El Gobierno español, en todos y cada uno de sus miembros, anda metido en un berenjenal para el que creo no está preparado. Además de esto su filosofía es de un conservadurismo rancio que le impide ver más allá de dos pasos. Aparte de hacer todo lo contrario de lo que prometió en campaña electoral, cosa que ya se ha dicho por activa y por pasiva, cada día aparece con novedades que implican una total improvisación (como la de la Unión Europea, dicho sea de paso). Esto no puede sino desconcertar no ya a esa entelequia que son los mercados (en realidad un puñado de especuladores y usureros a gran escala) sino a los ciudadanos trabajadores.
Al Gobierno actual no se le ha ocurrido privatizar TV1, que es una cadena comercial y que, desde el punto de vista del Estado, no interesa, pues no cumple con la función de una televisión pública (TV2, sin embargo, sí). Los 1.200 millones de euros de sus presupuestos anuales se podrían ahorrar, además de hacer caja con la venta de todo el capital contable que representa el "ente". Al Gobierno se le ha reclamado desde diversas instancias que se eliminen las Diputaciones Provinciales y que sus competencias pasen a otras administraciones (las autonómicas o la central, según convenga). El reajuste en personal vendría a representar un ahorro, por más que no ignoro que el personal excedente debiera ser tratado con todas las garantías jurídicas y de equidad social. Las Diputaciones, dicho sea de paso, tienen un déficit de 3.000 millones de euros que habrían de ser asumidos por las administraciones que recibiesen sus competencias, pero se podrían vender propiedades adquiridas para el solo favor a unos amigos.
Se ha empezado a debatir la supresión del Senado, que como otras medidas implicaría una reforma constitucional, con lo que el Estado ahorraría una gran cantidad de dinero no solamente en su presupuesto anual (calcúlese cual es si la reducción del 3,5% del mismo representó 53 millones de euros). De la misma forma que no tiene sentido mantener las Diputaciones Provinciales, máxime cuando algunas ya han sido suprimidas y aquí no ha pasado nada (Murcia, Madrid, La Rioja, Cantabria, Asturias, Baleares...). Creo que son la rémora más evidente de la Administración española del siglo XIX (cuando estamos en el XXI; no hará falta recordarlo). De igual manera se puede suprimir el Consejo del Poder Judicial, nido de conflictos innecesarios, institución que se ha tragado un gran presupuesto sin control alguno y que está puesto en tela de juicio permanentemente. La disciplina de los jueces, como en otros países, se puede garantizar por medio de reglamentos aplicados por el ministerio de Justicia con el aval del Consejo de Estado.
Se puede subir el tipo máximo de cotización por el Impuesto de Rendimientos del Trabajo Personal, además de establecer un impuesto a las grandes fortunas; se puede reducir el número de altos cargos de la Administración y adláteres (por mi parte cifro dicha reducción en un 10%). Se puede reducir el número de diputados de los parlamentos regionales y los salarios de los cargos públicos no superando -salvo en casos muy contados- los 50.000 euros anuales. Se puede legislar sobre dichos salarios y su cuantía, de forma que, si existen en España 160.000 cargos públicos (cuento desde concejales hasta ministros y téngase en cuenta que hay en España más de 8.000 municipios) el ahorro se podría elevar a 2.000 millones de euros. La lucha contra el fraude fiscal es a medio plazo y no la contaré -por ahora- entre la medidas urgentes.
Pero hay una corporación de la que se pueden detraer recursos que petenecen a todos los españoles: la Iglesia católica debe cotizar a la Hacienda pública como todos los demás, para lo que habrá que denunciar los acuerdos del año 1979 y, si fuere necesario (dejo esto para los juristas) cualquier resquicio de concordato que existiese entre España y el Vaticano. La Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo monto es indefinido pero a buen seguro que enorme, capaz de subvenir a las necesidades de parados, pobres, rentas miserales y servicios esenciales. La Iglesia debe de pagar el IVA como cualquier otra empresa por los negocios que tiene establecidos en España y que están -en parte- de la economía sumergida. El enorme patrimonio de la Iglesia debe de contribuir a la riqueza nacional, como lo hizo desde 1836, como lo hizo desde 1855, y ya vemos que se recuperó bien pronto y volvió a acumular riquezas por doquier. No hubo, pues, ataque alguno a la Iglesia; lo que sí hubo fue una racionalización del esfuerzo económico a la riqueza nacional, y no la llevaron a cabo peligrosos socialistas o nihilistas; la llevaron a cabo ministros de la burguesía ilutrada española del siglo XIX. Pero es que el actual Gobierno no tiene nada de ilustrado.
Luego sí se puede estudiar si es neceario o no detraer el importe de las pagas de los funcionarios y otras medidas que son más fáciles. Recientemente he leído una propuesta muy interesante sobre un IVA progresivo: en efecto, no es lo mismo comprarse un coche de 50.000 euros que otro de 12.000 (el IVA podría ser mucho más elevado para el primer caso).
Luego está lo que viene impuesto desde la Unión Europea. En primer lugar nada viene impuesto desde la Comisión y el Consejo, que son los "gobiernos" de la U.E., ni mucho menos del Parlamento, que es el órgano legislativo. Las imposiciones vienen de uno o dos gobiernos que, prevaliéndose del poder de sus estados, de su banca y del Banco Central Europeo (creación genuina de la banca alemana) impone a otros países medidas muy duras para con su población. Pero la Unión Europea, desde una perspectiva progresista, es un buen instrumento si está para aplicar medidas progresistas; si está para tomar medidas conservadoras y que consoliden el poder de organismos no democráticos (es decir, no elegidos), no interesa.
Estoy a la espera de que algún país miembro se plantee su exclusión de la U.E. (no solo su exclusión del euro, porque de éste ya hay países excluídos). Ya veríamos si a los banqueros de la U.E. les interesaría o no que un país de 47 millones de habitantes, con 1,49 BILLONES de dólares de Producto Interior Bruto (datos del Banco Mundial para el año 2011), siendo la cuarta o la quinta economía de la U.E., -digo- ya veríamos si a los banqueros europeos les interesaría que España causase baja en la U.E. Lo que parece ahora un cataclismo podría ser administrado de manera distinta a como se nos impone. La denuncia de los Tratados por los que España se integró en la Comunidades Europeas (entonces así llamadas) es otra posibilidad, verdaderamente revolucionaria, pero que no hay por que descartar.
Todo menos sufrir políticas conservadoras y antidemocráticas. Y menos aceptar decisiones tomadas por organismos que no son de los que la U.E. se ha dotado para gobernarse. Noruega no pertenece a la U.E. y es un país con un nivel de renta y desarrollo alto (de Suiza no hablo porque es un vergonzoso paraiso fiscal al que ningún gobernante europeo se ha atrevido a meter mano).
L. de Guereñu Polán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario