domingo, 5 de mayo de 2013

Un nuevo plan "E"

Así se llamó al que durante la última legislatura del gobierno socialista permitió destinar grandes cantidades de dinero a la creación de empleo (mientras se estaba destruyendo por otro lado) pero que permitió a muchas comunidades (particularmente Ayuntamientos) realizar una serie de obras (como el Tribunal de Cuentas se encargó de decir más tarde, no todas de estricta necesisdad).

Ahora se necesitaría un nuevo plan E, pero el Gobierno no lo va a aprobar por la sencilla razón de que la dotación de infraestructuras al país, la creación de empleo y que las comunidades tengan buenos servicios no está entre las prioridades de aquel. La única prioridad del Gobierno está en combatir la deuda: primero porque así se lo han exigido las autoridades comunitarias y en segundo lugar porque -como buenos contables- los miembros económicos del Gobierno lo que quieren es que les salgan las cuentas. Algo así ocurrió entre 1996 y 2004, durante el anterior gobierno del Partido Popular: podían estar los vecinos sin servicios, el país sin obras básicas, los estudiantes sin becas, los pensionistas necesitados de ayudas, pero lo importante era hacer caja, y así se vendieron empresas públicas dejando al Estado escuálido, que es algo muy propio de la derecha.

Por el plan E socialista muchos municipios ampliaron cementerios, construyeron accesos, adecentaron espacios naturales, convirtieron escombreras en zonas verdes, abrieron calles y plazas, pavimentaron zonas urbanas, abrieron parques, lavaderos donde la falta de agua estacional de lluvia los hace necesarios aún, construyeron instalaciones deportivas, peatonalizaron los barrios antiguos de las ciudades, se construyeron nuevos paseos y se repoblaron de árboles las zonas taladas por la desidia, nuevos asfaltados, se pusieron en comunicación núcleos diseminados, sobre todo en el norte de España, se dotó a ciertos servicios de material (bomberos, jardineros, canalizaciones) se dio luz donde no la había, se instalaron equipos de energía renovable, se reconstruyeron escuelas, auditorios y bibliotecas públicas, se construyeron cocinas en centros de acogida y de servicios sociales, se dieron cubiertas nuevas a edificios con goteras y miles de obras más. 

Muchos pueblos abandonados por las Diputaciones provinciales (en ocasiones por el solo hecho de que estaban gobernados por un alcalde de distinto signo que el preboste provincial) ciudades que necesitaban ofrecer al turismo una nueva imagen, pequeñas empresas que necesitaban infraestructuras para mejorar el transporte y los suministros, edificios históricos y artísticos que necesitaban ser recuperados... otros cientos de obras fueron llevadas a cabo con el dinero que el Estado puso sobre la mesa para acometerlas, contratar personal y mejorar las condiciones económicas del país. 

Este mismo país, que había empezado a sentir los efectos de una crisis que la economía real no había creado, vio como todas aquellas inversiones, en efecto, no sirvieron para crear empleo, pues este siguió destruyéndose, pero lo habría hecho en mayor medida si no hubiese existido tal plan. Por eso -entre otras causas- ahora la destrucción de empleo se acelera, porque no existe medida alguna de choque y combate contra esa lacra, que socialmente es una de las que más afecta al bienestar de los ciudadanos, tanto en el orden material como en el moral: ¿que desazón arruinará el ánimo de miles y miles de españoles que no ven salida a su situación de parados? 

Por si esto fuese poco el actual Gobierno ha endurrecido las condiciones para recibir subsidio de desempleo, ha recortado la partida presupuestaria a tal efecto, ningún mensaje hay para los parados que -de no haber sobrevenido la mentada crisis- habrían disminuído en número. Se puede ser mejor o peor gestor de los asuntos públicos; se pueden tener mejores  peores ideas; lo malo es cuando se defienden interes espúrios, cuando se actúa con desprecio hacia los más necesitados, y esto es lo que caracteriza al actual Gobierno, una pandilla de pillos que se ha encaramado en el poder político para defender el poder económico de unos pocos. A los hechos me remito.

L. de Guereñu Polán.

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