Desafección constitucional

Es muy particular la desafección que hay en España hacia la Constitución de 1978, circunstancia que difícilmente se encuentra en otros países. Si exceptuamos el caso de Rusia y otros estados recientemente incorporados a la democracia, aunque sea formalmente, en Europa occidental y en América, las poblaciones suelen tener a gala su Constitución respectiva, pues es garantía de derechos básicos, aunque algunos de ellos se conculquen por los poderosos: siempre cabe la posibilidad de recurrir, apelar y asociarse para hacer valer aquellos derechos. 

El caso de Estados Unidos es paradigmático de lo que digo, pues los ciudadanos citan este o aquel artículo de la Constitución, esta o aquella enmienda, para defenderse ante los abusos de la autoridad. Los alemanes, después de la experiencia nazi, tienen en mucha estima su Constitución, e igualmente los franceses, que se consideran los padres del constitucionalismo. Los belgas consideran su Constitución inherente a su independencia nacional y así podríamos seguir poniendo ejemplos.

La primera Constitución francesa, la de 1791, originó una serie de "constituciones" por las que los legisladores quisieron regularlo todo: nada podía escapar a la obra revolucionaria para que nada permitiese la vuelta al absolutismo. Aunque hubo contradicciones notables en el proceso constituyente francés durante el siglo XVIII, e incluso varias constituciones que se violaron no pocas veces, se estableció una "constitución civil del clero", otra para la Asamblea (legislativo), otras para los jueces, para los concejos, para el ejército, para la marina, para las finanzas... Hasta tal punto el término "constitución" fue inherente al cambio político.

Creo que en España no se ha dado el mismo apego a su Constitución (la de 1978) como en otros países por dos razones fundamentales: primero por las características de la transición, que no fue modélica por mucho que hasta ahora se nos haya dicho. Es cierto que evitó una guerra civil potencial y ello no es poco, pero en otras muchas cosas la renuncia a cambios esenciales fue evidente. La misma participación en el proceso constituyente -en la transición- de los herederos del franquismo hizo ver a la sociedad española que no se iba a una situación radicalmente nueva, sino que se pactaba con algunos presupuestos preestablecidos en el régimen anterior (y esta es la otra razón a la que me refiero). 

No creo que pueda valer el argumento de que los vicios de los políticos apartan a los ciudadanos de la Constitución, pues dichos vicios se dan de igual manera en otros países (el caso de Estados Unidos es notable, y no digamos Italia) y no por ello la población siente tan poco aprecio por sus Constituciones respectivas. La  Constitución italiana, que trajo la república, terminó de iure con el régimen fascista anterior de una forma radical; no como en el caso de España, porque aquí no medió la participación de nuestro país en la guerra mundial. Obviamente no vamos a desear que hubiese participado España en la guerra de 1939 para que así se hubiese dado la posibilidad de un régimen de nueva planta, toda vez que solo cabe suponer a nuestro país aliado con las potencias del eje, por lo tanto derrotado. Pero entonces sí se hubiese redactado una constitución de nueva planta, sin compromisos con la dictadura. 

La derecha española desde la II República española, por otra parte, ha estado connotada de características muy autoritarias, fascistoides y, por lo tanto, antidemocráticas. Le costó salir de algunos de aquellos calificativos y le cuesta salir de otros; no hace nada por reverdecer la Constitución, contando para ello con la colaboración de los nacionalismos periféricos, los más desafectos al texto de 1978 a pesar de estar en él la base legal de amplísimas autonomías para las "nacionalidades y regiones". 

En el siglo XIX no fue así (la derecha española nunca aceptó la Constitución de 1931): cualquier motivo era suficiente para apelar a la Constitución del momento, desde la de 1812 hasta la de 1876. Por la Constitución se reclamaba la milicia nacional, se reclamaba el servicio militar obligatorio, se reclamaba la supresión del impuesto de consumos, se reclamba más libertad de prensa, se reclamaba la república o la monarquía, se reclamaba lo divino y lo humano. No pasa así con la Constitución de 1978: los dirigentes políticos de nuestro país debieran tomar cartas en el asunto y aprovechar cualquier reforma para  reforzar también la Constitución vigente. 

L. de Guereñu Polán.