La política como negocio y como delito

Los medios de comunicación informan de que cuarenta dirigentes del Partido Popular han recibido, en los últimos años, más de 22 millones de euros aparte de sus sueldos como diputados, senadores, diputados autonómicos, etc. Entre los beneficiarios de estos millones de euros están, con cantidades que superan el millón de euros o no llegan a él, los señores Rajoy y Aznar, pero también el actual Presidente del Senado, don Pío García-Escudero y otros.

En primer lugar está el asunto de la procedencia de ese dinero: si son empresas que lo han entregado al Partido Popular a cambio de favores políticos y económicos debe saberse. En todo caso se habría vulnerado la ley de financiación de partidos políticos. En segundo lugar está en concepto de que percibieron cantidades tan abultadas los dirigentes del Partido Popular (se puede computar a los 40 mayores beneficiarios, a los 100 o a más): si se trata de sobresueldos se incurre en otra ilegalidad, porque un diputado, senador, etc. no puede percibir otra remuneración que no sea la que el Estado le tiene reconocida. En tercer lugar está el asunto de si esas abultadas cantidades de dinero fueron declaradas, por cada uno de los beneficiarios, a la Hacienda pública, cotizando en forma de impuestos correspondientemente. No se ha aclarado este extremo: si no se hubiersen declarado dichas cantidades, como es el caso que ya ha reconocido el Presidente del Senado, otra ilegalidad más, se considere delito o falta administrativa por la ley.

En todo caso estamos ante una concepción de la política como negocio y como delito, apartada de todo ánimo de servicio público. Se trata de una concepción de la política inmoral e ilícita, donde la comisión de ilegalidades se amontonan sin miramientos y donde lo único que importa es el enriquecimiento personal (aquí se ha publicado una información sobre los ingresos del Comisario Almunia que -de ser cierta- sería un escándalo, sean o no legales las percepciones que recibe).

España hace tiempo que entró en una espiral de corrupción que quizá solo tenga parangón con los casos más extremos en otros países e incluso en aquellos donde no existe un régimen democrático. Se empezó por el contrabando de tabaco y los delitos de poca monta; luego se pasó al contrabando de droga (que sigue) en el que estuvieron implicados (sobre todo en Galicia) miembros más o menos destacados del Partido Popular. Luego se pasó al contrabando de armas, a la comisión de ilegalidades en los Ayuntamientos, a la percepción de comisiones, a la connivencia con las mafias de la construcción; luego con bufetes importantes de abogados, con clubs de fútbol y otras entidades deportivas. Ahora se colma el vaso y casi todos los partidos están incursos en casos graves de corrupción, sobre todo el Partido Popular, el Partido Socialista y Convergencia i Unió, pero también Izquierda Unida.

Una Justicia lenta actúa a duras penas: ya ha demostrado su relativa eficacia, pero es muy difícil dilucidar nada menos que 800 casos de corrupción donde no solo ha de encausarse a los corruptos sino también a los corruptores. Si en la cima de la corrupción está el propio Presidente del Gobierno, el que lo fue en su momento, el Presidente del Senado, otros dirigentes del partido que gobierna España, altos cargos en varias comunidades autónomas (Andalucía, Valencia, Baleares, Murcia, Galicia, Castilla y León...) ¿que nos queda? Reflexión y seriedad, civismo a raudales, replantearnos el tipo de país que hemos conformado y actuar consecuentemente. De lo contrario nos espera un infierno particular que hundirá en la miseria a la mayoría de las personas.

L. de Guereñu Polán.