martes, 24 de julio de 2012

Una Iglesia protegida

La Iglesia española -la jerarquía católica- se ha opuesto a todas las leyes que han representado derechos para las personas: estuvo en contra de la ley del divorcio, de que se despenalizara la interrupción del embarazo, del tratamiento que se le da a la disciplina de Religión en la enseñanza, de los diversos modelos de familia, de la legislación sobre células madre con fines terepéuticos, de la secularización de la sociedad, cuando esto último es una tendencia histórica que se da incluso en los países de credo musulmán, budista, etc.

Los obispos españoles, que reciben abundantes recursos del Estado pagados por casi todos los españoles, pronuncia frases incendiarias como que "el Estado laico no debía ser perseguidor de la religión" (cardenal Carlos Amigo), cuando que se sepa, en España cada uno practica la que quiere y nadie es molestado por ello; muy al contrario, es un derecho reconocido en la Constitución y en las leyes. Confunde el cardenal "religión" con "Iglesia", que tampoco es perseguida a no ser que entienda por tal restarle los privilegios que secularmente venía disfrutando. Martínez Camino (Secretario de la Conferencia Episcopal) ha calificado a los matrimonios homosexuales de "virus" y "falsa moneda". ¿Quien se ha creído para faltar al respeto a miles de personas que tienen derecho a que se reconozcan legalmente su orientación sexual y sus afectos? El oblispo de Jerez ha hablado de "fobia religiosa" respecto al anterior gobierno socialista (nada dice del actual gobierno). ¿Alguien nota esta fobia cuando los templos están abiertos, el patrimonio de la Iglesia a salvo, sus presupuestos económicos pagados por los españoles?

El anterior papa llegó a decir que el gobierno del señor Zapatero ingnoraba y cercenaba la libertad religiosa, olvidando que quien así actuó fue la Iglesia hasta el concilio Vaticano II (a partir del cual la legislación franquista se cambió para establecerla en España).

¿Querrá la Iglesia que los españoles volvamos a pagar el diezmo, pasemos obligatoriamente por la vicaría, por el confesionario y, de lo contrario, estemos expuestos a la vergüenza pública? El artículo 16.3 de la Constitución española ha sido interpretado por la Iglesia como una patente de corso para campar por sus respetos, cuando allí se habla de que el Estado "mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones", artículo que fue desarrollado por la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa.

Hubo un tiempo en que la Iglesia, si las autoridades civiles actuaban contra sus intereses materiales (digo materiales) ponía en entredicho a dichas autoridades, es decir, no podían participar en los oficios religiosos; en otras ocasiones excomulgaba a todo aquel que osaba frenar a la Iglesia en sus privilegios; la Iglesia ejercía una justicia eclesiástica, cobraba tributos, el diezmo y el rediezmo, cobraba por la administración de los sacramentos, establecía aranceles en sus universidades, los clérigos estaban exentos de la justicia ordinaria y mil canonjías y prebendas más.

Pero hay muchos católicos y cristianos que están por la democracia, por el estado laico, por la secularización de la sociedad, por respetar lo religioso en el ámbito privado, por eso la Iglesia no se puede financiar a sí misma a pesar del enorme patrimonio que atesora, porque sus teóricos fieles le han ido dando la espalda.

La Iglesia no ha entendido lo de "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". No da al César, al Estado, lo que le corresponde (no paga el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo; evade el IVA en varios negocios lucrativos que realiza...) y no da a Dios... se lo quiere quedar todo. 

L. de Guereñu Polán.




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