sábado, 22 de septiembre de 2012

Enseñanza: retrocedemos

"Duelo a garrotazos" de Goya
Restar recursos a la enseñanza pública y no escuchar a los colectivos afectados, sobre todo a los profesores, estos son los dos pilares sobre los que descansa la contrarreforma educativa que pretende el actual Gobierno. No de otra manera se puede entender la reducción de los recursos para becas y la nula consulta al profesorado organizado. Llamarle al proyecto de ley "de Mejora de la Calidad Educativa" ya es eufemístico. Ni "mejora" ni "calidad". No hay país moderno que haya conseguido una enseñanza de calidad sin recursos y bien administrados, en lo que hay que implicar -jurídicamente- a todos los agentes: Administración y centros docentes. 

Sin recursos no será posible la mejora en el conocimiento de las lenguas extranjeras y la tecnología, que son dos aspectos en los que, al parecer, el Gobierno quiere hacer énfasis: creo que todo se quedará en palabras, porque a la derecha española nunca le ha interesado una sociedad formada, sino una sociedad dócil y carne de cañón para la empresa privada. Otra cosa es la derecha económica, que está más en contacto con los intereses reales del mundo desarrollado y que en esto diverge de la derecha política. 

Recuperar las reválidas suena a rancio, pero en todo caso se verá su utilidad o inutilidad con el tiempo; en todo caso parece absurdo hacer una reválida a niños de ocho años y otra a niños de once. También es aberrante que las reválidas sean distintas según se trate de alumnos que apiran a estudios universitarios o los que aspiran a la enseñanza profesional. Dividir, segregar, discriminar en el sentido más negativo ha sido una constante de la derecha. Por eso el ministro, en un alarde que roza el racismo dice que "no se puede tratar igual a los que son diferentes". La legislación educativa en vigor ahora ya prevé esto, pero en un sentido diametralmente contrario al que quiere el ministro. Hay agrupaciones de alumnos para ser formados de acuerdo con sus características y necesidades, hay adaptaciones curriculares para alumnos con dificultades específicas, hay cursos de diversificación, hay programas de cualificación profesional inicial... pero todo esto vuela para que a los alumnos se les segregue según su procedencia social o sus medios económicos. 

Suprimir la selectividad no es más que una frase, pues se le cambia el nombre por el de reválida, y además cada Universidad podrá establecer sus pruebas selectivas: ya veremos lo que hacen unas y otras, porque no todas tienen los mismos idearios ni todas funcionan democráticamente. En los países más desarrollados en materia de enseñanza (Finlandia, Holanda, Austria, Alemania, Francia, Canadá, Australia...) no se desvía a los alumnos a la formación profesional tan pronto como prevé la ley en proyecto (15 años). Se ve claramente la inspiración del ministro en sus predecesores Pidal y Moyano, pero no en el opusdeísta Villar Palasí, que aún siendo un servidor del franquismo tuvo la visión de hacer una reforma educativa relativamente avanzada para los años setenta del siglo pasado. 

En lo que no se parecen los proyectos del actual ministro a la ley Pidal de 1845 es en que esta era claramente estatal, apartando a la Iglesia de toda injerencia en la formación de la infancia y la juventud, aunque luego otros desvirtuasen esto con el Concordato de 1851. El ministro seguirá pagando con dinero público a los centos de elite y religiosos que segregan por razón de sexo, lo que supongo será anticonstitucional, y donde, con base en la jurisprudencia existente, los partidos de oposición y los sindiatos tienen un camino para dar las batallas que sean precisas. 

El profesorado, por su parte, seguirá considerado como algo más que un trapo: ya van varias décadas así, a lo que ha contribuido la democratización de la enseñanza, el contagio de algunos que han accedido a esta profesión sin idea de en que consiste (absentismo, reacción ante las innovaciones...) y la falta de organización de los profesionales, que se dejan vapulear por el burócrata de turno. Quejas y recursos debieran colapsar el Ministerio y los Juzgados ante los abusos que -en algunos casos con la colaboración sindical- se han cometido y se cometen. ¿Que es eso de que el director de un centro va a exigir determinado perfil para aceptar a un profesor? ¿No ha superado su carrera, su master, su oposición? Los directores que hagan uso de esa prerrogativa serán perrillos falderos del ministro de turno y los que veten a un profesor que ha obtenido plaza en un centro, mediante el reglado concurso de traslados, cometerán un desafuero. 

Malos tiempos para la enseñanza; malos para los trabajadores y los que tienen inquietudes de justicia y equidad; malos en España y en Europa. Malos porque los partidos socialistas han desmovilizado a la sociedad durante mucho tiempo, la han desideologizado; nuevas generaciones de dirigentes han venido a colapsar la acción militante y ahora nos luce el pelo. Maldigo el dia en que este país dio su confianza a este Gobierno. 

L. de Guereñu Polán. 

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