He esperado
unos días para pasar de los meros titulares de prensa al análisis del contenido
real del documento, elaborado por la famosa comisión de expertos. Después de
leer las 71 páginas (Versión del CSIC) de título “Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del
sistema público de pensiones” y las diferentes interpretaciones, en especial
las que provienen del gobierno y sus apoyos tengo mis propias opiniones.
Para mí es evidente el primer, y quizá más grave, error: como la
mayoría de los participantes son expertos en los sistemas que defienden sus
patronos, que hacen de los fondos de pensión privados y de capitalización su
negocio, analizan el sistema que todos identificamos, incluso ellos, como de
reparto con los parámetros con que diseñan los fondos de los que cobran su
salario. Para simplificar, el sistema de reparto consiste en que, por mera
voluntad política, buena parte de la riqueza que se produce entre todos (PIB anual) se
distribuye entre todos, incluidos pensionistas, por lo que resulta casi indiferente
que se produzca por 20 millones de activos, solo 10 millones o 100 robots muy
eficientes. Demostración: el cuadro, que se incluye en el informe, de las
distintas soluciones adoptadas por distintos países, incluye una clausula común
a todas: Al final las propuestas son valoradas y aprobadas por los Parlamentos
democráticos, es decir sea cual sea el proponente es la voluntad política la
que marca la diferencia entre una pensión española y una sueca o una francesa.
Segundo error grave, este por parte del gobierno, pensar que
cualquier fórmula compleja, iba a ser
aceptada como científica, cuando los datos de partida, casi todos meras
estimaciones “ad futurum”, son muy evidentemente falsos, como ha venido a
demostrar la historia, especialmente respecto las estimaciones económicas de
todos los gobiernos y todos los organismos oficiales. No digamos las
estimaciones demográficas, justo en la misma semana de finalización del informe,
Alemania reconocía errores millonarios
en sus estadísticas demográficas.
Por no abundar, un último error de expertos y gobierno, ¿Cómo pueden
pensar que los ciudadanos mínimamente informados, no nos íbamos a dar cuenta
que la mitad de los factores de las fórmulas los fija el gobierno, sin tener
que contar con nadie?, bueno contando con algunos, tan poco de fiar respecto a
la defensa de los intereses ciudadanos,
como la Comisión Europea, el BCE y el FMI.
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