El caso de Valencia

Quizá el más grave en cuanto a despilfarro, corrupción y descalabro económico, que están sufriendo las clases trabajadoras de aquel país. 

La Caja de Ahorros del Mediterráneo "quebró" (dice un panfleto muy bien hecho que circula por ahí) y se evaporaron (obviamente alquien los malvesó o se quedó con ellos) 6.000 millones de euros. El Banco de Valencia "quebró" (sigo al muy digno panfleto antes citado) y se evaporaron 3.000 millones de euros. Un tal Rato, exministro de economía de España, ha hecho ingeniería financiera para tapar el agujero de BANCAJA en Caja Madrid, pero las responsabilidades de aquel agujero están sin depurar. Por cierto, el tal Rato cobra, brutos al año, 4 millones de euros, algo muy poco edificante en tiempos de crisis y de no crisis (en mi opinión es robar "legalmente"). 

En el caso Gürtel se han "distraído" millones de euros en fnanciación de eventos del Partido Popular y de la Comunidad Valenciana, entre los que están la visita del papa a dicha tierra. Hay responsables de esto y están imputados, pero hay otros que están siendo investigados y otros que están siendo llamados como testigos. Desde los poderes públicos debiera actuarse para cortar esta sangría antes de que se prouncien los Tribunales de Justicia, que lo harán en su esfera, pero no en la política. La empresa EMARSA, dependiente del Ayuntamiento y de la Diputación de Valencia, ha recibido más de 17 millones millones del erario público y sin embargo sus cuentas no son transparentes, hasta el punto de que hay varias denuncias que están siendo investigadas por los Tribunales de Justicia, pero el poder político no exige responsabilidades ya antes, explicaciones y ceses. 

Un tal Fabra, en Castellón, está acusado de blanqueo de dinero y de mil asuntos más, pero se pavonea por la palestra pública sin una simple llamada de atención del Gobierno. En Alicante hay una especie de trama BRUGAL que obtiene dineros públicos y no da cuenta de ello; dineros que salen de las contratas de basuras (nunca mejor dicho). Hay personas que están directamente relacionadas con esto: Alperi, Castedo, Hernández Mateo... ¿No ha de salir el Presidente del Gobierno, el ministro que él designe, alguien con autoridad en el país para dar cuenta de esto antes de que lo hagan los Tribunales en su esfera? 

Mientras tanto, los funcionarios de la Comunidad Valenciana han visto recortado su salario drásticamente; en agosto se les retrasó el pago de 500 euros (de media) arbitrariamente; no cobrarán la paga "extra" de diciembre... ¿Puede darse un caso más negro en la España actual?

L. de Guereñu Polán.