Un pésimo sistema penal

"Las espigadoras" de Millet

La proporción entre las penas y castigos con respecto a los delitos o faltas cometidas ha sido un objetivo desde hace mucho tiempo, viniendo a la memoria del que algo sepa sobre estos asuntos la figura de Cesare Beccaria, que en el siglo XVIII publicó una inolvidable obra sobre este asunto. En nuestro país, como en muchos otros, sus enseñanzas no se siguen o no se han seguido, y hoy vemos como delincuentes convictos y confesos campan por sus respetos en plena libertad, salen y entran del país, se escapan para evitar la acción de la Justicia, se burlan de los ciudadanos, compran a estos o aquellos abogados, fiscales y jueces, siempre que entendamos por comprar -al menos- disponer de los recursos suficientes para apoyarse en bufetes influyentes, funcionarios venales o jueces amedrentados.

Blanquear dinero puede costar a una tonadillera una multa de poco más de un millón de euros, que si el fiscal no recurre y sí su defensa, puede quedar en nada. Desviar fondos de las arcas públicas para el bolsillo privado en miles y miles de euros no es suficiente para que se le retire el pasaporte a otro, quizá porque está ligado a la familia del rey de España; verdaderos criminales contra la Hacienda pública, cargos de responsabilidad irresponsables (un expresidente de Baleares, un expresidente del Gobierno de España, alcaldes, un expresidente de la Comunidad Valenciana, y así podríamos seguir) están puestos en la calle como si sobre ellos no hubiese mácula, cuando han sido el peor ejemplo para una ciudadanía que, aunque parece harta, no lo está en realidad porque no castiga con sus votos los casos de corrupción, robo, malversación, prevaricación, cohecho y otros delitos parecidos.

La presión social -solo de una parte reducida de la sociedad- he hecho que algunos jueces, guidados por su formación y su honestidad, se hayan comprometido con un concepto de la justicia avanzado, arriesgado, audaz y ejemplar. Pero alguno de estos jueces ha sido depuesto por la vesanía de otros, por la envidia o los celos profesionales. Personas que han cometido un pequeño robo padecen privación de libertad mientras se conceden indultos a banqueros con graves actos a sus espaldas; funcionarios perseguidos por verdaderas nimiedades tienen que defenderse con toda incertidumbre mientras otros consiguen alargar los juicios hasta que estos pierden todo sentido. Altos cargos de la Administración, incluso ministras y ministros que han visto como prescribían los delitos y las faltas en las que habían incurrido. Incluso hay uno, responsable político de la muerte de militares españoles en las montañas turcas, que se pavonea en las embajadas, huye vergonzantemente de dar explicaciones, jamás tuvo el honor de dimitir ante tamaño desafuero y se ha convertido en el principal asesor jurídico del partido del Gobierno.

Altos dirigentes del partido gobernante en España y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas inflaman al país con declaraciones exculpatorias y eufemismos sobre el comportamiento de verdaderos corruptos, tesoreros que se han enriquecido hasta la saciedad, evasores de impuestos que han resultado impunes, defraudadores fiscales que no han pagado sus culpas; algún presidente de Diputación Provincial que malgasta los caudales públicos, se enriquece ilícitamente, roba a diestro y siniestro y aún está disfrutando de una libertad que acrece su patrimonio.
 

Se nos informa por especialistas que España "tiene uno de los porcentajes de presos más altos de Europa, habiéndose llegado a cuadruplicar su población penitenciaria en el período 1980-2009", pero no están en la cárcel los grandes delincuentes del país: banqueros, usureros, especuladores del suelo, taladores de vidas; el mismo caso de las cuentas "preferentes" clama al cielo y a las conciencias, mientras que han tenido que ser los jueces quienes, ante la inoperancia del legislador, tomen la decisión de paralizar los desahucios por considerar que no hay justificación para ellos, aún existiendo una ley en vigor que varias ministras y ministros de la Vivienda no se han leído mientras ocupaban la poltrona: estarían a otra cosa.

Otros informes nos hablan de que la población penitenciaria ha pasado de algo más de 33.000 personas a más de 76.000 (un 133% más), y es que el sistema penal español hace hincapié en el delincuente de barrio, en el "choricillo", en el que no tiene recursos para pagarse abogados, en el que vive al margen de la ley sistémicamente e incluso está mejor tratado en la cárcel que libre por la sociedad... Ha mejorado el sistema penitenciario pero no he mejorado el sistema penal.

Las personas con un mínimo de conciencia, con un mínimo de sensibilidad se escandalizan, aunque logicamente no están en estos asuntos todos los días. Existe -creo yo- un creciente descontento de la sociedad con respecto a las penas que se imponen a los delincuentes, a los asesinos y criminales; un creciente descontento sobre al principio jurídico de la fianza (aberración que estoy dispuesto a escuchar a quien me la quiera explicar en términos racionales); de igual manera que existe todo un sistema injusto de prisiones preventivas e interpretaciones procesales que han llevado a contradicciones flagrantes entre tribunales distintos. 

Yo no soy jurista pero sí tengo capacidad para reflexionar, y mi conciencia me dice que el sistema penal español no es bueno, que los grandes capos de la droga, de las finanzas, de las trampas organizadas a gran escala no están siendo suficientemente perseguidos. Pero que el sistema penal sea malo no es culpa de ninguna corporación profesional, no de un juez más o menos benévolo o amedrentado (porque a la postre vendrá otro que le pueda corregir) sino de un legislador dormido en el pasado siglo, un legislador que -en esta materia- quizá no ha corregido del todo los vicios de un franquismo que hunde sus raíces en la tierra infecunda del penalismo español.

L. de Guereñu Polán.