La reacción del Gobierno del Partido Popular, despreciando e ignorando la sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón al Gobierno Vasco en el tema de la atención sanitaria a los inmigrantes, es muy preocupante, y un grave síntoma de alarma frente al cual no podemos permanecer indiferentes.
Es una reacción que se suma a la producida tras la sentencia del mismo Tribunal, que al dar la razón al Gobierno de Extremadura en su pretensión de aplicar un impuesto a los bancos, lleva al Gobierno del señor Rajoy no a acatarla y respetarla, sino a inventarse un extraño “impuesto de importe cero”, creado por decreto, y destinado únicamente a privar a las Comunidades Autónomas de la facultad de aplicar este impuesto, favoreciendo así exclusivamente a la banca y obligando a apretar todavía mas en el recorte de derechos a los ciudadanos.
Otro varapalo para el Gobierno ha sido la sentencia del alto Tribunal dando por conforme a derecho la decisión del Gobierno de Andalucía de proceder mediante subasta pública a la compra de medicamentos y material sanitario, ahorrándose así una importante cantidad de dinero, en perjuicio claro está de las compañías farmacéuticas interesadas en vender mas caro en Andalucía, pero sobre todo en tratar de evitar que el ejemplo andaluz se extienda a otras Comunidades Autónomas. ¿Como se puede favorecer tan descaradamente a la industria farmacéutica en perjuicio del ahorro en el gasto sanitario que por lo visto tanto dicen que les preocupa?
Actualmente hay bastantes mas recursos ante el Tribunal Constitucional pendientes de resolución sobre aspectos de gran relevancia, y que tienen fundadas expectativas de ser resueltos favorablemente para los demandantes. Uno de ellos es el referido al 1,9% de incremento que correspondería aplicar a todas las pensiones de este año 2012, y que el Gobierno del PP, ahora, a fin de año, después de celebradas las elecciones gallegas, vascas y catalanas, cuando el derecho a la revisión ya ha sido devengado, también ha decidido suprimir.
Rotos a conciencia todos los consensos, la vida política española se está judicializando cada vez más, y poniendo de manifiesto no solo la impericia del Gobierno y del principal partido de la derecha española que lo sustenta, sino de una actitud de cerrazón y desprecio a los derechos por parte de ambos mucho más negativa y peligrosa que la simple torpeza política.
Sorprende este proceder del Partido Popular ahora en el gobierno, cuando en la pasada legislatura, estando en la oposición, invocó con gran vehemencia el respeto a la Carta Magna, y no tuvo empacho en recurrir el acuerdo mayoritario del Congreso sobre el Estatuto de Cataluña, provocando así un gravísimo problema para todo el país que ahora estalla con una virulencia de consecuencias imprevisibles, volviendo de paso a poner de manifiesto la incompetencia política mas absoluta para encontrarle una solución adecuada a tan complejo asunto.
Lamento decir que por su comportamiento, los gobernantes del Partido Popular, parecen en demasiadas ocasiones torpes políticos borrachos de poder, incluso ante los suyos. No solo son incapaces de solucionar ninguno de los graves problemas por los que atraviesa el país, sino que problema que tocan, problema que se agrava. Lejos de soluciones, los problemas aumentan, son más y más graves cada día, y muchos de ellos debidos a sus propios y exclusivos errores. Parecen haber hecho bandera de un peligrosísimo error político cual es el de creerse que el fin justifica los medios, y gobernar conforme a esta premisa, además de muy malo para el país, es muy peligroso, pues al fin y al cabo en este erróneo principio pretendió fundamentar y justificar el general Franco su rebelión militar, la guerra civil y la posterior represión y dictadura. Su grave error no lo pagó él sino el pueblo, y a un altísimo precio.
Xesús Mosquera Sueiro
19 de diciembre de 2012
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