martes, 21 de junio de 2011

LOS EMPRESARIOS DEL PARTIDO POPULAR

“Es cojonuda” dijo Díaz Ferrán sobre Esperanza Aguirre. Cuentan que el Ex Presidente de la CEOE se enriqueció en gran medida comprando a bajo precio algunas empresas públicas privatizadas a mediados de los años ochenta, y que luego su mala gestión acabó arruinando a pesar de las sucesivas y generosas ayudas públicas recibidas posteriormente. Díaz Ferrán hizo imposible cualquier acuerdo con los sindicatos y el Gobierno de España en ninguna de las materias sometidas a negociación. Lo hizo deliberadamente, hasta el punto de que cuando un acuerdo se aproximaba lo reventaba de inmediato presentando “el programa máximo”. Colaboró generosamente a la financiación del Partido Popular de Madrid. Su gestión al frente de la CEOE fue nefasta para el país, y dimitió ante la presión derivada de la fraudulenta gestión de sus negocios privados. Le sucedió primero en la CEIM, y luego en la CEOE en calidad de Vicepresidente Primero, su concuñado y amigo Arturo Fernández, que acaba de poner en práctica el mismo “modus operandi” para reventar el acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva, dejando de paso en evidencia al nuevo Presidente de la CEOE, Juan Rosell (un catalán que tal vez el PP no controle, al menos por ahora). Su estrecha relación con Esperanza Aguirre a la que conoce desde que estudiaban en el Colegio Británico, aumento los recelos sobre la influencia del PP en la ruptura del acuerdo. Según el reportaje del Diario Publico publicado el pasado 5 de junio, Arturo Fernández es también Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y lidera el “Grupo Arturo” un importante conglomerado empresarial con alrededor de 60 empresas levantado sobre las concesiones administrativas, un modelo de negocio muy parecido al de su amigo y familiar político Díaz Ferrán. Además de la relación familiar, estuvieron ligados en negocios comunes como el del Palacio de Deportes de Madrid o en Ifema.
Arturo Fernández tiene adjudicados los servicios de comedor, atención y limpieza del complejo de La Moncloa, así como los de la Agencia Informática Autonómica, la cafetería de la Universidad Carlos III, un servicio dependiente del Instituto Social de la Fuerzas Armadas, y le fueron adjudicadas tres parcelas de suelo publico para hacer colegios concertados. Según el Diario Público, Fernández fue uno de los empresarios que donó 57.000 euros a Fundescam (la fundación del PP ligada a la trama Gürtel) durante la campaña electoral de 2003.
La CEIM es una de las organizaciones empresariales abanderadas de la privatización de los servicios públicos, que bajo la supuesta necesidad de “reducir gastos”, oculta una forma de negocio de lo más rentable tanto económica como políticamente, al amparo de la cual está creciendo una clase empresarial vinculada al Partido Popular. Su forma de actuar es en síntesis la siguiente:
1) Se externaliza o se privatiza la gestión de un determinado servicio, desmantelando el existente dependiente del organismo público en cuestión, con el pretexto del “ahorro”. Mediante concesión que incluye la correspondiente subvención pública se otorga la “gestión privada” del servicio a un empresario amigo, que no necesita efectuar gasto o inversión alguna. Todos los gastos del concesionario del servicio (salarios, mantenimiento, incluso créditos) son cubiertos con la subvención pública estipulada con la concesión. Ahorro público ninguno, mas bien lo contrario, pues el concesionario ha de sacar su parte de beneficio bien del aumento de la subvención, bien de la reducción del gasto, la calidad del servicio, los salarios, o de todo al mismo tiempo. El servicio se convierte en negocio, y el ahorro presupuestario en el mejor de los casos es cero.
2) Sobre terreno pagado con dinero público, se adjudica una concesión para construir un determinado servicio público con gestión privatizada. Por ejemplo un colegio como en el caso del Sr. Fernández, o un hospital. El concesionario construye la escuela o el hospital, y se queda con la gestión privada durante por ejemplo 30, 40 o 50 años. ¿Con que dinero construye, y con que dinero mantiene y gestiona el servicio? ¿Con su propio dinero? En absoluto, pues todo (incluidos los créditos) se paga con el dinero público que conlleva la concesión. Ahorro para el contribuyente y el presupuesto público: ninguno en el mejor de los casos, en la práctica el gasto sube pues en realidad se incrementa hasta en un 50% como es el caso de alguno de los hospitales que promueve en Galicia la Xunta de Feijoo. Cosa lógica pues “el concesionario” además de amortizar la inversión ha de sacar un beneficio, y quien sabe si “con mordida” para algún amigo.
Esto se sabe, no es nuevo, pero lo que está sucediendo en Madrid pone de manifiesto que al calor de este lucrativo negocio, nace una clase empresarial que se enriquece con el dinero público, con riesgo cero siempre que se mantenga fiel a quien le dio la concesión. El siguiente paso, también de la mano del Gobierno de turno, consiste en hacerse con poder institucional (Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, etc.) eliminando a quien se interponga como le sucedió al Presidente de la Cepyme Jesús Bárcenas que no aceptó manejos políticos, se enfrentó a Díaz Ferrán y fue sustituido por Jesús Terciado. El tercer paso es el de hacer política en beneficio y a las órdenes del Gobierno que da y quita las concesiones. Así, desde Madrid, aún no controlando toda la CEOE se dispone de una poderosa minoría de bloqueo que condiciona las relaciones laborales del país.
Lo más grave de todo esto es que “empresarios” de este tipo tengan la economía del país contra las cuerdas. Personajes que no tienen empacho en decir las mayores barbaridades sin inmutarse, al comprobar además que lo dicho se repite en los medios de comunicación como si de una atinadísima afirmación se tratase. Así por ejemplo han llegado a proponer “una solución a la portuguesa” para la economía española. Es muy difícil que con “motores de este calibre” pueda recuperarse la economía española. Se llaman “empresarios y emprendedores” y se autocalifican de “liberales” si, pero no saben trabajar ni vivir sin mamar de la teta del dinero público.
Este modelo que funciona con éxito (para ellos) en Madrid y en Valencia, se está extendiendo también en Galicia (lo del IGAPE es de escándalo) y tras las elecciones del 22 M, se generalizará a muchas otras Comunidades Autónomas. Dolores de Cospedal acaba de anunciar “por motivos de ahorro” la supresión de los órganos de control del ejecutivo (Consejo Económico y Social, Defensor del Pueblo, etc.). Así todo será más rápido, eficiente y opaco.

SUSO MOSQUERA. 21 de Junio 2011

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