Hasta cinco empresas de distintas nacionalidades (de Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano y Ucrania) participaron en el flete del Yak-42. De los 149.000 euros que España abonó a NAMSA, agencia de la OTAN a la que España encargó el vuelo, el contratista final solo recibió 38.400. La cantidad total fue mermando debido a las comisiones de los distintos subcontratistas que ascendieron a un 75% del precio del vuelo. Este es el resultado de la investigación encargada por el Estado Mayor a finales de 2004 para esclarecer la cadena de intermediarios en el fatídico vuelo que terminó con la vida de 62 militares españoles.
Lo mas grave es saber que el sistema sigue vigente, en el plano internacional y en España. Me pregunto si las grandes empresas constructoras que - según va trascendiendo del Caso Gurtel - donaron ilegalmente cantidades millonarias al Partido Popular, resultando luego beneficiadas con la adjudicación de importantes contratos para la realización de obras públicas, ejecutaron directamente las obras, o las subcontrataron como es costumbre en nuestro país.
En torno al Gobierno Central, a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos, existió y sigue existiendo, una “cohorte de conseguidores”, compuesta por personas y entidades amigas de quien gobierna, que al amparo de los mas variados trucos y sistemas, cuando no del puro soborno, acaban consiguiendo para sí o para otros los contratos de obras o servicios de las administraciones públicas.
Cosa distinta es quien luego ejecuta realmente la obra o realiza el servicio, con un presupuesto que tras las sucesivas comisiones previas, puede resultar tan ajustado que empuje incluso a vulnerar la legalidad para reducir los costos laborales, las medidas de seguridad y prevención, y la cantidad y calidad de los materiales. Resultado: Del dinero de los contribuyentes destinado a inversiones y servicios públicos, una parte importante se la van quedando quienes no hacen el trabajo, sino que actúan como intermediarios subcontratistas. Como para que luego vengan algunos “expertos” a hablarnos de flexibilidad laboral y competitividad.
¿Soluciones? Las hay, claro. Una de ellas es que las administraciones públicas no contraten la realización de obras o servicios que puedan realizar ellas directamente. Otra, que cuando sea necesario contratar se haga con transparencia, sin recurrir por ejemplo al manido recurso de trocear deliberadamente la adjudicación para evitar controles, y asegurar que quien se lleva la contrata sea quien de verdad ejecute la obra o realice el servicio, con detalle preciso y motivado de los trabajos que, por sus especiales características vayan a ser subcontratados, con garantía de no repetir la subcontrata.
En una palabra, se impone regular con rigor y lo antes posible, todo lo concerniente a este aspecto de las contratas y subcontratas de obras y servicios públicos. Existen ya regulaciones ciertamente, pero no las adecuadas para dar solución al problema expuesto, sino sólo a otros aspectos parciales del mismo. Me consta que desde los sindicatos se ha intentado varias veces que se establezcan normas para ello, pero ni a las organizaciones empresariales, ni a los que gobiernan les ha interesado hacerlo hasta ahora.
Como ciudadanos no nos queda mas remedio que seguir insistiendo y denunciando esta situación, fatal para la economía, pues estos intermediarios, sin merecerlo en absoluto, se están quedando con muchos miles de millones de los contribuyentes, de modo que una parte importante de los presupuestos públicos se malgasta, y lo que es peor se contribuye a prácticas corruptas con tal de conseguir la tajada.
Xesús Mosquera Sueiro. /
26 de mayo de 2013. Diez años después del accidente del Yak-42.
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