El ministro Orovio, inspirador de la nueva ley, al parecer
En
primer lugar porque la mal llamada ley para la mejora educativa
pretende retrotraenos a un país donde la democracia no fuese una
realidad. Pretende acabar con la atención a la diversidad, con los
agrupamientos específicos, con la potenciación de la enseñanza
profesional, con los recursos para laboratorios de idiomas, para
lectores de francés e inglés; pretende acabar con la ratio
alumnos/profesor que los organismos internacionales, los congresos de
profesores y pedagogos han establecido como razonable y deseable. La
nueva ley pretende reducir las horas lectivas de disciplinas
fundamentales como la Filosofía, hacer desaparecer la Historia del Arte
como disciplina optativa, la Literatura Universal; reduce la importancia
de la Música y deja en pañales el estudio de la Tecnología. En cambio
se apuntala el estudio de la Religión católica para los que lo deseen.
La nueva ley restringe hasta el mínimo las becas con nuevas exigencias,
con lo que estudiar, para los alumnos más necesitados, será más difícil
(debe tenerse en cuenta que no estudiarán bachillerato aquellos que
sepan no van a contar con ayudas para estudiar una carrera
Universitaria). Se reducen los ciclos formativos, primando a aquellos
que tienen un menor coste económico. Por ejemplo: con los recursos que
se destinarán será difícil que haya ciclos formativos de acuicultura,
jardinería, madera, preimpresión y otros.
La nueva ley
educativa, si se aprueba -y se aprobará si no lo remedia un cataclismo-
reducirá los recursos para dotar de profosores a los centros públicos
(restricción de oposiciones) con lo que aumentará el número de
licenciados en paro; se extinguirán los profesores de pedagogía
terapéutica en los Institutos, quedando reducidos a las escuelas de
primaria (y ya veremos), los alumnos con más necesidades pedagógicas y
didácticas verán reducidas las ayudas que ahora reciben. La nueva ley
(una verdadera amenza para la enseñanza pública) primará a los centros
privados que segreguen a los alumnos por sexo o raza (se concentrará a
los alumnos gitanos en los centros públicos no urbanos) y se dotará a
los centros privados (concertados y de elite) de medios que hasta ahora
iban destinados a los centros estatales. Solo han de cumplir ciertas
condiciones que no cumplirán. Y no lo harán porque esta es la política
que ya se está llevando a cabo aún antes de aprobarse la ley.
Participaré en la huelga del día 9 porque nuestro país se alejará de
aquellos que más progresos han experimentado en materia de enseñanza:
Finlandia, Holanda, Dinamarca, Canadá, Alemania, algunos estados de
Estados Unidos... La enseñanza pública no es una prioridad para el
actual Gobierno, es un estorbo. La derecha siempre lo ha visto así:
cuando se acordó el Concordado con la Iglesia católica en 1851, cuando
se expulsó a los profesores que ejercían su libertad de cátedra a partir
de 1936, cuando se privó a los centros de comedores escolares donde los
alumnos se socializaban fuera del aula, en el propio centro, con lo que
se incrementó el gasto en transporte (empresas privadas por medio).
El Consejo Escolar -del Estado y de cada centro- quedará disminuído en
sus funciones, esenciales para un compromiso de la sociedad con la
enseñanza, los claustros de profesores serán meramente consultivos, las
direcciones quedarán desasistidas por parte de la Administración (en
realidad ya lo están) y los centros serán meras sucursales del burócrata
de turno. No se toca un ápice el servicio de inspección educativa,
pilar fundamental de apoyo a los centros y a cambio tendremos toda una
verborrea de principios hueros que se pueden leer en el texto del
proyecto de ley. Por todo esto y algo más -que no me cabe aquí- haré
huelga el día 9. Es una obligación cívica a la que no pienso renunciar.
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