Las últimas y múltiples decisiones sobre energía que están tomando las distintas administraciones autonómicas y una actuación bastante confusa del Ministerio del Gobierno Central, están poniendo en grave riesgo el futuro energético y en consecuencia el industrial de todos.
Ejemplos tenemos abundantes, la suspensión del concurso eólico en Galicia, olvidando que la energía eólica y la hidráulica son las únicas renovables que pueden competir en costes en el mix energético y primando otros criterios, menos claros que el energético y económico, las granjas solares sin límite de Castilla y León y Castilla la Mancha, sin tener en cuenta que sus costes más que triplican los de las fuentes clásicas, la creación de instrumentos autonómicos (planes, agencias, empresas, institutos, leyes sectoriales, etc.) en Euskadi, Cataluña, Navarra, Murcia, etc., el cambio continuo de normativa desde el Ministerio, en un vano intento de canalizar la marea de ocurrencias autárquicas; todo ello impacta sobre algunos de los fundamentos básicos del sistema, quizá los principales, los de la garantía y estabilidad del suministro.
La Constitución de 1978, en sus artículos 128 y 131, tiene la receta adecuada para remediar el sinsentido absurdo en nos estamos sumergiendo, la posibilidad de la iniciativa púbica en la actividad económica y la competencia del Gobierno para elaborar Planes “de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas”.
Estando tan claro el diagnostico del problema, siendo tan evidentes las consecuencias de no afrontarlo de forma urgente y la receta a aplicar, es en el terreno de los dos grandes partidos donde queda la posible solución: hace falta un PLAN ENERGETICO NACIONAL.
Octubre de 2009
Fdo: Isidoro Gracia (DNI 7752400C)
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