La
Constitución española de 1978, que es mejorable, sin duda, garantiza la
democracia en España, una democracia imperfecta como la que existe en
otros países; establece la soberanía nacional (gobiernan quienes quieren
los españoles: otra cosa son los poderes económicos), garantiza la
descentralización del Estado, el respeto a las diversas lenguas de
España, la existencia libre de partidos políticos y sindicatos, da
garantías jurídicas a los extranjeros, reconoce el derecho de asilo, la
igualdad ante la ley (discubible mientras haya diferencias económicas),
garantiza la libertad de culto, ante una detención preventiva, garantías
al detenido, garantiza la intimidad mientras el interesado así lo
quiera, la inviolabilidad del domicilio, la de las comunicaciones, la
libertad de residencia y circulación, la libertad de expresión, de
creación, de cátedra, de información, garantiza el secreto profesional;
niega la existencia de la censura previa, garantiza el derecho de
reunión, de manifestación, de asociación, de participación ciudadana en
los asuntos públicos, el derecho de acción, da garantías procesles,
niega la existencia de tribunales de honor, garantiza el derecho a la
educación, a la autonomía universitaria, a la huelga, establece el
derecho de petición, la objeción de conciencia en los casos establecidos
por leyes orgánicas, el matrimonio en todas sus formas; establece los
casos de expropiación forzosa con las garantías que la ley establezca...
Cierto que la Constitución habla del derecho al trabajo y a la
vivienda, por ejemplo, y tales derechos no se pueden disfrutar por
muchas personas, lo que es una lacra que afecta no solo a España sino a
cualquier país. Solo una sociedad justa, igualitaria, una Utopía como la
que imaginó Tomás Moro puede conseguir la garantía de estos derechos y
de aquellos. Por eso es justo y muy necesario que la población se
movilice como lo está haciendo, pero sin creer en espejismos. La
verdadera movilización tendrá que venir cuando haya elecciones, votando
en conciencia, desechando a los corruptos e ineptos, a los indeseables, a
los egoístas...
Por la Constitución de 1978, y las leyes que
la desarrollan, el Estado garantiza la sanidad pública a todos, salvo
que un gobierno desalmado, como el actual, amenace con liquidar esta
situación: habrá mecanismos, entonces, para corregir el desafuero; la
Constitución garantiza derechos a los inmigrantes, aunque un gobierno
desalmado desvirtúe dicho precepto a la espera de que otro lo reponga.
En fin, la Constitución es un bien que disfrutanos, es un texto legal
consensuado, y como tal no puede satisfacer plenamente a nadie, pero
tiene que ser aceptado por todos o la inmensa mayoría. Cuando se sometió
a votación hubo un amplísimo apoyo a la Constitución, y no es de
extrañar. La única provincia donde el voto afirmativo no fue mayoritario
fue Guipúzcoa, poco más del 1% de la población española de entonces. El
problema -digo- no es la Constitución, sino quienes la interpretan,
quienes la gestionan, los gobiernos de turno. A los ciudadanos nos cabe,
creo yo, defenderla, reivindicarla, pedir su reforma para adaptarla a
los nuevos tiempos, sobre todo para atender a los más necesitados de
España, que cifro en unos diez millones de personas.
En otro
orden de cosas, un alto porcentaje de decisiones que afectan a la
gobernación de España está en manos de los poderes comunitarios, de la
U.E.: plantearse la relación con la misma es una obligación cada vez más
perentoria, pero hacer cambiar el mapa político del Parlamento Europeo
también.
L. de Guereñu Polán.
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