REFORMA LABORAL Y ELECCIONES EN ANDALUCIA Y ASTURIAS

El domingo 19 de febrero, España entera fue un clamor contra la reforma laboral impuesta por el Partido Popular. A la misma hora en que muchos cientos de miles de hombres y mujeres de toda edad y condición se manifestaban por las calles y plazas de las principales ciudades del país, Mariano Rajoy clausuraba en Sevilla el Congreso del Partido Popular afirmando que la reforma es “justa, buena y necesaria”. Los sindicatos UGT y CC.OO. por su parte, muy satisfechos por el amplio apoyo a la convocatoria de protesta, exigían negociar la modificación de su contenido, algo que sería muy razonable que hiciese el gobierno, pero que me temo que no va a suceder.

Al Partido Popular le rebosa el poder por todas partes, y eso tiene el riesgo de que se cometan más fácilmente excesos y errores. Han visto que ni la corrupción política les afecta, y que están ante una ocasión histórica, tal vez irrepetible, pues no solo detenta el poder del gobierno central, el de la mayoría de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas, sino que también en Europa el Parlamento, la Comisión y la totalidad de sus órganos de gobierno tienen el control del Partido Popular Europeo. Cuentan con el apoyo casi absoluto de una gran mayoría de los medios de comunicación, e incluso la complicidad de otros poderes del estado como el judicial. El desequilibrio de fuerzas es absoluto, y al amparo de la crisis y el miedo, las medidas más temerarias e insensatas se están haciendo posibles.

Los trabajadores lo saben. Una de las consignas que escuché en la impresionante manifestación celebrada en A Coruña, consistía en hacer una pregunta a través de los megáfonos: “E a culpa de quen é?”, con una respuesta clamorosa: “Dos que votan o PP!” Ciertamente, esto solo se puede arreglar o votando o recurriendo a otros medios que nadie desea. Si el Partido Popular después de esta reforma comprueba que sigue contando con la mayoría a la hora de votar, es evidente que no solo seguirá adelante con la reforma, sino que se atreverá con otras medidas igualmente drásticas y largamente añoradas por el mundo financiero como por ejemplo la privatización de la sanidad española.

El próximo 25 de marzo asistiremos a un test muy importante para el Gobierno y para el país, particularmente para las clases trabajadoras y sus organizaciones representativas, los sindicatos y los partidos de izquierda. Tanto es así, que Mariano Rajoy ha decidido posponer la aprobación de los presupuestos generales del estado para este año 2012 para después de celebradas las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias. Sabido es que la ley de presupuestos ha sido tradicionalmente aprovechada por los gobiernos -sobre todo los del PP- para introducir sin debate específico previo, modificaciones sustanciales en materia económica y social. Andalucía representa el 17,85% de la población española, Asturias el 2,29%, por lo que suman ambas el 20,14%, un porcentaje muy relevante, con dos regiones muy diferentes entre sí.

Las clases trabajadoras de Andalucía y Asturias, tienen ante sí la posibilidad de frenar con su voto el camino emprendido por el Gobierno de Rajoy y reforzar así las exigencias de rectificación en lo que concierne a la reforma laboral, o por el contrario dar alas y legitimación social a esa política que no sólo incluye medidas que se ocultaron durante la pasada campaña de las elecciones generales sino también otras como las fiscales que van en sentido contrario a lo expresamente prometido en aquella campaña.

Como esas clases trabajadoras son mayoría en ambas regiones, la conclusión y el resultado parecen fáciles y evidentes, pero no lo son. Hay factores por el medio que va a resultar decisivos: Por un lado la credibilidad del PSOE, y también la de Izquierda Unida, por otro el papel de los sindicatos de clase y el comportamiento de aquellos sectores de votantes que en las generales optaron por la abstención.

El Partido Socialista ha celebrado recientemente su congreso para renovar su dirección y su programa, y lo hizo también en Sevilla, consciente de lo que está en juego en Andalucía, pero el recuerdo de su gestión de gobierno, y el eco de las elecciones del 20 de noviembre, están muy cerca todavía. Izquierda Unida está en ascenso en su objetivo de convertirse en el recambio del PSOE, pero lejos de concitar la confianza y el apoyo que en las presentes circunstancias incluso sería de esperar. El voto a otros partidos, lejos de resolver el problema puede agravarlo al favorecer aún sin pretenderlo, un nuevo triunfo del Partido Popular, en cualquier caso siempre será preferible eso a la abstención. Los sindicatos por su parte están obligados a “mojarse mucho mas” en estos procesos electorales, porque también se la juegan ya que un nuevo triunfo electoral del PP no solo apuntalaría las reformas que está llevando a cabo, sino también las medidas que desde hace tiempo lleva impulsando contra los sindicatos de clase. Para la derecha los sindicatos de clase son enemigos, y el mejor sindicato es el que no existe o está sin alas ni fuerza y domesticado.

Hay algo cierto: 1) Las clases trabajadoras no deben renunciar nunca a su derecho al voto, pues si lo hacen, otros se aprovecharán de ello sin clemencia ni compasión. 2) Tampoco deben votar, de ninguna manera, al mismo partido que apoyan y defienden la CEOE, los banqueros, la actual jerarquía eclesiástica, y los residuos del franquismo que sigue vivo en la sociedad española, pues si lo hacen van en contra de sus propios intereses y derechos y de los de sus compañeros y compañeras. 3) Los sindicatos de clase tienen que implicarse a fondo en las campañas electorales, combatiendo la abstención pero también el voto a la derecha política que representa directamente los intereses de quienes quieren reducirles sus rentas, sus derechos y sus medios de defensa. 4) El partido socialista a su vez, ya esté en tareas de oposición o de gobierno, y con independencia de los votos que reciba o haya recibido, o es el partido que se identifica y defiende en todas partes y circunstancias los intereses de las clases trabajadores con todas sus consecuencias, o perderá inevitablemente su razón de ser, arrastrando a la sociedad española en su conjunto a un desequilibrio político de peligrosas consecuencias para el país en su conjunto.

XESUS MOSQUERA
20 de Febrero de 2012