente de protección, el problema surge con aquellos que al ser destinados a funciones de Policía Judicial, pasan a depender directa y personalmente de jueces y fiscales, la Constitución establece literalmente “La policía judicial depende de los Jueces y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y del descubrimiento y aseguramiento del delincuente, ….”, lo cierto es que el grado de su aforamiento real para todo es el que les presta el correspondiente juez o fiscal a quien deben presentar sus informes. Los ejemplos muy próximos y abundantes en los últimos meses, de informes realizados mas a la medida de la tesis previa elaborada por el instructor que a la realidad de hechos y datos verificados y constatados, muestran que la dependencia de carrera profesional de los agentes, respecto al juez o fiscal, así como otros intereses personales, incluido el ideológico, son un factor que influye en el proceso.
OPINIÓN. Mi confianza en los sistemas, profesiones, funcionarios y políticos es directamente proporcional al grado en que yo pueda influir con mis conocimientos, opiniones y acciones personales o colectivas. Si mi voto puede influir confió mas que en aquello que depende en exclusiva de dirigentes, cargos y profesionales, por muy expertos que parezcan ser, especialmente la confianza disminuye notablemente cuando las decisiones que me afectan dependen de personas que son inamovibles, aunque esa condición figure en el 117 de la CE, son muchas (demasiadas) las veces que se ignora la parte del mismo articulo en que se dice que los inamovibles también son “responsables y sometidos al imperio de la Ley”, y hasta donde yo conozco en Democracia las Leyes se elaboran en los Parlamentos y solo en ellos.
Isidoro Gracia
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