Desahucios y otras especies

El juez Fernández Seijo debe de ser un buen profesional, pues fue el que hizo las gestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este distaminase que "la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria al no garantizar suficiente protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas". Es una lástima que tres ministras de gobiernos socialistas, una de apellido Trujillo y otra Chacón, hayan pasado por el Ministerio de la Vivienda sin echarle un vistado a dicha ley, proponer su reforma y evitar los dramas y las tragedias que han venido luego. Creo que las citadas prefirieron estar a otra cosa, y así le ha ido al Partido Socialista, aunque no solo por ello.

El dictamen del alto Tribunal viene a desmotrar, también, que los bancos han estado robando legalmente (hoy ya se admite que tal frase tiene pleno sentido) durante años, sobre todo a familias modestas que han dejado de pagar cuando han empezado a sufrir las consecuencias del paro y la marginación. Echar a alguien de la vivienda donde habita porque no puede pagarla ya es villanía (excepción hecha de algunos casos que, en pura lógica, todo el mundo entiende). El Estado debe amparar a estas familias, debe buscar fórmulas para diferir sus obligaciones hipotecarias, debe poner viviendas sociales al servicio de casos extremos, debe legislar de una vez para que no se vuelva a desahuciar a nadie, a arrastrar a nadie, a violar su casa a machetazos, por encontrarse en una situación de inopia.

Pero o mucho me equivoco o el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a ser esquivado (el intento no faltará) por el actual Gobierno, cuya sensibilidad social es nula. Veremos. Mientras tanto, este Gobierno ha demostrado el afán que tiene de exprimir a las clases trabajadoras con la imposición de tasas judiciales, con la reforma de la ley de interrupción del embarazo, con la amnistía fiscal a los defraudadores y a los ricos, con una nueva política de orden público que trata de limitar el derecho a manifestarse, a protestar y a denunciar; privatizando la gestión de servicios fundamentales como la sanidad, anulando los efectos de la ley de dependencia, primando a los centros educativos concertados y privados en detrimento de los públicos, reduciendo del número de profesores, anulando los efectos de la atención a la diversidad en materia educativa...

Creo que estamos en manos de unos pillos, de unos villanos, de unos desaprensivos que no tienen inconveniente en arruinar conquistas sociales si, para ello, han de cuadrar las cuentas públicas, ayudar a sus amigos y pagar viejos favores. Por si todo ello fuese poco están los casos de corrupción: no se conocen más graves que el caso Gürtel-Bárcenas en toda la historia de España de los últimos dos siglos (teniendo en cuenta que la opacidad anterior a estos dos últimos siglos no nos permite hablar de otros casos anteriores). Miserables gobiernan nuestro país, son desmentidos por organismos internacionales pero seguirán pertinazmente con la osadía propia de los sinvegüenzas.

L. de Guereñu Polán.