jueves, 15 de marzo de 2012

En España se han llevado el gato al agua…los de siempre

Transcurridos ya cuatro años desde que nos estalló la crisis global (de procedencia exterior), ahora estamos constatando, con más claridad que cuando crecíamos por encima del 3%, creábamos empleo y disfrutábamos de unos stándares de bienestar desconocidos en nuestro país, que todavía tenemos una democracia incompleta y un bienestar insuficiente.

Veamos. El proceso de transformación estructural de nuestra economía nos pilló en la transición del franquismo a la democracia, de tal manera que una buena parte de las particularidades que esta crisis está mostrando en España nos han venido dadas por la “herencia recibida”: una economía y una sociedad sometidas a grupos de interés económico y financiero muy reducidos y poderosos, con un tejido productivo débil y, a la vez, dominado por unos pocos.

De tal manera que, a pesar de los esfuerzos realizados y de los avances logrados a lo largo de los últimos 30 años, tenemos que admitir que nuestra democracia todavía es una democracia incompleta. Porque somos un país en el que la clase trabajadora sigue adoleciendo de una gran debilidad frente a la desmesurada influencia política de los grandes grupos empresariales y financieros. Un país con una economía y una sociedad muy oligarquizadas, en el que, por dar algún dato, tan sólo 20 familias poseen el 20,14% del capital de las empresas del IBEX-35 y tan sólo 1.400 personas (el 0,0035% de la población española) son titulares del 80,5% del PIB. Un país, además, con unas instituciones y mercados (mercado de trabajo, sector financiero, sistema fiscal) muy imperfectos, todos ellos muy lastrados por la herencia franquista.

Y tenemos que admitir también que el nivel de bienestar alcanzado dista mucho del que han logrado los países con los que hemos tenido que homologarnos, porque, efectivamente, arrastamos un importante déficit social, que tiene también sus orígenes en la España franquista, con stándares de bienestar muy por debajo de los europeos, de tal manera que, aunque los sucesivos gobiernos democráticos realizaron destacados esfuerzos por aproximarnos al nivel europeo, la coyuntura económica, política e ideológica (marcadamente neoliberal) no se lo permitieron del todo.

Aunque pueda parecer paradójico, lo cierto es que en España durante el período de alto crecimiento económico la desigualdad aumentó de forma notable. Sólo algunos datos para demostrarlo: entre 2002 y 2005 la renta media correspondiente al 20% más podbre de los hogares españoles se redujo un 23,6%, mientras que la renta del 10% más rico se incrementó más de un 15%.; en 2002 un 42,5% de las familias tenían que dedicar más del 40% de su renta a pagar sus deudas por compra de vivienda, mientras que en 2005 el porcentaje alcanzó el 70,9% de los hogares; hace 20 años la diferencia salarial entre puestos directivos y puestos de menor nivel era de 10 o 20 veces, mientras que hoy es de 100 o incluso de 200 veces; en 2006 la retribución del trabajo había crecido un 3,4% frente a un 26,6% de crecimiento en los beneficios de las sociedades en bolsa.

La crisis que estamos padeciendo nos ha pillado, pues, en una situación en la que todavía no hemos superado la desigualdad existente entre territorios y entre personas, porque seguimos adoleciendo de insuficiente capital social dedicado a la formación y la innovación, porque mantenemos un modelo productivo dependiente y desvertebrado y porque nuestra democracia no es todavía del todo real y auténtica.

Por mucho que nos pese tenemos que admitir que en España, durante los últimos 30 años de democracia, se han llevado el gato al agua los mismos de siempre. Y si no lo remediamos, se lo seguirán llevando en y después de la crisis, porque, evidentemente, no será más que una ilusión pensar que podemos salir bien de esto, si no somos capaces de abordar los males estructurales de nuestra economía e incluso de nuestra democracia.


                                                            Delfín Fernández Alvarez

                                                       Vigo, 14 de marzo de 2012

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